El Ayuntamiento de Alicante asegura que no cobrará la factura del rescate a una joven que intentó suicidarse y la oposición pide cambiar la normativa

El Ayuntamiento de Alicante, gobernado por PP y Ciudadanos, se compromete a revisar el expediente administrativo que reclama a una joven 211 euros por atenderla en un intento de suicidio. El equipo de gobierno municipal ha trasladado a J., una joven de 28 años, que procede a actuar sobre su caso, derivado de un proceso que aseguran que está automatizado.

El equipo de gobierno ha confirmado a elDiario.es que están revisando el caso y ha publicado en sus redes municipales que “declarará exento el pago de este servicio por tratarse del salvamento de una vida”. “No todos los casos son iguales”, añade el mensaje, que adopta el carácter de un compromiso público.

La joven, de entonces 27 años, sufrió un intento de suicidio al encontrarse en una situación extremadamente vulnerable, una suma de factores. Su entorno atendió las señales de riesgo y llamó a emergencias, que desencadenó una actuación sobre su domicilio y la trasladó al hospital, según relató a este diario. Un año después, la mujer ha recibido la factura por los servicios de bomberos en su casa.

Los grupos de la oposición han reclamado al Ayuntamiento que modifique la ordenanza que regula las tasas de bomberos para evitar este proceso de revictimización a personas en situación de riesgo. Natxo Bellido, concejal de Compromís, ha pedido explicaciones a la concejalía de Hacienda y reclama la necesidad de implementar un Plan Local de Salud Mental “que incluya la necesidad de establecer protocolos, recursos municipales y coordinación entre administraciones para garantizar políticas de bienestar mental y políticas de prevención del suicidio, especialmente dirigidas a adolescencia y juventud”. El grupo municipal a ofrecido apoyo a la joven afectada para estos trámites y recalca que “reforzar los servicios públicos es la mejor solución para combatir la sensación de incertidumbre y precariedad que siente buena parte de la juventud ante su futuro y que les afecta gravemente a su salud mental”.

Desde Unides Podem, su portavoz, Xavier López, reclama una reforma rápida del reglamento y una mejora de la coordinación entre Hacienda y Acción Social. El concejal ha denunciado que la norma “no discrimina en el pago de imposición de tasas problemáticas relacionadas con la salud mental, entre otras”, en declaraciones recogidas por Europa Press. Por ello, ha abogado por “por no dejar margen a la interpretación de un gobierno inhumano como el que ha venido siendo el del PP”.

“El trato inhumano al que se somete a las personas en situación de vulnerabilidad, haciéndoles alegar tras la interposición de la tasa para acreditar bajos ingresos, informes de salud mental, o cualquier otra circunstancia, revictimiza el usuario”, insiste la formación morada.

Teléfonos de ayuda ante el suicidio: