Un edificio que compró Torró en Gandia está hecho una ruina
Sorpresa para los responsables de la empresa Iniciatives Públiques de Gandia (IPG). Y no para bien. La primera visita del presidente de IPG, el socialista Vicent Mascarell, a las galerías comerciales del Hotel Palace ha evidenciado su grado de deterioro. Los locales salpicados por la investigación de la 'Operación Aplauso' están llenos de cables sueltos, desperfectos en el techo, escombros y residuos.
Un estado que ha disparado las alarmas al gobierno municipal de Gandía formado por los socialistas y la coalición Més Gandia -en la que se integran Compromís, EUPV y otros-, y respaldado con el apoyo externo de Ciudadanos. Según fuentes municipales, la policía ha descartado que los desperfectos encontrados respondan a ningún acto de vandalismo. Por eso, el Ayuntamiento ha denunciado el saqueo del edificio ante la policía nacional.
Las instalaciones, que presentan un aspecto ruinoso, están bajo sospecha judicial. Forman parte de la denominada 'Operación Apluaso' por la que están imputados el exalcalde de Gandia, Arturo Torró, y el exedil y ahora asesor municipal del PP, Javier Reig. La operación arrancó cuando la constructora Vipei SA no pagó una deuda con el Ayuntamiento de 1,3 millones de euros por el IBI. Con el objetivo de resolver el problema Torró se sacó de la manga una maniobra: anunció la compra de parte del complejo Gandia Palace –propiedad de Vipei SA- por 6,7 millones de euros.
La operación debía financiarse alquilando a otra empresa las antiguas salas CineBox y otras dependencias del recinto adquirido –entre ellas una bolera- y restando de la compra la cantidad que Vipei debía al Ayuntamiento. Así, el coste final sería menor: 5,4 millones de euros. Y, además, la deuda se saldaba. Todos ganaban. Según la Fiscalía, el contrato firmado por Torró y Reig a través de IPG, la Imelsa de Gandia, no se ajustó a la ley. Los juzgados lo investigan.
Ese as en la manga con el que contaba el exalcalde para hacer una jugada maestra se truncó. La empresa inquilina de los edificios no ganó lo suficiente y encontró varios problemas en esas instalaciones para poder llevar a cabo sus negocios. En 2014, Torró y la mercantil firmaron un contrato en el que la sociedad dejaba de estar arrendada: abandonaba las galerías comerciales. El anterior equipo municipal aseguró por escrito en ese contrato que el inmueble estaba en “buenas condiciones”. Tras más de un año de aquello, la nueva dirección se ha encontrado en un estado deplorable el edificio. La policía lo investiga.
