Enrique Blanco, la debacle del empresario del sector de la limpieza que obtuvo 36,6 millones en adjudicaciones del Gobierno valenciano

La empresa Servicios de Limpieza y Mantenimiento Raspeig SL tiene una retahíla enorme de citaciones pendientes en los juzgados de lo social. La empresa de Enrique Vicente Blanco García ha dejado un reguero de impagos y embargos por toda la geografía valenciana y en Castilla La Mancha, las dos comunidades donde más adjudicaciones públicas ha obtenido.

El empresario del sector de la limpieza, con 36,6 millones de euros en adjudicaciones de las administraciones públicas valencianas, defiende que ha sufrido una “persecución al límite” por parte de Comisiones Obreras, un sindicato que ha organizado varias huelgas para protestar contra los impagos a las trabajadoras de la limpieza. “Hay gente que ha sufrido nueve meses de impagos”, sostiene Eva Calleja, responsable del sector de construcción y servicios de CCOO en Alicante.

Servicios de Limpieza y Mantenimiento Raspeig SL, cuyo administrador único es Enrique Blanco, empezó a recibir adjudicaciones de la Generalitat Valenciana en 2001. En 2008, obtuvo la primera gran adjudicación de la Conselleria de Educación para la limpieza de los centros escolares por 12,3 millones de euros. Ocho años más tarde, la empresa consigue otra adjudicación de Educación por 14,9 millones. Además de esos contratos millonarios, la mercantil obtuvo adjudicaciones de menor cuantía de otros departamentos como Justicia o Economía.

La mayoría de los contratos fueron adjudicados durante los gobiernos autonómicos del Partido Popular. Netalia, otra empresa de la cual Enrique Blanco fue administrador único, obtuvo 1,8 millones en contratos firmados con la Administración valenciana entre 2014 y 2017. En total, según los cálculos de elDiario.es a partir del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, ambas empresas han obtenido 36,6 millones de euros en adjudicaciones públicas de la Generalitat (Netalia también ha obtenido contratos del Gobierno central, como el servicio de limpieza de la dirección provincial de Alicante del SEPE por 126.929 euros).

El empresario, en declaraciones a este diario, asegura que los problemas empezaron el año pasado con la Conselleria de Educación. “Decidió no pagarnos y retener la facturación”, se queja. “Buscaron empresas nuevas que pudieran llevar el servicio garantizándoles con nuestro dinero retenido el pago de las posibles demandas por vía judicial”, añade Blanco, quien asegura. “Si retienen el dinero yo no puedo pagar”. Fuentes de la Conselleria de Educación señalan que la empresa incumplió el contrato y no pagaba a las trabajadoras. Así, el departamento que dirige Vicent Marzà rescindió el contrato. La mercantil ha sido objeto de expedientes de resarcimiento por parte de las conselleries de Justicia y de Agricultura.

Blanco defiende que hubo “retrasos en los pagos” sólo en 2019 pero la responsable de CCOO sitúa el comienzo de los impagos en 2012. El empresario lamenta que el sindicato ha conseguido “hundir la empresa”, que tiene una media de dos juicios a la semana. “Me intentan cobrar a mí pero estoy embargado”, apostilla Blanco.

Eva Calleja, responsable del sector de construcción y servicios de CCOO en Alicante, denuncia que el empresario creó la mercantil Netalia para poder seguir optando a adjudicaciones públicas “cuando su imagen pública se quemó, porque la empresa Raspeig tiene el nombre totalmente calcinado”. “Siempre se repite la forma de operar, la empresa principal y otra guardada en la recámara”, explica Calleja. En 2016, el sindicato organizó una huelga de las trabajadoras de la empresa en Alicante: “Había muchos lotes de las adjudicaciones que no tenían representación sindical, fuimos visitando centros, haciendo grupos de WhatsApp y creamos comités de empresa”.

Una situación similar se produjo con las adjudicaciones públicas a esta empresa en Castilla La Mancha, donde Netalia sustituye a Servicios de Limpieza y Mantenimiento Raspeig SL “cuando ésta dejó de poder participar en las licitaciones por la acumulación de deudas con la seguridad social y con las trabajadoras”, según un comunicado de CCOO.

La empresa, en “ignorado paradero” según varios juzgados, también tiene embargos por parte de la Diputación de València, notificaciones de la Seguridad Social de Alicante, Castellón y Toledo, y bienes subastados por valor de 234.470 euros. Sólo en la provincia de València, Servicios de Limpieza y Mantenimiento Raspeig SL tiene 25 cédulas de citación de juzgados de lo social.

El empresario, que atiende el teléfono desde sus oficinas en San Vicent del Raspeig, asume la situación con resignación. “Hace un tiempo te diría que somos apestados, ahora tenemos Covid. A quien te acercas, huye”, declara. Enrique Blanco defiende que, a pesar de haber recibido 36,6 millones de euros en adjudicaciones públicas de la Generalitat Valenciana, la debacle de su empresa fue consecuencia única de la rescisión del contrato de Educación. “Tengo 62 años y me queda un año para que, después de 46 años cotizados, si Dios quiere, pueda irme a plantar a la huerta”, asegura el empresario.