“Estamos ante una auténtica tragedia, uno de los días más tristes de nuestra comunidad. Todo nuestro esfuerzo, cariño y cercanía a las personas que ahora están sufriendo”. Estas palabras no las pronunció Ana Botella ni ningún responsable político autonómico o del ayuntamiento de Madrid, tras la tragedia sucedida el pasado 31 de octubre en el Madrid Arena, pero no se diferencian en lo sustancial de algunas de sus declaraciones. Las pronunció Francisco Camps, el 3 de julio de 2006, en su primera comparecencia tras conocer el accidente de metro que aquella jornada tuvo lugar en Valencia y que costó la vida a 43 personas y dejó heridas a otras 47.
“La tragedia de Madrid Arena la estamos viviendo con una sensibilidad especial, porque es inevitable que nos recuerde a lo que pasó aquí”. Así lo reconoce Beatriz Garrote, hermana de una de las víctimas de aquel accidente y presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio (AVM3J). Y tiene sus motivos: “siempre que pasa algo así, lo primero que intentan los políticos es lavar su imagen, y aseguran que todos los controles funcionaron correctamente, incluso sin haber existido tiempo material para producirse una investigación”.
“Entiendo que por cobardía o por el instinto de mantener su puesto reaccionen así, pero lo que las víctimas necesitamos de los políticos en momentos como ese no son gestos de cercanía humana para compartir el dolor, pues eso ya nos lo ofrecen nuestras personas más cercanas, sino ver que actúan con honradez y honestidad”, apunta Garrote a Eldiario.es, que ve en la reacción política al accidente de Madrid Arena un modus operandi muy similar al desarrollado en Valencia. Seis años después, ningún responsable político o administrativo del mantenimiento de la red de transportes en que se produjo la tragedia, ha asumido responsabilidad alguna.
Sin responsabilidad desde el minuto 0
Las hemerotecas lo avalan. “Todo parece indicar que es un accidente fortuito”, fue lo primero que declaró el mismo día del accidente el entonces portavoz del Consell, Vicente Rambla, al tiempo que eludía citar posibles causas. Sin embargo, el entonces consejero responsable de Infraestructuras, José Ramón García Antón, ya apuntó aquella misma jornada, sin haberse accedido aún a la caja negra del convoy, a que la causa del accidente podía deberse a un exceso de velocidad.
“Lo primero que hacen es asegurar que tratarán de esclarecer lo sucedido, al tiempo que garantizan que todo se hizo del modo correcto, pero como está pasando ahora, al poco las informaciones les desmienten”, describe la presidenta de la AVM3J, de lo que ella y el resto de familiares de las víctimas vivieron entonces. No obstante, reconoce, no fue en esos dramáticos primeros días cuando percibieron que los políticos les daban la espalda, sino cuando Las Cortes realizaron la comisión de investigación para determinar las causas del accidente. Tan solo duró cuatro jornadas.
“Nunca hubo una investigación real del origen del accidente”, opina Garrote, que recuerda como la causa judicial se centró únicamente en determinar si la velocidad fue el factor que originó la tragedia, y concluyó que la única responsabilidad penal recaía en el conductor. No obstante, la vía judicial no estuvo exenta de polémica. Después de cerrarse por primera vez el caso en vísperas de unas elecciones autonómicas y municipales, tras reabrirse semanas después —ante la evidencia de que “la existencia de una baliza que hubiese tenido por función el control de velocidad a la entrada de la curva hubiese evitado el accidente”—, la dirección de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV, la empresa pública encargada de la gestión de Metro Valencia ) decidió desguazar el convoy accidentado, destruyendo con él cualquier tipo de prueba que hubieses sido pasada por alto.
Con el caso prescrito en 2011, la investigación por la vía política es, para los familiares de las víctimas, “lo único que queda”. Así lo vienen reclamando puntualmente en las concentraciones que realizan el día 3 de cada mes a las puertas de la Catedral de Valencia. Sin embargo, el gobierno valenciano nunca mostró hacia ellos una abierta predisposición.
Al contrario, Francisco Camps nunca recibió a los familiares de las víctimas mientras duró su mandato al frente de la Generalitat, y como ya se apuntó, la comisión de investigación sobre el accidente realizada en Las Cortes fue —cortada por el patrón impuesto por la mayoría absoluta del PP en la cámara— la más breve de su historia. Pese a todo, la brevedad no fue lo más significativo de la misma, sino que, como se conoció tiempo después, FGV contrató a una consultoría externa para preparar una versión oficial que le exonerara de cualquier responsabilidad en la tragedia.
Sin embargo, ni este ni otros escándalos (como el aparente intento de silenciar a los familiares de las víctimas por parte del Consell ofreciéndoles trabajo, o que FGV ocultó que la misma unidad de tren accidentada en 2006 ya había sufrido un descarrilamiento similar tres años antes) que se fueron conociendo a lo largo de los años, fueron motivo suficientes para que la cúpula de la Generalitat destituyera a ninguno de sus responsables. Tan solo hace unos días, cuando acosada por otras irregularidades (en la adjudicación de los contratos de vigilancia y seguridad de la empresa ferroviaria), la gerente de FGV Marisa Gracia, presentó su dimisión, desde el entorno del actual presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se trató de hacer ver la misma como una destitución.
Pero, como la carta de dimisión presentada por el conseller García Antón a Francisco Camps tras el accidente, la presunta destitución de Gracia solo es un rumor. “Lo único que podemos afirmar objetivamente es que Marisa Gracia se ha ido oficialmente reconocida por haber dejado FGV como un referente, según las palabras textuales de la consellera Isabel Bonig, y que ha dimitido personalmente al considerar que cierra así una etapa profesional”.
Así pues, salvo la reunión de Alberto Fabra con los familiares de las víctimas tras acceder a la presidencia de la Generalitat (“nos atendieron muy bien, pero en ningún momento escucharon nuestras reclamaciones”, recuerda Garrote de aquel encuentro), nada parece haber cambiado en la intención del gobierno autonómico —siempre bajo la batuta del PP— al respecto de investigar y determinar alguna responsabilidad política en uno de los accidentes más trágicos sucedidos en un transporte público en la reciente historia de España y Europa.
No obstante hubo una excepción. Solo —durante los últimos coletazos del gobierno de Francisco Camps— cambió una cosa: el nombre la estación en la que se produjo el accidente. Pese a esta decisión de la administración, ni los familiares de las víctimas ni muchos valencianos, olvidan, más de 2300 días después, que tras el accidente que costó 43 vidas y dejó heridas a 47 personas, sigue sin dar la cara ninguno de los responsables que podría haberlo evitado.
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