Señora Pilar Sol (@pilar3sol),
Después del revuelo mediático que provocó su intervención del pasado lunes en la Comisión de Política Social y Ocupación de las Cortes Valencianas al afirmar que “hay casos de familias que estaban en situaciones de necesidad y a lo mejor luego se compraban una televisión de plasma”, he hecho tres cosas. La primera, buscar el vídeo de su intervención en el archivo audiovisual de las Cortes para asegurarme de que lo que afirmaban los medios era cierto. Y lo es. La segunda, leer con atención el texto de la Ley 9/2007, de 12 de marzo, de la Generalitat, de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) de la Comunitat Valenciana.
Tras leerlo por dos veces, no encuentro ningún artículo en el que se afirme que un beneficiario de la RGC no pueda comprarse una televisión de plasma. Leo después el modelo del Plan Familiar de Inserción que deben comprometerse a cumplir los destinatarios de la RGC y en concreto la lista de motivos por los que se puede denegar, suspender o extinguir la misma, y tampoco dice nada de las televisiones de plasma. Si no haberlo encontrado se debe a mi ignorancia a la hora de leer disposiciones legales, le pido encarecidamente que corrija mi error.
Dado que los medios de comunicación también se han hecho eco de sus presuntas disculpas a través de una conocida red social, lo tercero ha sido buscarlas. Y transcribo lo que usted ha dicho: “Mi máximo respeto y apoyo a la gente que necesita RGC; el ejemplo citado ha sido UNA irregularidad detectada que perjudica a los más necesitados”.
De nuevo leo por dos veces, y no encuentro las disculpas por ningún lado. Lo único que entiendo es que usted se reafirma en que el hecho de que un beneficiario de la RGC se compre una televisión de plasma es UNA irregularidad.
Señora Sol, a usted puede parecerle fatal que un pobre de solemnidad tenga televisión. Yo también preferiría que no la tuvieran, ni los pobres ni los ricos, así sería mucho más complicado adoctrinarlos con mensajes reiterativos que hacen que las mentiras repetidas mil veces a través de los tubos de rayos catódicos (perdón que las de plasma ya no tienen estas cosas) parezcan verdades.
Pero resulta que a mí también me parece fatal que una diputada autonómica lleve a gala que su padre fuera alcalde franquista y, como no hay ninguna disposición legal que lo prohíba, me lo tengo que comer. Y por si no le ha quedado claro, repito la idea. El problema no es que su padre fuera alcalde franquista. Los hijos (y las hijas) no deben pagar por los pecados de sus padres (ni de sus madres). El problema es que usted lo lleve a gala. Si tuviera un mínimo de pudor democrático, después de afirmar en una entrevista que su padre fue “alcalde de Aigües, en la época de Franco” tal vez hubiera debido pedir perdón por la barbarie de ese régimen dictatorial con el que su padre colaboró.
Por lo demás, mientras que la legislación vigente no lo impida, creo que los pobres tienen el mismo derecho que los ricos a gastarse su dinero (y una prestación recibida cuando se cumplen las condiciones requeridas es SU dinero) como les venga en gana. Bastante humillante debe ser tener a un funcionario que husmea en qué lo gastan. ¿Estaría usted dispuesta a contarnos con pelos y señales en qué se gasta los ingresos que percibe como diputada autonómica?
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