El excorresponsal de Canal 9 en Bruselas presidirá la nueva RTVV
La nueva radiotelevisión valenciana, bautizada como Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, ya tiene presidente de su Consell Rector, una especie de consejo de administración: Josep López, extrabajador de Canal 9 por oposición que adquirió cierta popularidad por ser corresponsal de la cadena en Bruselas.
López, arrinconado con la llegada del PP a la Generalitat en la sección de internacional de la casa, batalló contra la manipulación en la cadena como miembro del comité de redacción en la segunda mitad de los 90. A partir de ahí, se ha mantenido en un segundo plano.
La elección de Lopez se ha producido en el último minuto del tiempo reglamentario, en la madrugada del lunes al martes, gracias al acuerdo entre todos los grupos (PSPV-PSOE, Compromís, Ciudadanos y Podemos) que han aprobado e impulsado la ley que lanzará una nueva televisión autonómica. El PP se ha quedado al margen del pacto.
El primer candidato propuesto por los socialistas, que también han aupado al cargo a López, era Pilar Pérez Solano, una profesional de prestigio en la industria audiovisual. Su candidatura era mal vista por el resto de partidos. Ahora es asesora del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y estuvo a punto de liderar una lista de los socialistas en Alicante. Su estrecha conexión con el PSOE ha forzado su veto.
López, por contra, ha contado con el plácet de todos los partidos excepto el PP. El resto del Consell Rector estará compuesto por los miembros del Alto Consejo Consultivo excepto el del PP, un organismo creado para asesorar en la puesta en marcha de la nueva televisión, y los candidatos propuestos por los partidos. Rosa Serrano (escritora y edidtora, elegida por Podemos); Mar Iglesias (profesora de universidad, Compromís) y José Martínez (profesor de universidad, Ciudadanos).
El PP denuncia censura en la televisión pública
El PP se ha descolgado a última hora del acuerdo para elegir el Consell Rector al proponer a dos candidatos (Vicente Cutanda y Maite Fernández, directora general de relaciones informativas en un gobierno del PP) en vez de uno, como estaba inicialmente previsto.
La líder del PP valenciano, Isabel Bonig, ha justificado su cambio de postura por la negociación contrarreloj -“nos han presentado sus propuestas a dos minutos de las 12”, cuando finalizaba el plazo- y el sectarismo del resto de partidos. “Quieren marginar al PP, que es el partido con más diputados en las Corts Valencianes”. Bonig dice que no secundará cualquier pacto que no conceda dos representantes a su partido, que en principio solo tendría a Cutanda, nombrado por el resto de partidos.
Aún con el previsible voto en contra del PP, el Consell Rector sería ratificado el jueves en comisión parlamentaria y el 27 de julio en un pleno de las Corts Valencianes. La elección de este organismo es básica para acelerar la puesta en marcha de la nueva televisión -que podría emitir en pruebas en pocos meses, tal vez semanas- y para elegir al director general, el máximo ejecutivo de la cadena. Éste será elegido por concurso público en agosto.
Responsable del gobierno y el control presupuestario
El Consell Rector será el máximo órgano de gobierno, dirección, representación y administración de la cadena pública y marcará la estrategia a ejecutar por el director general y su equipo.
Estará compuesto por un máximo de diez personas: cinco propuestas por Les Corts, una por el Consejo de Ciudadanía, dos por el Consejo Audiovisual, una por los trabajadores y una elegida por Les Corts a propuesta del Consejo Audiovisual para ocupar la presidencia. Su actual configuración, a falta de crear varios de estos consejos, es provisional.
A excepción del presidente, el resto de miembros no tendrá salario, aunque todos serán destituidos automáticamente si hay un déficit igual o superior al 10 % del presupuesto o una disminución de más del 25 % de los ingresos -básicamente, publicidad o venta de programas y derechos- previstos. La cadena tendrá por ley un presupuesto de entre el 0,3 y el 0,6% del presupuesto de la Generalitat. A día de hoy, de 50 a 100 millones de euros.
