Fabra nombra de urgencia a los liquidadores de Canal 9
El gobierno de la Generalitat en pleno se ha reunido con carácter extraordinario el jueves por la tarde –habitualmente lo hace los viernes- para acelerar el cierre de Ràdio Televisió Valenciana.
Tras la rapidísima aprobación de la ley –en apenas tres semanas- y su fulminante publicación en el BOE valenciano –el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana hizo oficial la norma en apenas horas, cuando normalmente tarda un día- está claro que el Consell quiere liquidar la televisión autonómica lo antes posible.
Para ello, el gobierno encabezado por Alberto Fabra se ha reunido a última hora de la tarde del jueves. Su primera medida, en desarrollo de la ley que aniquila RTVV ha sido nombrar a los liquidadores de la sociedad, una terna con poderes para cerrar Canal 9 y llevar su emisión a negro.
Los enterradores ya tienen nombre y apellidos: Antonio Hervás, Carlos Cervantes y Pau Pérez, un economista y dos abogados que ya se encargaron de de liquidar la antigua RTVV, finiquitada para crear un nuevo ente que, pese a nacer libre de deudas, ha durado pocos meses.
¿Es inminente el fin de la señal de Canal 9?
Nadie sabe aún, sin embargo, cuando se parará la emisión de Canal 9, ahora Nou. Es discutible que los liquidadores puedan llevar a negro la televisión autonómica sin antes despedir a los trabajadores. Parece más probable que el fin de la emisión se produzca una vez que la autoridad laboral apruebe el ERE de extinción que supondrá el despido de los cerca de 1.700 trabajadores de la cadena.
El proceso bien se podría alargar, ya que la ley establece un proceso de negociación de 30 días. Este periodo se podría dilatar varios meses más si, por su complejidad, se tuviera que externalizar la gestión del ERE, tal como pasó como el anterior. Si esto sucediera, RTVV podría pagar hasta 30 millones en salarios de gente con vacaciones y permisos retribuidos o que simplemente no trabaja.
Sin embargo, la celeridad con la que está trabajando la Generalitat abre todos los escenarios. Los trabajadores de la casa, de hecho, barruntan que el fundido a negro puede ser inminente. Ahora bien, no se han quedado de brazos cruzados. Desde la aprobación de la ley de liquidación se han constituido en asamblea permanente, movilizados en defensa de sus puestos de trabajo y de un servicio público que creen esencial, con una consigna clara: Canal 9 no se cierra. Ni se apaga.
“Que nadie toque ningún botón para suspender emisiones. Si alguien os quiere obligar, avisad inmediatamente al comité de empresa”, han dicho, tal como se recoge en su twitter, los representantes de los trabajadores. Éstos advierten de que, apagar la televisión sin despedir antes a los trabajadores, podría ser ilegal y acarrear, incluso, castigo penal.
La Generalitat, sin embargo, parece tener mucha prisa por cerrar la televisión, que de ser un aparato de propaganda a favor del PP se ha convertido en un ariete contra el partido en el gobierno. La audiencia durante las tres primeras semanas de noviembre es de un 4,3% de cuota, muy lejos de la mejor autonómica, TV3 (13,4) y sólo por delante de TeleMadrid y el canal de Castilla-La Mancha, pero el gobierno valenciano no quiere tener encendida una televisión que denuncia permanentemente el despilfarro y la corrupción.
El viernes a las 11 hay convocada una manifestación de protesta en Valencia contra el cierre de la televisión. El Consell, sin embargo, no estará en el centro de la capital, como sucede habitualmente. Se reúne en Ibi, una ciudad de 23.000 habitantes situada en el norte de Alicante.
