El funcionario y testigo clave en dos casos de corrupción del PP que mintió descaradamente en el juicio de 'Taula'

La retractación en el juicio de la pieza separada A del 'caso Taula' de Jesús Gordillo, testigo clave en dos causas de corrupción que afectan al PP valenciano, “no resulta creíble”, según ha concluido la sección segunda de la Audiencia Provincial de València en la sentencia que ha condenado al exvicealcalde Alfonso Grau a cuatro años y medio de prisión por la financiación en B de la campaña electoral de 2007 de Rita Barberá. La nueva versión exculpatoria, una de las escenas más pasmosas de la vista oral celebrada el pasado mes de enero, “la ofreció por primera vez en juicio”, carece “de cualquier apoyo probatorio” y de “dato alguno que permitiera averiguar si pudiera ser o no cierta, al ser muy pobre en detalles”, sostiene el fallo.

La fabulación del testigo provocó un indisimulado enfado en el tribunal y en las acusaciones. A nadie le gusta que le mientan y el embuste de Gordillo fue abiertamente descarado. La declaración también causó cierta satisfacción en algunas defensas.

No se trataba de un testigo menor. Jesús Gordillo (Granada, 1970) fue uno de los asesores más cercanos al condenado Alfonso Grau. Trabajó en Correos entre 1988 y 1999, cuando se incorporó a trabajar con Grau en el Ayuntamiento de València. En 2005 pasó a ser gerente y apoderado de la empresa de tratamiento de residuos Fervasa, propiedad de la Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), una de las grandes adjudicatarias del consistorio que aportó más de 450.000 euros a la caja B del PP de València, según el apartado de hechos probados de la sentencia.

En 2007, año en que el PP obtuvo sus mejores resultados electorales, se incorporó a Laterne, el entramado usado por el PP de Rita Barberá para financiar su caja B para la campaña de las municipales. 

Tras la victoria electoral de Rita Barberá, Jesús Gordillo ocupó el puesto de adjunto al director de concesiones del grupo Secopsa, la empresa adjudicataria de contratos municipales que también hinchó la caja B del PP. Sólo entre 2006 y 2007, la firma facturó al consistorio entre 40 y 60 millones de euros. Secopsa inyectó a la caja B del partido un total de 525.000 euros, según se desprende de la sentencia.

En el último mandato de Rita Barberá, Jesús Gordillo volvió a ser asesor de Grau aunque, por motivos desconocidos, aportó documentación clave sobre la caja B a un medio de comunicación y rechazó, junto a un reducido grupo de trabajadores del grupo municipal, participar en la operativa de 'pitufeo' para las elecciones de 2015 (el ingreso de 1.000 euros que luego se les devolvía en dos billetes de 500).

El 1 de diciembre de 2016 declaró ante la Unidad Central Operativa (UCO), en el cuartel de la Guardia Civil de Patraix, y desgranó la mecánica de financiación en B del PP de Rita Barberá a través del entramado de Laterne, perteneciente al fallecido empresario Vicente Sáez. Su testimonio permitió comprender a los investigadores el complejo entramado orquestado por Grau para cebar la caja B con aportaciones de relevantes empresas contratistas.

Ese mismo año, Gordillo ya no era un desconocido personaje de las cloacas del PP de València tras su comparecencia en una comisión de investigación municipal. Sin embargo, en el juicio cambió radicalmente de versión y exculpó a Grau de todo lo que había declarado ante la UCO y ratificado ante el juez instructor de la causa. Básicamente le echó la culpa a un muerto, concretamente al empresario Vicente Sáez.

Su nueva versión, no demasiado elaborada, no cuadraba. Incluso llegó a afirmar que fue amenazado por un misterioso hombre para que entregara la documentación de la caja B a un medio de comunicación. El tribunal no se ha creído su narrativa. Se trata, indica el fallo, de “afirmaciones que cabe tachar de inciertas”, sin entidad suficiente ni siquiera “para generar duda”.

“No dijo la verdad en el juicio y sí cuando declaró en la fase de instrucción”, abunda la sentencia. El tribunal de la sección segunda de la Audiencia de València concluye que “no existe indicio alguno que avale la hipótesis ofrecida” en el juicio por Jesús Gordillo.

Para llegar a esa tajante conclusión, la sentencia analiza las declaraciones de seis trabajadores del grupo Laterne, que comparecieron como testigos. Así, la versión de Gordillo en la fase de instrucción fue corroborada por otros medios de prueba: la documentación bancaria y fiscal que aportó “es congruente” con su declaración ante la UCO, ratificada luego ante el juez.

Aunque en el juicio criticó la transcripción de su declaración por parte de la UCO, la sentencia recuerda que Gordillo ni siquiera “negó que lo que constaba en las actas de declaración policial y judicial no se correspondiera con lo que él había declarado”. De hecho, el fallo defiende que la descripción del atestado policial “es fiel y correcta”.

Ante las fabulaciones del testigo, el fiscal Fernando Maldonado pidió la declaración en la vista oral del periodista Javier Alfonso, director de Valencia Plaza, el medio de comunicación que recibió la documentación de la mano de Jesús Gordillo y que, ante la gravedad de los hechos, la remitió a Anticorrupción.

El veterano periodista desmontó las trolas de Gordillo una a una. “Dicho testigo”, afirma la sentencia, “desmiente algunos extremos relevantes de la versión del señor Gordillo”. El exasesor de Grau “fue explicando el contenido de lo que entregaba, identificando los documentos que consideraba más relevantes y todo ello sin revelar miedo o angustia”, según explicó Javier Alfonso.

El aval de la sentencia relativa a la pieza separa A del 'caso Taula' refuerza, de paso, los prolegómenos del 'caso Azud', otra causa vinculada a la presunta corrupción urbanística en la etapa de Rita Barberá en la que el testimonio de Gordillo también ayudó a las pesquisas de la UCO y en la que Alfonso Grau figura como uno de los principales investigados. El exasesor de Grau declaró ante la UCO, en la fase secreta del 'caso Azud', el 20 de octubre de 2017.

Técnico del Ayuntamiento de València

Tras los vaivenes del personaje en ambos casos, Gordillo recaló en el Ayuntamiento de València, en un puesto de técnico superior del Servicio Económico Presupuestario. Su firma electrónica consta en documentos oficiales del consistorio sobre puntuaciones de empresas contratistas en el marco de adjudicaciones municipales. Una vuelta a los orígenes pero ya no en puestos de libre designación.

También figura desde 2019 como administrador único de la empresa Lucinala SL, una firma domiciliada en València y dedicada al comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados, según los datos que constan en el Registro Mercantil. En Valedana SL, otra sociedad dedicada al mismo negociado, fue administrador único hasta 2020. También fue propietario de World Management Business SL, una mercantil de comercio al por mayor de cueros y pieles, actualmente extinguida.

Gordillo fue además secretario de Bulevar del Arte y la Cultura SA y de Bort Cultural SL, dos firmas propiedad, entre otras, de la empresa Cyes, investigada en varias causas relativas a la financiación del PP y adjudicataria de la construcción y gestión del espacio cultural La Rambleta.

Jesús Gordillo no ha contestado las llamadas de elDiario.es.