Imputado el número 3 de Ximo Puig por pedir créditos sin autorización
El juzgado de instrucción número 1 de Gandia (Valencia) ha citado a declarar como imputado al vicesecretario de Relaciones Institucionales del PSPV, José Manuel Orengo, tras la denuncia presentada por el alcalde de la localidad, Arturo Torró, por la supuesta realización de operaciones crediticias sin la correspondiente autorización preceptiva de la Conselleria de Hacienda cuando el actual portavoz socialista en la Diputación Provincial y en el consistorio ocupó el cargo de primer edil gandiense.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, hasta el momento han declarado como testigos en la causa el secretario y el interventor del Ayuntamiento. Para el próximo 13 de junio a las 9.30, han sido citados como imputados José Manuel Orengo y la exconcejal de Economía, Ana García.
Torró denunció los préstamos firmados por el Gobierno socialista de Gandia durante los años 2009 y 2011, con un importe que superaba los cien millones de euros al estimar que con ello se pudo cometer delitos de prevaricación y malversación de fondos. Según informó en su día el consistorio, la Generalitat Valenciana nunca aprobó el Plan Económico financiero del Gobierno socialista en ese periodo aunque el PSOE “siguió con los préstamos millonarios”.
Nueva denuncia falsa
En un comunicado, Orengo ha asegurado que ésta es “una nueva denuncia falsa” de Torró que “tiene como única finalidad paralizar los embargos a las cuentas del Ayuntamiento”. “Tengo la seguridad de que más pronto que tarde se archivará la querella, conforme ha ido sucediendo con el Innova y con los otros pleitos con que el alcalde ha intentado acusarme sin éxito”, ha manifestado y ha defendido que todos los créditos del Ayuntamiento “estaban dentro de la ley y así se lo explicaremos al juez”.
Por su parte, Torró ha afirmado en otro comunicado que confía en que el juez aclare “por qué se firmaban créditos sin la autorización del interventor, ni del secretario general del Ayuntamiento, ni de la Generalitat Valenciana”. “Desde hace dos años el Gobierno de Gandia ha intentado renegociar la exagerada deuda bancaria que dejó el anterior gobierno socialista”, ha afirmado, y ha añadido que los créditos contaban con “la desautorización por parte del secretario general del consistorio y del interventor, así como también con la desautorización por parte de Generalitat Valenciana”.
Según el alcalde, “Gandia hoy es la ciudad más endeudada de España en relación a su número de habitantes y el Gobierno socialista nunca tuvo escrúpulos a la hora de endeudar la ciudad, con el agravante de haber sido una legislatura que tuvo ingresos superiores a los 60 millones de euros, que perfectamente podían haber servido para rebajar la deuda”.
Confianza en la justicia
El alcalde ha expresado su confianza en la Justicia y considera que los ciudadanos de Gandia “no deben asumir una deuda que, presuntamente, no cumple los requisitos legales y que fue firmada por el anterior ejecutivo socialista”. “Alguien tendrá que dar explicaciones. Nosotros pusimos esta información en conocimiento de la Justicia, ahora el juez ha estimado continuar investigando y confiamos en su magisterio”, ha dicho.
