El interventor nombrado a dedo por Rus, ahora en la Generalitat Valenciana, no pidió la compatibilidad para sus negocios privados

El interventor Ricardo Camarena Gil, que ha mantenido cargos societarios en hasta una decena de empresas privadas, no solicitó la compatibilidad para poder ejercer los negocios que ha destapado elDiario.es. Ni en la base de datos del registro de personal de la Generalitat Valenciana ni en el expediente personal del interventor figura solicitud alguna, según una respuesta a una petición de información realizada al amparo de la Ley de Transparencia y a la que ha tenido acceso este diario.

Camarena y su socia, Paula Cosin Vila, también interventora de la Generalitat Valenciana, no figuran en la lista de compatibilidades concedidas por la dirección general de Función Pública, dependiente de la Conselleria de Justicia. “No se ha tramitado ninguna solicitud de compatibilidad y como consecuencia no ha habido resolución autorizando o reconociendo la compatibilidad para el ejercicio de una segunda actividad ni pública ni privada”, según confirma el director general de Función Pública, David Alfonso Jarque, en la respuesta a la petición de información.

El director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares, dudó públicamente en una red social sobre la compatibilidad de estas empresas privadas (constructoras, fotovoltaica, consultoras y despachos) con el ejercicio como funcionarios de grupo A1 de la fiscalización pública en el cuerpo de interventores de la Generalitat. “Para algunos las incompatibilidades y los conflictos de interés debe de ser cosa de otro planeta”, lamentó Llinares.

Ricardo Camarena fue el interventor nombrado a dedo por Alfonso Rus en la Diputación de València durante los años de mayor saqueo de la presunta trama investigada en el marco del caso Taula. Camarena reconoció en su declaración como testigo que su control de la empresa pública Imelsa, epicentro del presunto saqueo, se limitó a la subcontratación de la elaboración de las cuentas anuales de la mercantil que capitaneaba Marcos Benavent, quien más tarde se autodenominó yonqui del dinero. El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de València, que investiga el caso Taula, ha citado a declarar de nuevo al interventor, el próximo 19 de octubre, para que aclare sus “aparentes contradicciones”.