La juez ve irregular una subvención para la compra de un inmueble en Gandia con Gomar como teniente de alcalde
El auto de la juez Nieves Molina, titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia que ha remitido la investigación sobre la presunta financiación ilegal del PSPV y Bloc a órganos de Gandia, Benidorm y Madrid (2 juzgados), apunta que estos hechos, “teniendo en cuenta la fecha en la que se desarrollaron”, estarían “prescritos”.
Así se desprende del documento, que ha publicado íntegramente Radio Valencia a través de su página web.
La magistrada apunta en su escrito a la subvención de 257.000 euros concedida por el Ayuntamiento de Gandía a la Federación Valenciana de Fútbol para la adquisición de un inmueble propiedad del “marido de la hija del Teniente de Alcalde”, en ferencia a Antonio Gomar. El local fue adquirido por 525.000 euros en septiembre de 2009. En aquella época, el alcalde era el socialista José Manuel Orengo. Advierte la jueza que estos hechos pudieran ser constitutivos de delito de “prevaricación y/o malversación de caudales públicos”.
Por último, se refiere Molina a los contratos públicos adjudicados a Crespo Gomar “o empresas de su grupo” en los que se han detectado “irregularidades que pudieran ser constitutivas de delito”. En concreto se refiere al contrato de suministro del sistema de comunicación (TIC) opinómetros a Opino Media SL por parte del Ayuntamiento de Benidorm en 2010 por 193.000 euros (más IVA) y el contrato del Ministerio de la Vivienda suscrito en 2009 con Crespo Gomar SL por 126.208 euros. En ambos casos se podrían haber cometido delitos de malversación y/o prevaricación y las investigaciones se remiten a juzgados de Benidorm y Madrid. También se inhibe la jueza en favor de los juzgados madrileños en la investigación de los contratos licitados desde Aquamed o el Ministerio de Sanidad con esta mercantil.
Investigación por financiación ilegal
La investigación, que se inició en 2016 tras la documentación aportada por José Císcar, exvicepresidente de la Generalitat con Alberto Fabra y líder provincial del PP en Alciante, a la Brigada de Blanqueo de Capitales, se centra en la supuesta financiación ilegal del PSPV y el Bloc -partido integrado en Compromís- y en ella estaría implicada la empresa Crespo Gomar, que habría facturado unos servicios electorales de los que se habrían hecho cargo diferentes empresas mediante facturas falsas.
Esta sociedad, además, fue la adjudicataria de diversos contratos públicos, incluidos algunos otorgados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Estos presuntos hechos delictivos estarían prescritos, según apunta Nieves Molina, que se inhibe en favor de los otros órganos judiciales en el resto de hechos presuntamente delictivos.
