La jueza alerta de “retrasos” en 'Azud' tras la supresión de una plaza de auxilio judicial por parte del Gobierno de Mazón

La jueza del 'caso Azud' ha alertado a las partes personadas de los perjuicios que ocasiona a la instrucción de la compleja causa la decisión del Gobierno valenciano de Carlos Mazón de suprimir la plaza de auxilio judicial de refuerzo para el procedimiento, con hasta siete piezas separadas. La otra funcionaria de auxilio judicial, según una providencia de la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de València a la que ha tenido acceso elDiario.es, no puede asumir la “sobrecarga” de trabajo.

Así, la jueza Pepa Tarodo advierte a las defensas, las acusaciones populares personadas y al fiscal anticorrupción de que “hasta que no se dé solución a la situación creada, se producirá un retardo en los traslados a las partes”. La magistrada indica que la decisión de suprimir la plaza de auxilio judicial de refuerzo proviene de la dirección general de Justicia del Ejecutivo autonómico, en manos de la consellera Elisa Núñez hasta la salida de Vox del Gobierno de Mazón el pasado 12 de julio. La popular Salomé Pradas sustituyó a Núñez, que se dio de baja en Vox, al frente de la Conselleria de Justicia.

Como trasfondo de la decisión de retirar la plaza de auxilio, la exconsellera Elisa Núñez alegó un replanteamiento del plan de refuerzo impulsado por el anterior Ejecutivo del Pacte del Botànic, considerado por sus sucesores como una suerte de parche. Núñez abogaba por la creación de plazas estructurales por parte del Ministerio de Justicia. Más allá de argumentarios, lo cierto es que la supresión de la plaza de auxilio judicial afecta directamente a la agilidad de un juzgado sobrecargado por la instrucción de un macrosumario complejo con más de medio centenar de imputados y con comisiones rogatorias pendientes.

En el 'caso Azud' figura como uno de los principales investigados Alfonso Grau, ex vicealcalde popular de València. La causa también investiga al cuñado de Rita Barberá, el letrado José María Corbín. Sin embargo, las pesquisas, comandadas por la Fiscalía Anticorrupción, también salpican al PSPV-PSOE, cuyo extesorero José María Cataluña figura como investigado, al igual que Rafael Rubio, ex subdelegado del Gobierno en València. Además, en la causa figuran como acusaciones populares el PP y la entidad Acción Cívica contra la Corrupción (Vox renunció finalmente a ejercer la acusación popular).

La providencia explica que, dada la situación, el traslado de la abundante documentación se dará a los procuradores y al Ministerio Fiscal dejándoles las actuaciones a su disposición en la secretaría del juzgado, “para su fotocopia en esta oficina judicial, al no poder efectuarse el escaneo de la causa y traslado digital, como se ha venido efectuando hasta el momento”.

Todo ello “sin perjuicio de otros retrasos en la gestión de los recursos que tenía encomendada dicha funcionaria”, agrega la jueza. La instructora advierte de que “también sufrirá retrasos la organización material de correos, escritos, foliado de las actuaciones, carpetas informáticas con los documentos presentados” y otra documentación “de interés” relativa al 'caso Azud' que “clasificaba la funcionaria de auxilio”.

Por otro lado, la sección tercera de la Audiencia Provincial de València ha desestimado el recurso de una de las defensas (al que se adhirieron otras seis) contra la última prórroga del secreto de cinco de las piezas separadas de la causa, dictada el pasado 21 de junio. Las defensas alegaban indefensión al tratarse de un “secreto muy prolongado en el tiempo” y que abarcaba “una parte extensa del procedimiento”.

El auto de Audiencia Provincial de València, dictado este miércoles, considera “suficiente” el razonamiento de la instructora para mantener el secreto parcial de la causa. Las pesquisas, sostiene la resolución, van “avanzando” y la información incorporada “va llevando” a nuevas diligencias de investigación “derivadas” que permiten, “con la finalidad de no frustrar el buen fin de la investigación, la prórroga acordada por la instructora”.

Sin embargo, la sección tercera de la Audiencia de València también destaca que “efectivamente, visto el tiempo transcurrido desde que se declara la causa secreta”, existe una “demora sustancial” del levantamiento del secreto. El auto sugiere a la jueza que adopte “aquellas medidas que sean necesarias y precisas para el buen fin de la investigación” y para que la instrucción “no se dilate o demore más en el tiempo”. En definitiva, la resolución pide a la magistrada que levante el secreto “lo antes posible”.