La macrocausa fallida del agujero de 130 millones de la Fórmula 1 en Valencia: batalla de la Generalitat contra Anticorrupción para que no cierre dos piezas más

Batalla legal en los juzgados de València entre la Fiscalía Anticorrupción y la Generalitat Valenciana por el agujero de 130 millones de euros de la Fórmula 1 en València. Esta semana la Audiencia Provincial de Valencia decidió cerrar a petición de la Fiscalía Anticorrupción la investigación del juzgado de Instrucción número 2 sobre la compra por un euro de la empresa privada Valmor por parte de la Generalitat Valenciana con una deuda de más de 30 millones de euros cuando goernaba el PP.

A propuesta también del Ministerio Público la Audiencia también cerró las pesquisas abiertas en el juzgado de Instrucción número 17, en este caso por los sobrecostes de 25 millones de euros en la construcción del circuito urbano.

La Fiscalía Anticorrupción inició entre 2014 y 2015 varias investigaciones que envolvían el gran evento que se celebró en València entre 2008 y 2012. Tras años de instrucción y la salida del fiscal que inició las causas, el ahora magistrado del TSJ Vicente Torres, el Ministerio Público ha solicitado el cierre de dos de las piezas investigadas en el juzgado número 2 y la causa del 17. Tres de los cuatro procedimientos.

En uno de los casos,  el de las negociaciones de la Generalitat con el magnate de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, en el que está imputado el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, Anticorrupción llegó a pedir el procesamiento del político, pero cambió de criterio y posteriormente pidió su archivo que secundó el juzgado de Instrucción número 2. Un recurso de la Abogacía de la Generalitat ante la Audiencia de Valencia provocó la reapertura de la investigación para que se solicitaran nuevos informes. La pieza sigue viva.

Pero este no ha sido el único encontronazo entre la Abogacía de la Generalitat y Anticorrupción. En la causa archivada esta semana sobre la asunción de la deuda de una empresa privada por parte de la Generalitat, la Fiscalía pidió el archivo de la causa y los letrados de la administración autonómica, personados como acusación particular, pedirán la reapertura.

El quebranto para las arcas por este caso superan los 30 milllones porque el Gobierno Valenciano con Alberto Fabra al frente compró por una euro una empresa privada que había generado una deuda millonaria por la organización del gran premio de Fómula 1. Se socializaron las pérdidas, pero no han visto delito. 

La Fiscalía Anticorrupción también pidió el sobreseimiento de la causa por los sobrecostes del circuito de la Fórmula 1 en el que también estaba imputado el expresidente Francisco Camps.  La titular del Juzgado 17 había incoado procedimiento abreviado contra Camps, su exvicepresidente Vicente Rambla y su exconseller de Infraestructuras Mario Flores por considerar que existían indicios “suficientes, sólidos y razonables y consistentes” de la comisión de delitos.

El fiscal anticorrupción pidió el archivo y sobreseimiento provisional de la causa al no observar delito o estar prescritos y exponer que “decir que la construcción del circuito a los ciudadanos no iba a costar un euro no es delito”, pero fue denegado y presentó recurso de apelación.

La construcción del circuito que se iba a pagar con las aportaciones privadas acabó constando a las arcas 98 millones de euros. La Generalitat todavía paga en la actualidad los préstamos de aquella fiesta y acusó a Camps de malversar 55 millones. La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación contra el auto del juzgado número 17 y decretó el sobreseimiento provisional de las actuaciones y su archivo en julio de 2019.

La más lenta

Sigue abierta la pieza número 3 que se instruye en el juzgado de Instrucción número 3 de València y que investiga los contratos de Circuito del Motor, la empresa pública que gestiona el circuito de Cheste y que se utilizó para pagar gastos de la Fórmula 1 cuando dejó de ser Valmor la organizadora. Hay una decena de imputados desde mayo de 2018 entre los que se encuentra el exdirector general de la sociedad pública Julio García, hermano del exdirector general de RTVV en estos momentos juzgado por la Gürtel, Pedro García, y varios profesionales y dos letrados de Broseta Abogados. Una pieza que también sigue viva y que, de momento, no enfrenta a Fiscalía y Abogacía de la Generalitat.