Construcción sin planificación ni demanda: por qué la Comunitat Valenciana es un cementerio de desaladoras que costó 550 millones

Una mala planificación fruto de las tensiones entre Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero y el autonómico de Francisco Camps por el travase fallido del Ebro, un país en pleno boom inmobiliario con la sequía como amenaza permanente y un recurso caro de utilizar para sus principales beneficiarios. En la Comunitat Valenciana hay siete desaladoras y la mitad de ellas operan muy por debajo de su capacidad pese a la inversión millonaria que se realizó en la primera década del siglo XXI, con cerca de 550 millones de euros. Un gasto al que hay que sumar el mantenimiento de las plantas, estén o no en uso.

Salvo las plantas de Torrevieja y Alicante, el resto casi no tienen demanda, como indica un informe de Fedea elaborado por Domingo Zarzo, director de SACYR y la Asociación Española de Desalación y Reutilización y ratifica la Dirección General de Agua de la Conselleria de Medio Ambiente. Hasta el pasado año, cuando se pusieron en marcha las plantas de la provincia de Castellón bajo amenaza de sanción por la Unión Europea, cuatro desaladoras habían permanecido completamente paradas por falta de demanda. Son las plantas de Sagunt, Orpesa, Moncofa y Mutxamel, con una capacidad conjunta de producción de 54 hectómetros cúbicos anuales, una cifra superior a la del trasvase Tajo-Segura (con 38 hectómetros cúbicos en el mes de abril) y a las que el Gobierno destinó 200 millones de euros. En total, las plantas desaladoras valencianas tienen capacidad para producir cerca de 200 hectómetros cúbicos anuales en un territorio donde cada persona consume unos 3 metros cúbicos al mes para abastecimiento y apenas abastecen a los municipios en los que se ubican.

El boom de las desaladoras se produjo entre 2004 y 2011 con el llamado 'Plan del agua' del Gobierno de Zapatero y la 'Guerra del Agua' que libraron dirigentes regionales del PP. El gran plan alternativo al trasvase del Ebro supuso una inversión millonaria y llevó a España a ser el quinto país en potencial de obtención de agua por ósmosis y el primero de Europa. En esta batalla retórica se aducía que el gobierno socialista dejaría sin agua a los regantes de la Cuenca del Segura o que la limitación de Trasvase del Ebro supondría el fin del desarrollo económico de algunas regiones. Ello ha derivado en fuertes rivalidades entre los gobiernos de Castilla-La Mancha y los Ejecutivos de la Comunitat Valenciana y Murcia, que año tras año deben hacer pública su defensa de los agricultores. Una mala planificación que no tuvo en cuenta la demanda en previsión de un crecimiento que la crisis paralizó, los elevados costes del agua producida y una guerra política de más de 20 años han convertido el territorio valenciano en un cementerio de infraestructuras. Alguna, como la de Orpesa, esperaba ser útil a la sombra de proyectos como Marina d'Or y ahora se utiliza al 3% de su capacidad. Torrevieja, en 2017, lo hacía al 30%. A esta mancha se suma el escándalo de Aquamed, que investiga la adjudicación fraudulenta por parte de esta empresa estatal dependiente del Ministerio de Agricultura de obras a una decena de empresas, con una cantidad de 20 millones de euros bajo sospecha de la Audiencia Nacional.

¿Cómo un territorio que sufre la sequía como un mal endémico prescinde de este recurso esencial para la vida? El problema, indican todas las fuentes consultadas, es su elevado coste económico. Los agricultores argumentan que no resulta rentable y resta competitividad a sus productos, mientras que los municipios temen gravar los recibos si emplean agua desalada, hasta cinco veces más cara que otras fuentes. Sobre este primer punto discrepa el autor del informe, que calcula que en algunos cultivos de alta rentabilidad en el mercado -como algunos hortícolas y frutales de fruto carnoso- “el coste es asumible”. Mientras haya fuentes de aguas naturales que explotar, no se utiliza un recurso que resulta caro.

El principal coste de la producción de agua desalada es el eléctrico, una situación que podría resolverse mediante el uso de renovables, según expone Manuel Aldeguer, director general de Agua de la Generalitat Valenciana. El uso de la energía fotovoltaica abarataría a su vez la factura eléctrica, indica. Zarzo añade a la propuesta suscribir convenios con regantes, como hace Murcia, o crear impuestos con criterios medioambientales; subvencionar una parte para los regantes y gravar el agua que se destina a uso turístico.

Mientras tres plantas al norte están infrautilizadas, la planta de Torrevieja, la más grande de Europa, prepara su ampliación. Según el diario Información, la unión de empresas Arada Ingeniería S.L. - Desalia Water S.L.U. invertirá cerca de 45 millones de euros en la ampliación y ya ha abonado más de 800.000 para la redacción del proyecto que permita a la planta operar al máximo de su capacidad, 120 hectómetros cúbicos anuales. La mitad de la producción se destina a consumo urbano de la Mancomunidad de Canales del Taibilla y el resto a completar la dotación de agua de uso agrícola del Sindicato Central de Regantes del Acueducto del Tajo-Segura.

Ante el riesgo de agotar fuentes naturales de agua, ayuntamientos como el de Almería han decidido incrementar el uso de agua desalada hasta un 70% del consumo de la ciudad. “Murcia y Almería tienen las desaladoras como seguro de vida”, apostilla Zarzo, que explica que en las comunidades vecinas algunas comunidades de regantes tienen sus propias desaladoras.

Aumentar la producción de agua desalada para destinarla a consumo urbano es una posibilidad que el Gobierno valenciano cree que se debería explotar en más puntos de la comunidad, como en Castellón, donde “habría que hacer un esfuerzo” para que las plantas operasen al 100%, dado el déficit hídrico de la provincia. Aldeguer reflexiona sobre la viabilidad de, mediante conducciones, canalizar el agua de esas desaladoras a algunos puntos de la provincia de Valencia, que tienen un exceso de nitratos. No obstante, sin demanda no se plantearía la obra. El director general cree que está bastante claro que las desaladoras “son garantía de futuro” y permiten ahorrar agua, dejando reservas en los acuíferos. “El uso de agua desalada como complemento a otros recursos convencionales es una garantía de suministro de agua de calidad que no está sujeta a la influencia del clima, cambio climático o las tensiones territoriales o políticas a las que están sujetas los trasvases”, añade el autor del informe.

En la pasada legislatura el Parlamento autonómico creó una comisión de estudio sobre la contaminación de los acuíferos. El informe de las conclusiones expone que dieciocho masas de agua subterráneas de la Comunitat Valenciana presentan contaminación por nitratos superior a 50 miligramos por litro, cinco de las cuales presentan también contaminación por fitosanitarios (herbicidas). El documento señala que la principal fuente de contaminación de las aguas subterráneas que tradicionalmente se han empleado para la producción de agua potable en la Comunitat son los nitratos de origen agrario, aunque en la última década también se han detectado casos de contaminación por fitosanitarios. Según Aldeguer y Zarzo, aumentar la producción de agua desalada, que puede quedar como 'reserva', contribuiría a la preservación de estas fuentes de agua natural.