Mercosur: las dos caras del acuerdo de la década al que el campo valenciano llega tarde
La firma por parte de la Unión Europea del tratado del Mercado Común del Sur (Mercosur) a finales del mes pasado –durante la cumbre del G20–, es la culminación de un proceso diplomático y comercial que ha necesitado décadas para concretarse. La rúbrica del tratado, celebrada por los partidarios del libre mercado, plantea un nuevo modelo frente a la incertidumbre y las tendencias proteccionistas por las que atraviesa el mercado global, con sus dos principales competidores –EEUU y China- inmersos en una guerra comercial. Mercosur podría ser un riesgo para los agricultores europeos, pero también puede suponer la oportunidad para un continente cada vez menos influyente a nivel geopolítico –aunque en el mapamundi Europa todavía se sitúa en el centro- de recobrar cierta presencia.
Atendiendo a un marco amplio, el acuerdo puede resultar muy beneficioso para gran cantidad de empresas en los distintos sectores valencianos. Puesto sobre papel, Mercosur se traduce en la eliminación de aranceles por valor de más de 4.000 millones de euros –cuatro veces más que el acuerdo con Japón y ocho más que el CETA- y la apertura de un mercado de 250 millones de habitantes a productos y servicios europeos por valor de más de 60.000 millones de euros, según las estimaciones de Bruselas. El tratado manda un mensaje contra las políticas proteccionistas y da lugar a la zona comercial más grande del mundo, especialmente beneficiosa para industrias tradicionales como el textil y el calzado, pero con un coste para la agricultura valenciana.
Los agricultores valencianos han recibido la firma con alarma, preocupados ante lo que consideran una nueva amenaza para un sector ya de por sí muy castigado. En opinión de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), el acuerdo para liberalizar el comercio entre ambos continentes se traduce en una competencia directa y desleal para la mayoría de los cultivos valencianos. Especialmente preocupante, afirman, resulta la falta de reciprocidad a la hora de asegurar unas condiciones fitosanitarias que los productores europeos cumplen a rajatabla. Una posición que ven respaldada por la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, que considera el acuerdo una agresión al campo valenciano.
Durante la semana pasada, en su primer viaje institucional de esta legislatura, una delegación valenciana encabezada por el president, Ximo Puig, ha mantenido encuentros con algunos de los principales responsables de la Unión Europea con el objetivo de conocer los pormenores del acuerde y trasladar las preocupaciones de los sectores productivos por las repercusiones que Mercosur pueda tener sobre la economía valenciana.
Si bien no será hasta la próxima semana cuando se conozcan los más de mil folios con el conjunto del acuerdo, Puig adelantaba esta semana tras los encuentros que “los sectores industriales relacionados con el textil, la cerámica y el calzado van a tener una bajada de aranceles sustantiva y, por tanto, van a mejorar su competitividad”. No obstante, el dirigente valenciano reconocía que el tratado plantea un “problema” con el sector citricultor, del cual afirmó que “está viéndose de alguna manera acosado por distintas cuestiones y, evidentemente, esto es la gota que puede colmar el vaso”.
Pese a que el presidente ha remarcado que aún hay tiempo hasta la implementación del acuerdo –no menos de año y medio- y que todavía existe margen para efectuar algunos cambios, la realidad es que el acuerdo es un tratado muy amplio que ha costado dos décadas de negociación y en el cual convergen gran cantidad de intereses –tanto políticos, comerciales, como geopolíticos–. “No estamos por un planteamiento de veto”, afirmaba contundentemente Ximo Puig.
Consciente de la dimensión, Puig pedía tener “una mirada mucho más amplia” sobre lo que implican los tratados comerciales. “El problema de los cítricos valencianos no está solo orientado a lo que es Mercosur, tiene otras problemáticas”, como el veto ruso o la competencia con Sudáfrica y Egipto. Por ello, Puig pedía “una acción directa” a la Comisión Europea porque estima que “se puede hacer mucho daño a nuestra producción y es una competencia desleal objetiva”. Tras la serie de reuniones con los responsables de la Eurocámara, el mandatario valenciano pidió a los representantes europeos que se celebre una conferencia citrícola, para analizar los problemas de un sector cada vez más castigado.
Para Cecilia Malmström, comisaria europea de Comercio, el acuerdo está “equilibrado” y ya tiene en cuenta la mayoría de las sensibilidades. La comisaria cierra así la posibilidad de modificar a última hora un acuerdo que lleva perfilándose dos décadas. Se complica, por tanto, la posibilidad de implementar unas reivindicaciones que vuelven a poner de manifiesto la falta de un trabajo previo en Europa de preservación de los intereses valencianos. Habrá que esperar para ver qué efecto tiene sobre el campo valenciano un acuerdo para el que, de nuevo, se ha llegado tarde.
