Así se organizaron las prisiones valencianas durante la crisis de la COVID-19

En España, a diferencia de Italia, los centros penitenciarios han mantenido la calma durante el estado de alarma decretado por la crisis sanitaria de la pandemia de la COVID-19, a pesar de la falta inicial de material de protección y de las quejas de los sindicatos de funcionarios de prisiones. El Defensor del Pueblo ha desvelado el seguimiento que realizó el pasado 26 de marzo y el 1 de abril a la cárcel de Picassent (València) y al centro penitenciario Alicante Cumplimiento, así como las medidas que tomaron las direcciones de los centros. El 29 de junio, ocho días después del fin del estado de alarma, tres técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, adscritos al Defensor del Pueblo, y un médico forense externo, visitaron sin previo aviso la prisión de Villena (Alicante). 

El Defensor del Pueblo sustituyó sus habituales visitas por sorpresa por llamadas telefónicas a la dirección de las prisiones. El director adjunto del centro penitenciario Antoni Asunción Hernández, de Picassent (València), explica los protocolos de reingreso (14 días de cuarentena en el departamento de ingresos y, tras la revisión médica, ingreso en módulos ordinarios) y de prevención de contagios. Así, la prisión de Picassent contaba con dos módulos ordinarios vacíos con 85 celdas disponibles para internos contagiados de coronavirus. “No se ha producido ningún incidente, no se han aplicado medios coercitivos ni hay ningún interno en aislamiento desde el inicio de la pandemia”, reseña la ficha de seguimiento del Defensor del Pueblo.

Las visitas presenciales de familiares o amigos a los presos fueron suspendidas y las llamadas al exterior se aumentaron hasta 15 a la semana (sin incluir las llamadas a abogados) para lo cual “se conceden a todos los solicitantes ayudas económicas para las llamadas”. “Si bien les han comunicado que recibirán teléfonos móviles para las llamadas de los internos, éstos no se habían recibido todavía [a 26 de marzo]”, añade el Defensor del Pueblo. En la segunda quincena de marzo hubo entre 20 y 25 funcionarios de la prisión de Picassent “en casa pendientes de la realización de la prueba [del coronavirus]” y el hospital de referencia en caso de contagio de los funcionarios era el Hospital General de València, en el que “son tratados con preferencia por tener la condición de personal esencial, realizándose el test de detección de COVID-19”. 

En el centro penitenciario Alicante Cumplimiento uno de sus funcionarios murió el 29 de marzo “contagiado”. Otros 15 funcionarios de la prisión “no acuden al centro para evitar el riesgo de contagio” y otro grupo de empleados de la prisión “permanece en sus casa atendiendo al criterio de edad o patologías previas”. La dirección de este centro optó por habilitar el Centro de Inserción Social, en aquel momento vacío, como lugar de aislamiento ante posibles contagios. “Ambos departamentos son utilizados para los ingresos y aquellos internos que salen a diligencias judiciales o ante eventuales salidas al hospital para permanecer en cuarentena antes de su reingreso en los módulos habituales de residencia”, señala la ficha de seguimiento del Defensor del Pueblo.

El director del centro aseguró a los responsables del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que contaba con mascarillas y equipos de protección individual suficientes, así como termómetros de proximidad. La prisión suspendió las actividades (“a efectos de evitar el contagio de los internos”) y fue resolviendo “situaciones puntuales que se van produciendo en el día a día”. “Los mandos del centro acuden en mayor frecuencia a hablar con los internos en los patios y les reúnen en los comedores para informarles de las medidas que van adoptando”, asegura el informe.

La Unidad Militar de Emergencias (UME), al igual que en otros recintos penitenciarios españoles, accedió al centro penitenciario Alicante Cumplimiento para realizar labores de desinfección. “Por indicación de la UME se colocó hace un tiempo en zonas de paso de todo el centro toallas o mantas empapadas en lejía para garantizar una mayor desinfección de todos los que acceden por dichos lugares”, indica la ficha de seguimiento del Defensor del Pueblo. La desinformación fue otro frente para reclusos y funcionarios. “Las noticias falsas que llegan al centro a través de distintas maneras incrementan el estrés de los internos y pueden generar incidentes regimentales”, advirtió el director de la prisión alicantina.

El 29 de junio, ya sin el estado de alarma, tres técnicos del Defensor del Pueblo visitaron, sin previo aviso, el Centro Penitenciario Alicante II de Villena, acompañados de un médico forense externo, y entrevistaron al equipo directivo, a algunos internos (mediante “entrevistas reservadas”) y a un letrado “que acude al centro habitualmente”. “Se prestó especial atención a las medidas de seguridad implantadas y a la atención sanitaria prestada en el centro”, señala la ficha de seguimiento del Defensor del Pueblo.