El PP no sabe, no contesta sobre el fraude de los pabellones de la Diputación de Alicante en Fitur
El 'caso Fitur' de Alicante ha entrado en nueva nueva fase este viernes. Por el Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante han desfilado los investigados por una presunta trama en el montaje de los stands de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) entre 2004 y 2008 y que el grupo de Compromís en la Diputación de Alicante estima, en su escrito de denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción hace ahora un año, que ha tenido un coste para las arcas públicas de 3,2 millones de euros.
Entre los imputados se encuentra la exalcaldesa de Dénia por el Partido Popular, Ana Kringe, se ha acogido a su derecho a no declarar por su gestión en su etapa como directora económica del Patronato de Turismo de la Costa Blanca en 2007. El motivo, prefiere no pronunciarse hasta que no estudie los expedientes de contratación de los años que investiga el juez José Luis Fuentes. Una vez que estos estén incluidos en la causa, tendrá que volver a declarar, según fuentes cercanas al caso.
Tanto ella como el gerente de este cargo de la Diputación Provincial, Miguel Juan Baldó, se enfrentan a un delito contra la Administración. En cambio, Baldó sí que ha respondido a las preguntas pero lo ha hecho para asegurar que estuvo muy poco tiempo en el puesto. En concreto, accedió en noviembre de 2008 (cuando aún seguían operando las empresas investigadas). De hecho, Baldó se ha escudado en el criterio de los técnicos y del diputado de Turismo de entonces, Sebastián Fernández, cuando ha reconocido que dio el visto bueno al pago de facturas de los contratos ahora investigados.
Contratos cuyos beneficiaros fueron a parar a las empresas Equipamiento Integral para Stands Molinos SL y Exporiggin SL, regentadas por el matrimonio formado por Javier Molinos y Mercedes Lasa. Ambos han negado este viernes las irregularidades y han esgrimido que los acuerdos comerciales eran aprobados por los técnicos de la institución provincial.
Compromís, personada en la causa, denuncia que Molinos y Lasa, en connivencia con el Patronato de Turismo, evitaban la concurrencia pública al firmarse contratos menores por un importe que no llegaba al límite de las adjudicaciones al ser inferiores a los 12.000 euros. A juicio de la coalición valenciana pudo haber fraccionamiento al descubrir que “muchas de esas facturas, que sumadas dan cuantiosas cantidades, eran abonadas el mismo día”. Además, se investiga si el organismo provincial también usó la fórmula del contrato negociado sin publicidad por el cual téoricamente se presentaban tres empresas cuando en realidad solo concurrían las que están siendo investigadas ahora.
Según Compromís, además de la Diputación de Alicante, estás empresas podrían haber resultado beneficiadas de manera irregular en consistorios de la provincia que van de Benissa a Altea, pasando por Teulada, Benidorm y El Vergel. En Torrevieja, por ejemplo, la Fiscalía ha archivado la causa contra Exporigging y Equipamientos Integrales de Stands Molinos SL por prescripción de la supuesta adjudicación irregular de contratos por valor de 1,6 millones al ocurrir entre 2006 y 2007.
Asimismo, en Dénia también estaba abierta otra causa por el mismo procedimiento pero ha sido archivada.
Por último, faltaría la extensión del 'caso Fitur' de Orihuela donde la jueza de Instrucción número 1 de Valencia ha abierto diligencias contra la expresidenta del PP en la Vega Baja, Pepa Ferrando, y otros acusados.
Además de todo esto, Ana Kringe también está envuelta en el 'caso Púnica' por el que la Guardia Civil ha pedido su imputación por pagar presuntamente con dinero público campañas para mejorar su imagen.
