La Generalitat Valenciana reclama que se eliminen los fondos que distorsionan la financiación autonómica

La Generalitat Valenciana insistirá al Ministerio de Hacienda en que priorice el criterio de población ajustada sin correcciones en la reforma del sistema de financiación autonómica. Los expertos designados por el Gobierno valenciano para la reforma del sistema de financiación consideran que el nuevo modelo debe eliminar las disfunciones del vigente, como el fondo de suficiencia, e incorporar la deuda histórica a los cálculos.

Los economistas de cabecera del Gobierno valenciano, liderados por los investigadores del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, han trasladado el informe de alegaciones al documento de Hacienda este miércoles a los representantes de todos los grupos parlamentarios en la Comisión Mixta Consell-Corts Valencianes y posteriormente a la patronal y a los sindicatos que forman parte de la Plataforma per un finançament just junto con los partidos políticos. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha comunicado que el Ejecutivo asumirá las propuestas y ha reclamado unidad a los partidos para llevarlas a los organismos competentes. Puig ha exigido la aplicación urgente del fondo de nivelación, que compense las desigualdades del modelo caduco en 2014, y que el nuevo modelo elimine las variables no poblacionales y garantice la suficiencia para no quedar “obsoleto” en unos años.

El equipo que ha encabezado Francisco Pérez apunta que el informe del ministerio “aborda un elemento central para la definición de un nuevo sistema de financiación autonómica, porque el adecuado cálculo de la población ajustada debería ser la forma de estimar las necesidades que el modelo de financiación reconoce a la hora de distribuir los recursos entre las comunidades autónomas”. Respecto a la definición de este criterio, una de las piedras angulares del sistema, los expertos se muestran críticos con el documento que Hacienda remitió el pasado diciembre y consideran la propuesta “técnicamente poco satisfactoria” por “lo que se refiere al papel de las variables no poblacionales y el peso de las mismas en la distribución de los recursos”, en referencia a las correcciones de despoblación y dispersión o el indicador de costes fijos para las comunidades de menor tamaño.

Los economistas recuerdan que la propuesta remitida por el departamento de Maria Jesús Montero es solo un abanico de las definiciones del criterio de población ajustada y no supone una propuesta de modelo, por lo que consideran el documento insuficiente para resolver los problemas de infrafrinanciación. En paralelo, recuerdan que los problemas del sistema de financiación no proceden de este indicador, sino del resto de fondos que se incorporan: “La disfunción más relevante ha sido que la asignación del conjunto de recursos del sistema de financiación autonómica no se ha realizado siguiendo del indicador de necesidad población ajustada, sino una lógica de mantenimiento del statu quo que no responde a ninguna valoración objetiva de las necesidades de gasto de las competencias autonómicas.”

En este sentido, revindican que la reforma incorpore “la garantía de que el indicador representativo de las necesidades será el que determinará el reparto de la totalidad de los recursos autonómicos, sin más fondos ad hoc que, como ahora sucede, desvirtúen la asignación que se derive de la población ajustada para justificar la del statu quo. Como adelantó el conseller de Hacienda, el socialista Vicent Soler, el Ejecutivo autonómico quiere sacar de la ecuación el Fondo de Suficiencia y las variables de corrección por despoblación o dispersión, que ya se tienen en cuenta en otros ajustes.

Los expertos también abogan por incrementar la participación de las comunidades autónomas en la gestión de los impuestos y avanzar hacia una “cogobernanza” fiscal, con una toma de decisiones más horizontal. En concreto, indican, para conseguir un modelo justo y beneficioso para la Comunitat Valenciana se debe abordar “la redefinición del equilibrio vertical de recursos entre niveles de gobierno para poder atender a la evolución de las necesidades de servicios públicos fundamentales de la población, potenciando la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas, modificando los vigentes niveles de participación autonómica en la gestión y la recaudación de las diferentes figuras impositivas, así como el sistema de colaboración y cogobernanza efectiva de las actuales agencias tributarias”.

Cómo se reparte la financiación actual

Al margen de los tributos propios y los fondos de la Unión Europea, el sistema de financiación actual se compone de varios fondos: el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (la base del sistema de reparto, calculada como los recursos por unidad de necesidad para financiar los servicios públicos fundamentales esenciales del Estado de Bienestar), los Fondos de Convergencia (aportaciones del Estado para equilibrar la aportación pública entre territorios) y el Fondo de Suficiencia global (una reestructuración de las necesidades autonómicas). Este último, el llamado reparto horizontal de recursos, es el que causa las mayores distorsiones. La ley de financiación lo define como “la diferencia, positiva o negativa, entre las necesidades globales de financiación de la Comunidad Autónoma en el año base y la suma de su capacidad tributaria, más la transferencia positiva o negativa del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, en el mismo año”. Las diferencias de renta per cápita en la Comunitat Valenciana, 12 puntos por debajo de la media estatal, pervierten este cálculo: aporta al conjunto del Estado como una comunidad rica siendo una comunidad pobre y debe endeudarse para poder pagar las facturas.