El Gobierno valenciano pide evitar enfrentamientos en la financiación autonómica: “No es un partido de fútbol ni una carrera”

Que el debate sobre la reforma del sistema de financiación no iba a ser tranquilo es algo que se apuntaba desde la caducidad del viejo modelo, pero en el Ejecutivo autonómico quieren evitar que se convierta en un conflicto entre territorios. El Gobierno valenciano llama al resto de interlocutores a que el proceso no se convierta en una confrontación. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, indicaba este jueves que el proceso no será “fácil ni feliz”, dado que todas las comunidades deben ceder desde sus posiciones iniciales, pero considera que el tono no debe excederse. La financiación no es “ni un partido de fútbol ni una carrera” entre comunidades autónomas, por lo que “no hay ni ganadores ni perdedores”, sino que se trata de buscar un Estado del Bienestar “en toda España”, apelando a la “lealtad federal”.

El Gobierno valenciano convoca este viernes a sus expertos en financiación autonómica y reúne a los responsables de Hacienda con los portavoces del ramo de los grupos parlamentarios para analizar la propuesta del ministerio y preparar las aportaciones. Entre ellas, reclamará que la variable de reparto de los costes fijos de los servicios públicos beneficie al conjunto de las autonomías; es decir, que se incremente la aportación del Estado para las competencias cedidas. En una primera lectura del documento, remitido el viernes previo al puente de la Constitución, el Ejecutivo autonómico valora que la propuesta sea más transparente que el modelo ya caduco y que se puedan realizar aportaciones. El nuevo criterio de población ajustada que plantea Hacienda se asemeja a las propuestas del informe de expertos en financiación de la Comunitat Valenciana y tendrá más peso en el sistema de reparto, a falta de conocer cuáles son los fondos de compensación entre autonomías.

Tras un encuentro con el conseller de Hacienda, el presidente Ximo Puig remarcaba: “Siempre hemos reclamado un modelo transparente y sencillo, en base a criterios objetivos y objetivables, y este documento nos da por fin la oportunidad de iniciar un debate serio y riguroso sobre el nuevo modelo de financiación”, recordando que “debe lograr indiscutiblemente la suficiencia de recursos para mantener el estado del bienestar y un reparto justo y equitativo de recursos”. Tanto Puig como el conseller Vicent Soler se muestran cautos respecto al impacto del criterio propuesto -solo es un hueso en el esqueleto que debe plantearse- pero valoran que se asuman sus reivindicaciones: “La ministra ha dicho en distintas ocasiones que el resultado final no puede ser negativo para las comunidades infrafinanciadas”, subrayaron tras su encuentro en el Palau de la Generalitat.

La población ajustada

La propuesta del Ministerio de Hacienda se limita a definir el criterio de población ajustada, uno de los indicadores del sistema de financiación, que además se corrige con otros fondos en el Estado, una serie de transferencias entre comunidades autónomas y de la Administración central que tiene como objetivo -teórico- evitar desigualdades en el acceso a los servicios públicos.

La población ajustada realiza una estimación de las necesidades de cada territorio ponderando el coste por habitante de prestar en cada región los servicios para los que las comunidades autónomas tienen cedidas las competencias con una calidad equivalente. Es decir, cuánto cuesta pagar los servicios públicos para que los ciudadanos tengan el mismo acceso. Pero como toda estimación, contiene errores que generan desigualdad en los territorios y que se agravan en la medida en la que no se corrigen y se cronifican.

Un informe del economista Ángel de la Fuente, miembro de la Fundación Fedea, estima que algunas de las correcciones de despoblación planteadas por el ministerio perjudicarían a autonomías como la valenciana. En el documento, presentado este jueves, se analizan los criterios que componen el principio de población ajustada, una de las bases del sistema. El informe de Fedea es de los primeros documentos técnicos que analizan la propuesta de 240 páginas que el Ministerio de Hacienda trasladó a las comunidades autónomas el pasado viernes a mediodía.

En el actual sistema de financiación, la población corresponde a la población empadronada a 1 de enero de cada año, a la que se suma la llamada población protegida, una estimación de usuarios del sistema nacional de salud y las correcciones demográficas (dispersión, superficie e insularidad); la fórmula propuesta por Hacienda revisa la distribución de los indicadores, con mayor peso para el gasto en educación, sanidad y servicios sociales y revisa los datos demográficos para hacer las previsiones. El documento de Hacienda crea un nuevo indicador de corrección de la despoblación, construido como la población necesaria para elevar a todas las provincias de cada comunidad a la densidad media nacional, un indicador 'ad hoc' con el que el economista se muestra crítico. Estos ajustes, considera, “abren la puerta a una cierta arbitrariedad que siempre ha sido uno de los grandes vicios de nuestro sistema de financiación regional” que lastraría a la Comunitat Valenciana. Con la suma de los indicadores y según los cálculos de De la fuente, la autonomía perdería 1,7 puntos de recaudación.

Para el investigador de Fedea, “los criterios que generan mayores disparidades son el nivel de envejecimiento de la población (recogido por la población protegida equivalente) y la insularidad, con un rango de casi 10 puntos, seguidos de la población en edad escolar, la superficie, la población mayor de 65 años y la dispersión. Pese a su limitado peso en el total (un 3%), las tres variables geográficas generan diferenciales de necesidades de gasto por habitante que llegan a ser muy significativos en las regiones con características más extremas”.