Un informe sobre la prostitución encargado por Igualdad desaconseja la modificación legal abolicionista que plantea el PSPV

Un informe encargado por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige Aitana Mas, desaconseja las modificaciones legislativas que propone el PSPV contra la prostitución. Los socialistas han impulsado en las Corts Valencianes dos proposiciones de ley para modificar la normativa de carreteras y espectáculos públicos para sancionar a los clientes de prostitución y a las personas que la faciliten. La norma, similar a la que trató de impulsar la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y que ya provocó un choque con la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra, subraya que en ningún caso se sancionará a las mujeres.

El PSPV ha planteado que la norma se apruebe por el procedimiento de lectura única, que no admite enmiendas ni participación ciudadana, una cuestión que no termina de cuajar entre los socios del Pacto del Botánico. Tampoco la forma de abordar de la prostitución, que algunos parlamentarios y miembros del Consell consideran punitivista.

Ante las dudas, el departamento que dirige Mas, que es el competente en violencia machista, ha consultado a un grupo de expertas de la Universitat Autònoma de Barcelona, integrantes del Grupo de investigación Antígona, sobre derechos y sociedad con perspectiva de género. El informe apunta que ambas normativas “apuestan por un modelo abolicionista prohibicionista de abordaje de la prostitución sin plantear medidas de tipo social que ofrezcan alternativas ocupacionales a las personas que obtienen sus ingresos del trabajo sexual”. “Tan solo la ordenanza contempla la adopción por parte de los municipios de un plan de acción integral con medidas para la integración social, económica y laboral de las mujeres que ejercen prostitución”, indica el texto. 

La autora del informe, Paula Arce, abogada especializada en derecho penal e investigadora en violencia de género y trabajo sexual, considera que “las sanciones pueden resultar desproporcionadas al equiparar la prostitución con la realización de actividades delictivas en la gravedad de la sanción” y que los procedimientos de urgencia que prevé la norma “pueden dar lugar a prácticas arbitrarias que causen daño de difícil reparación”. El texto reseña ·el peligro de afectación del derecho a la vivienda de medidas de clausura o precinto de locales que puedan constituir la vivienda habitual de las personas que trabajan en ellos“.

La experta indica que “las trabajadoras sexuales son unos de los colectivos con mayor riesgo de exclusión habitacional y se encuentran entre los colectivos con más probabilidades de ser desalojadas forzosamente”, por lo que estas normas pueden incidir en su derecho a la vivienda, dado que, en el caso de las mujeres que ejercen la prostitución “resulta habitual que vivienda y espacio de trabajo coincidan en el mismo lugar”. Arce insiste en que “las políticas dirigidas a la criminalización de los espacios donde se ejerce la prostitución no van dirigidas hacia las personas que ejercen prostitución, aun así, tienen como consecuencia, generalmente, el cierre de los espacios donde estas personas prestan sus servicios”.

Así, el documento alerta respecto a que, pese a que el objetivo no sea impactar en la vida de las mujeres, estas medidas “tienen efectos específicos y especialmente adversos en colectivos en situación de mayor discriminación como pueden ser las personas extranjeras o personas trans: las actuaciones policiales pueden generar expulsiones, antecedentes policiales o, incluso, violencia institucional y vulneración de derechos”. E insiste: “Existen evidencias de que este tipo de medidas repercuten de forma negativa en las mujeres que la ejercen: pueden provocar la dispersión y ocultamiento, aumentando la clandestinidad; los espacios de ejercicio se deterioran y con ello se deterioran también las condiciones en que se ejerce prostitución; en general, los ingresos disminuyen y aumentan las jornadas laborales”.

El informe concluye que “son desaconsejables las medidas legislativas que contemplan el abordaje de la prostitución exclusivamente desde el punto de vista punitivo y son preferibles medidas dirigidas a la descriminalización de la prostitución, a la intervención socioeducativa con potenciales clientes, a la protección de los derechos de las trabajadoras sexuales, así como a la creación de políticas que faciliten alternativas laborales para quienes desean abandonar la actividad”.