Nueva brecha en el Gobierno valenciano: Vox solicita que se expulse a los inmigrantes no regulados que llegan a España

La inmigración ha sido en esta ocasión el leitmotiv de la sesión parlamentaria en las Corts Valencianes. Vox, el socio de gobierno del PP, ha protagonizado una polémica tras presentar una proposición no de ley (PNL) en la que solicita “la expulsión de todos los inmigrantes” que se encuentren en una situación administrativa irregular. A ello, el grupo parlamentario ha añadido que se debe cesar el llamamiento masivo de personas migrantes a Europa que han arriesgado y perdido la vida fruto de las “falsas promesas” de los dirigentes europeos.

En el texto presentado, una de las medidas más destacadas es la “eliminación de las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones u oenegés que promuevan o faciliten la inmigración ilegal y el tráfico de personas”. Además, instan a agravar las penas contra las mafias de la “inmigración ilegal y a todos sus colaboradores”.

En esta iniciativa, Vox también solicita impedir cualquier partida presupuestaria hacia estas personas, que se mejore la regularización en el internamiento en centros de extranjeros, así como sus prórrogas, y que ningún inmigrante tenga la posibilidad de perpetrar un fraude de ley en “la tramitación de su expediente de extranjería o petición de asilo”.

Por el momento, los miembros del Partido Popular valenciano no se han posicionado ante esta circunstancia.

Esta proposición no de ley (PNL) también ha sido planteada en otros parlamentos, como el de Aragón, Canarias, Baleares o Andalucía. En este último, Vox ha renunciado defender esta postura tras la votación en contra de todos los grupos de izquierda.

Un nuevo conflicto irrumpe en la derecha

Tras la crisis migratoria que están viviendo las Islas Canarias, el gobierno de Castilla y León, junto a la organización Accem, acogió a un total de 395 migrantes, de los cuales 250 se alojaron en un balneario de Medina del Campo (Valladolid). En una rueda de prensa sobre este asunto, el portavoz de Vox por Castilla y León, Carlos Menéndez, aseguró que la llegada de estas personas genera una grieta en “nuestras fronteras, sobre todo cuando entran menores”, usando el término de “inmigración ilegal”, que solo favorece a la estigmatización y criminalización de las personas que buscan unos derechos dignos.

Las declaraciones del portavoz atentan contra el derecho de protección internacional establecido en el marco legislativo español. La mayoría de los “exiliados”, al proceder de un país en conflicto, como es Senegal, tienen la potestad de pedir asilo, tal y como se recoge en la Ley 12/2009. Con esta posibilidad, se abriría un período de hasta seis meses de permiso de residencia para tramitar el informe de cada persona afectada.

La semana pasada, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, protagonizó una disputa con la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, en una sesión de control en la Asamblea de Madrid. Según Monasterio, la presidenta de Madrid habría brindado ayudas a la vivienda a personas inmigrantes sin regular e hizo hincapié al efecto llamada que tanto nombran en su partido político. En el turno de réplica de Ayuso, la dirigente autonómica no dudó en defender la inmigración regulada y subrayó que las personas nacidas en el país, de padres extranjeros, “siguen siendo igual de españoles que Santiago Abascal”.