El presidente del Gobierno escenifica la apuesta por las desaladoras: “El Mediterráneo es el epicentro mundial de la sequía”

En medio de la eterna pugna entre comunidades autónomas por los caudales del trasvase Tajo-Segura, en la que los tribunales han tumbado ya en numerosas ocasiones las demandas valenciana y murciana, el Gobierno central marca su posición: la apuesta por el agua es la apuesta por las desaladoras. El Ejecutivo central invertirá más de 800 millones de euros en plantas de ósmosis en Alicante, Murcia y Almería, tres de las zonas peninsulares con más riesgo de padecer sequía en los próximos años.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escenificó este miércoles la apuesta por las desalinizadoras en la visita a la planta de Acuamed en Torrevieja, la más grande de Europa, que incrementará en un 50% su capacidad de producción tras las obras de ampliación. El Consejo de Ministros aprobó recientemente la licitación de las obras, según anunció Sánchez, que insistió en la solidaridad entre comunidades autónomas para paliar los efectos del cambio climático. Sánchez subrayó que los informes de Naciones Unidas sitúan las regiones mediterráneas como las más afectadas por la falta de lluvia. “El Mediterráneo es el epicentro mundial de la sequía”, señaló, para después criticar el negacionismo de los gobiernos de ultraderecha, que paradójicamente se han hecho fuertes en las comunidades que más sufren el cambio climático.

El Ejecutivo destaca que la planificación hidrológica de tercer ciclo prevé una inversión de 23.000 millones de euros hasta 2027 para hacer frente a escenarios de sequía. En concreto, la desaladora de Torrevieja, la más grande de Europa, y otras infraestructuras en Murcia y Almería suman inversiones por valor de 813 millones de euros. Torrevieja, que abastece al sur de Alicante para consumo humano y de regadío, podrá producir hasta 120 hectómetros cúbicos al año, frente a los 80 actuales. España se sitúa a la cabeza de Europa en producción de agua desalada y es el cuatro país del mundo en capacidad instalada, con una producción diaria de cerca de cinco millones de metros cúbicos, según la información facilitada por el Gobierno.

Los planes hidrológicos del Gobierno se aprobaron con el “objetivo ambicioso” de duplicar la capacidad de desalinización, para lo que la provincia de Alicante cuenta con tres proyectos en marcha que afectan a 23.000 hectáreas de la Comunidad General de Riegos de Levante, en el margen izquierdo del Segura. Sánchez hizo mención a cuatro proyectos estratégicos (PERTE) de digitalización de ciclo urbano del agua de la Comunitat Valenciana, que cuentan con 29 millones de euros de financiación a cargo de fondos europeos. Además, argumenta el Gobierno, el uso de agua desalada dará un respiro a los acuíferos valencianos, que se encuentran en situación crítica.

La planta de Torrevieja ilustra la paradoja valenciana: la comunidad es capaz de producir y exportar agua, como muestra el compromiso con Catalunya, pero cuenta con siete desaladoras que operan muy por debajo de su capacidad. El principal argumento contra el agua desalada es su precio, notablemente superior debido a los costes energéticos, que Acuamed pretende paliar con la instalación de plantas fotovoltaicas que aligeren la carga.

La zona sur de Alicante es una de las que mayores riesgos de sequía y desertificación padecen en España. Pese a contar con un amplio margen de producción de agua desalada, los Ejecutivos autonómicos y locales, especialmente los del PP, reivindican periódicamente el trasvase del Tajo al Segura, pese a que los tribunales han dado la razón a Castilla-La Mancha constantemente, blindando el caudal ecológico de un río que baja ya lastrado por la escasa depuración de Madrid.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, consideró la visita -a la que no fueron invitados ni él ni el alcalde de Torrevieja, también del PP- como una ofensa, no solo por la forma sino por el fondo. Para el dirigente popular “es un error hablar de solidaridad y no hablar de trasvase”, denunció en un mensaje institucional, donde aseguró que “40 millones de árboles dependen del trasvase”. Mazón insistió en que el agua desalada “funciona solo para puntos de emergencia” y consumo humano, rechazando que pueda usarse para cultivos de regadío por el volumen que implica. El lunes mantendrá un encuentro con la ministra de Medio Ambiente, Teresa Ribera, a quien volverá a exigir un aumento del caudal trasvasado.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, también insistió en exigir el trasvase para la cuenca de regantes del Segura, y apuntó que “la visita [de Pedro Sánchez a Torrevieja] es una visita idónea y apropiada para que hable de la necesidad de un plan hidrológico nacional, de un pacto nacional del agua que garantice el agua a todos los españoles”. También el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, criticó el planteamiento del Gobierno respecto a la desalación.

Mientras, en Castilla-la Mancha continúan echando leña al fuego: la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, advirtió este miércoles al presidente Mazón que “el Levante (como denominó a la Comunitat Valenciana y Murcia) no puede gastar tanta agua” y aseguró que están regando “por encima de sus posibilidades a costa de un río que se agota”. “Tienen que asumirlo y optar de una vez por todas por ese recurso que el Gobierno de España también implantó, como son las desaladoras”, apuntó en rueda de prensa.

Por su parte, colectivos ecologistas como WWF, Greenpeace, Ecologistas en Acción, SEO Birdlife y Amigos de la Tierra, insistieron en que la respuesta debe ser reducir el uso del agua para cultivos de regadío. Tras una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, censuraron que las desaladoras tardarán un lustro en ponerse en marcha y reclamaron medidas contra los pozos ilegales. “Volvemos a pedir que, por favor, se ponga las pilas y se ponga a hacer un inventario de todos los pozos ilegales que hay en España”, señalaron.