Un mal diagnóstico reiterado dificulta la detección precoz del ictus que dejó a María Teresa con una gran invalidez

María Teresa Jareño González (50 años) tiene concedida la 'gran invalidez' y un 65% de grado discapacidad, con un grado 1 de dependencia de los tres niveles que existen. Todo ello a raíz de un ictus que sufrió hace seis años y medio –el 20 de octubre de 2015– y que le dejó semiparalizada la parte derecha del cuerpo (no puede mover el brazo y puede andar, pero con bastante dificultad), además de verse bastante afectada a nivel cognitivo (comprensión, atención, afasia...).

Su hermana Ángela ha sido testigo de todo el proceso. “Siempre he considerado que se sucedieron numerosas negligencias médicas”, afirma. Todo se remonta, según relata, a 2014, cuando sufre por primera vez una caída en la bañera “y no puede levantarse”. A este hecho le siguen “repetidos síntomas preocupantes: pérdida de fuerza en las extremidades, pérdida de visión lateral, confusión...”, todos ellos “se corresponden” con los síntomas que aparecen en los carteles informativos que vemos en hospitales y centros de salud que deben ayudar a identificar y prevenir un ictus. “Es decir, los síntomas de mi hermana eran de manual”, concluye Ángela.

Se trata, a su juicio, de un cuadro clínico que “cualquier estudiante de medicina hubiera reconocido”. Sin embargo, María Teresa “se encontró con facultativos que siempre veían 'ansiedad' en los síntomas descritos, ni uno sólo fue capaz de realizar un estudio neurológico para descartar causas físicas... hasta que ocurrió lo inevitable”.

El 19 de octubre de 2015, tras constatar el deterioro de María Teresa, acudió a urgencias del hospital General de Alicante –donde residía– por segunda vez y le hicieron una serie de pruebas debido a la insistencia de su hermana. “Ven algo raro, la ingresan, le dan una medicación nueva y pasa la noche sin que la monitoricen y sin que nadie la observara y, cuando llego por la mañana a verla, me la encuentro babeando, sin poder hablar y en una situación deplorable”, relata Ángela, quien denuncia que la enfermera que le había dejado el desayuno “ni siquiera se había enterado de su estado”. Cuando los médicos ven el estado en el que se encuentra María Teresa, “vuelan, literalmente”, cuando “ya no había marcha atrás. Había sucedido lo irreversible”.

Reclamaciones y recursos

Ante esta sucesión de hechos, se presentaron reclamaciones ante la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Precisamente, la sección segunda de la sala de lo Contencioso–Administrativo del TSJ valenciano reconoció, en febrero de 2021, una indemnización de 100.000 euros (más los intereses legales desde la fecha en la que se presentó la reclamación administrativa) en favor de María Teresa. “La justicia le da la razón a mi hermana y, además, sienta precedente o jurisprudencia al ser la primera vez que se le da la razón a la Comisión de Valoración de Daño Corporal, y eso es otro triunfo”, apunta Ángela.

El único aspecto “agridulce” de la sentencia es que la indemnización se redujo a la mitad (de 200.000 a 100.000 euros) al considerarse “pérdida de oportunidad”. Es decir, “en términos jurídicos significa que nunca se sabrá qué hubiera pasado en el caso de que la Administración hubiera actuado bien”, sostiene la hermana de María Teresa.

El informe del médico inspector de la Inspección Médica del hospital General de Alicante apunta a que, en este caso, “según los síntomas manifestados por la paciente, teniendo en cuenta su edad y los antecedentes clínicos, hubiera estado justificado comenzar con el estudio neurológico un año antes”, y prosigue: “Son estos síntomas menores los más frecuentes y tienen una gran importancia porque dan aviso prematuro acerca de la patología subyacente”.

En el informe médico pericial de la doctora Mari Cruz Carreño se apunta que la atención recibida por María Teresa Jareño antes del ingreso de octubre de 2015 “no fue correcto, al no descartarse organicidad e interpretar los déficits focales como psiquiátricos”, mientras que otro perito, Julián García, sostiene que el pronóstico de la paciente, de haber actuado de forma temprana, “habría sido excelente”. “Las posibilidades de curación de un ictus y de vencer las secuelas mejoran con el diagnóstico y prematuro”.