La cúpula del funcionariado municipal de València en la etapa de Rita Barberá, investigada por corrupción urbanística en el caso Azud

Varias áreas del Ayuntamiento de València están bajo la lupa de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha tenido que acudir varias veces a las dependencias municipales de Tabacalera ante las supuestas trabas para acceder a la documentación correspondiente a actuaciones urbanísticas de la época de Rita Barberá en el marco del caso Azud. En él, se investiga el pago de mordidas por parte de diversos empresarios a cambio de adjudicaciones relacionadas con proyectos urbanísticos entre los años 2005 y 2011.

Fuentes municipales aseguran, sin embargo, que la colaboración con los agentes es total y que se les ha entregado en todo momento los expedientes requeridos vinculados a adjudicaciones de viviendas y parcelas al presunto cabecilla de la trama, el promotor Jaime Febrer.

Los investigadores se han centrado en Patrimonio y en Planeamiento (gestión urbanística), según fuentes sindicales. Entre los numerosos funcionarios investigados en el 'caso Azud' destaca una histórica del consistorio, una alta funcionaria muy cercana a la exalcaldesa Rita Barberá, que se ha mantenido como jefa de servicio.

Tras la victoria de la izquierda en 2015, los responsables del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, en manos del PSPV-PSOE, y de Patrimonio, en manos de Compromís, han conservado a casi todos los jefes de servicio de la larga etapa de Rita Barberá al frente del Consistorio, según apunta un funcionario que conoce bien las interioridades municipales.

Fuentes municipales argumentan al respecto que los funcionarios cuentan con plaza y que además su presunta vinculación con el caso es reciente, por lo que además de existir la presunción de inocencia, sus puestos de trabajo no dependen de los cambios de color político al frente del Ayuntamiento.

Según informó el diario Levante-EMV, hasta 40 funcionarios, en su mayoría de estas áreas, serían llamados a declarar al Juzgado de Instrucción 13 de València en calidad de investigados.

Además, el pasado martes 13 de julio quedó en libertad el exsubdelegado del Gobierno en la provincia de Valencia, el socialista Rafael Rubio, así como Febrer, tras dos meses en prisión provisional.

En total, en este procedimiento, la segunda fase de Azud, había cinco personas en prisión provisional. Tras la salida de Rubio y Febrer, sigue en la cárcel el exvicealcalde de València con el PP, Alfonso Grau. Hace dos semanas, el juzgado dejó en libertad a los empresarios Mónica Montoro y Joaquín Pastor, porque ya no había riesgo de destrucción de pruebas.

En esta causa, declarada secreta, se investigan delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal en la época de Rita Barberá como alcaldesa.

Rubio, quien también fue diputado provincial y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, y Grau, del PP, están acusados de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras. En concreto, Grau pudo haberse llevado un millón de euros y Rubio, otros 300.000.

Otro de los detenidos que presuntamente tuvo un papel destacado en la trama fue el jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, puesto que al parecer intermedió entre los políticos y uno de los empresarios arrestados, el constructor Jaime Febrer, quien fue localizado en Ibiza.

Además, los agentes de la UCO detuvieron a otras 10 personas más, entre ellas la hija de Grau, la exalcaldesa de Xixona y un exconcejal de ese municipio alicantino.

En una primera fase del procedimiento se detuvo al abogado José María Corbín, cuñado de Rita Barberá, y al letrado Diego Elum, aunque posteriormente ambos quedaron en libertad con medidas. Junto a ellos figuran como investigados la mujer y las hijas de Corbín.