Una sentencia sin recurrir y un proyecto que ha costado 230.000 euros: Metrovacesa se hace con el control de plan urbanístico de Benimaclet

“Declaramos como situación jurídica individualizada, el derecho de la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU), como Urbanizador por régimen de gestión de los propietarios, a que se continúe la tramitación de la propuesta de programación presentada por mi mandante y se abra la consiguiente fase de evaluación ambiental estratégica conforme a los informes de los servicios técnicos municipales emitidos al respecto”.

La sección primera del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se pronunció así el pasado tres de mayo en la sentencia que obligó al Ayuntamiento de València, dirigido por Compromís y el PSPV, a dar trámite al proyecto para el desarrollo urbanístico de la zona norte Benimaclet presentado por Metrovacesa y otros pequeños propietarios constituidos en AIU.

Tres años antes, en julio de 2020, el Gobierno municipal de izquierdas liderado por el alcalde Joan Ribó denegó la admisión a trámite del proyecto y por lo tanto el inicio de su tramitación ambiental al entender que no cumplía con los parámetros urbanísticos y ambientales reclamados por los vecinos y vecinas, que exigen una reducción las 1.300 viviendas proyectadas en edificios de hasta 30 alturas y medidas para potenciar una transición amable de la zona urbana con la huerta.

Al mismo tiempo, la empresa municipal Aumsa convocó un concurso público para desarrollar un nuevo planeamiento que ganó el prestigioso arquitecto José María Ezquiaga, quien poco antes de las pasadas elecciones del 28 de mayo dejó en el Ayuntamiento un primer borrador de su propuesta con cambios sustanciales con respecto al proyecto de Metrovacesa. Un documento por el que el Consistorio ya ha abonado 230.000 euros.

Sin embargo, el plazo para recurrir la mencionada sentencia finalizó a principios del presente mes y ni el anterior ejecutivo de izquierdas en el poco margen que tuvo hasta la convocatoria electoral, ni sobre todo el actual equipo de Gobierno municipal que del PP que lidera la alcaldesa María José Catalá han recurrido una sentencia, por lo que la promotora vuelve a tener el control urbanístico del sector.

La realidad es que el equipo de Gobierno de izquierdas del Ayuntamiento de València han sido incapaz en ocho años de resolver sus diferencias para sacar adelante un proyecto urbanístico consensuado con los vecinos y vecinas y esto unido a la desidia del nuevo ejecutivo municipal del PP por pilotar la actuación urbanística han llevado el proyecto a la casilla de salida.

En esta línea, la Asociación Vecinal de Benimaclet, que ha solicitado una reunión con Catalá, lamentó recientemente “la inhibición” de los gobiernos municipales, anterior y actual, al no haber recurrido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que falló a favor de que se tramite el PAI impulsado por la promotora Metrovacesa.

La entidad recalcó que “ha venido realizando sus deberes en los últimos años con propuestas alternativas elaboradas desde la participación vecinal y con la colaboración de profesionales de urbanismo, la arquitectura, y el paisajismo: Concurso de Ideas (2015), Benimaclet es Futur (2017), y Benimaclet, porta a l'Horta (2020)”.

En ese sentido, reclaman que lo que viene en llamarse Participación Ciudadana, “no se quede en una mera frase de campaña electoral, significa tener en cuenta las observaciones de las vecinas y vecinos en la elaboración de los proyectos urbanísticos que puedan incidir en el presente y futuro de sus barrios y ciudades”.

Reacciones del PP, PSPV y Compromís

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, criticó que la alcaldesa de València, María José Catalá, haya “renunciado a recurrir” la sentencia. Además, advirtió de que ha dejado “en manos de una constructora el futuro del barrio de Benimaclet” y añadió: “Su connivencia con las constructoras va a suponer que perdamos la oportunidad de que el diseño del PAI se integre en la revisión del área funcional de Benimaclet para que dé respuesta a las necesidades del barrio, integrándolo mejor en la huerta, recuperando espacio público para zonas verdes y dotaciones públicas”.

Desde Compromís, la portavoz adjunta de la coalición, Papi Robles, exigió a la primera edil que se reúna con vecinos y entidades de Benimaclet para consensuar el futuro urbanístico del barrio.

Al respecto, la alcaldesa de València, María José Catalá, ya comentó que en cumplimiento de la sentencia admitirán a trámite el proyecto de Metrovacesa y que se someterá a exposición pública, por lo que todas las entidades podrán hacer sus aportaciones, garantizando mejoras y cambios sobre el documento inicial en esta línea: “El Ayuntamiento no va a asumir íntegramente todo lo que diga Metrovacesa en Benimaclet. Se comienza la tramitación, se abre un proceso de exposición pública, de alegaciones en el que vamos a mejorar mucho este proyecto”, remarcó la primera edil.

La propuesta de Ezquiaga

En cuanto a la propuesta de José María Ezquiaga, el equipo de Gobierno municipal tiene previsto incorporar algunas propuestas en el proyecto y para ello está ya en conversaciones con Metrovacesa.

La portavoz del PSPV, Sandra Gómez, desveló esta semana los detalles de la idea del prestigioso arquitecto, lo que generó un enorme malestar en las filas del PP, que le acusaron de sustraer el documento para presentarlo en la sede de los socialistas.

Según explicó Gómez, el proyecto redactado por Ezquiaga para Benimaclet contempla duplicar las zonas verdes previstas en el diseño original de Metrovacesa, mantener la edificabilidad para viviendas pero en edificios de hasta ocho alturas y genera más dotaciones deportivas y culturales como reclamaban los vecinos. “Sorprende que algunos sean más papistas que el Papa. Porque Catalá, en su empeño de que sean las constructoras las que diseñen la ciudad, renuncia a la oportunidad de hacer un plan mejor para Benimaclet incluso cuando la empresa ya estaba abierta a introducir cambios”. “La propia constructora quería hacer cambios y Catalá ha dejado perder la oportunidad de que tuviera un parque de ciudad, una conexión con la huerta y una zona de generación de trabajo con espacio para empresas vinculadas a la universidad”, dijo.

En cifras, supone reducir la red viaria que plantea Metrovacesa de 61.000 metros cuadrados a 32.000, dado que se eliminarían los múltiples viales entre las torres de edificios para acceder de forma rápida a la Ronda Norte. También evitaría la creación de la futura Avenida Valladolid.

Las zonas verdes del barrio pasarían de los 47.000 metros cuadrados que proyectó Metrovacesa a 95.000 a costa de eliminar los espacios ajardinados de uso privativo que proyectaba la promotora. En cambio, las dotaciones públicas se mantendrían en 32.000 metros cuadrados y, a pesar de mantener la edificabilidad, se triplicaría el suelo terciario de 20.000 metros cuadrados a casi 60.000 con el objetivo de atraer empresas y por lo tanto crear oferta de empleo.