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El Valencia CF deberá aportar garantías por la totalidad del nuevo estadio que serán supervisadas por la intervención municipal

El nuevo estadio del Valencia CF con las obras paralizadas.

Carlos Navarro Castelló

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La alcaldesa de València, María José Catalá, y su socio de Gobierno, el segundo teniente de alcalde y portavoz de Vox, Juan Manuel Badenas, anunciaron el pasado 30 de mayo un pacto para desbloquear la situación del nuevo estadio del Valencia CF.

El anuncio se realizó 48 horas después del pleno en el que votaron en contra de una moción del PSPV en la que planteaban que se incluyeran en las fichas urbanísticas las condiciones del coliseo y que se exigiera a Lim una fianza previa al desarrollo de los aprovechamientos urbanísticos, y 24 horas después de que el club anunciara la firma de un acuerdo con Atitlan para la venta de los 40.000 metros cuadrados de suelo terciario ubicados junto al recinto de Cortes Valencianas, condicionado a la aprobación de las mencionadas fichas.

Desde entonces, se han sucedido las reuniones entre los representantes del PP y de Vox a fin de llegar a un acuerdo que está ya prácticamente cerrado. De hecho, la previsión es que se anuncien los detalles esta misma semana.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha venido repitiendo en sucesivas declaraciones en las últimas semanas que van a ser muy exigentes con el club si quiere obtener los derechos urbanísticos que estaban vinculados a la caducada actuación territorial estratégica (ATE): “La propiedad del Valencia CF se ha ganado a pulso tener que demostrar mucho que va muy en serio. Lo va a tener que demostrar porque el incumplimiento ha sido reiterado”, ha afirmado en repetidas ocasiones.

En esta línea y según la información recabada por elDiario.es, en virtud del acuerdo se solicitará al club o en su defecto al máximo accionista garantías por el coste total de las obras que quedan por ejecutar en el nuevo estadio, incluyendo plazos concretos del avance y finalización de los trabajos. También se requerirá el pago del polideportivo de Benicalap o garantía equivalente al coste. Además, las garantías deberán ser supervisadas y validadas por la Intervención del Ayuntamiento. Estas serían a grandes rasgos las condiciones que debería cumplir el Valencia CF de forma previa a la obtención de los derechos urbanísticos. Es decir, sin cumplir con estos requisitos no tendrá edificabilidad.

De esta forma, hasta la obtención y validación de las garantías por parte de los servicios municipales de fiscalización quedaría paralizado el plazo de suspensión de licencias para edificar en la zona residencial y terciaria tanto de Cortes Valencianas como de la avenida de Aragón. Esto impediría al club que dirige el máximo accionista, Peter Lim, recuperar los derechos urbanísticos sin contraprestaciones a partir del 3 de agosto.

En cuanto a la aprobación de estos requisitos, fuentes municipales consultadas por elDiario.es no aclararon si se llevará algún documento al pleno teniendo en cuanta que se ha retrasado al viernes 28 de junio, ya sean las fichas urbanísticas con el añadido de las garantías o una moción. En principio, las fichas urbanísticas con estos condicionantes no podrían someterse a votación al no haber pasado por la comisión de Urbanismo, por lo que se podría presentar una moción por trámite de urgencia con el detalle de las exigencias que se pedirán al club para tratar de sumar el apoyo de Compromís y el PSPV. Una vez aprobada la moción con los votos como mínimo del PP y de Vox, se añadiría a las fichas urbanísticas, que se llevarían a la comisión de Urbanismo y pleno de julio, el cual podría adelantarse o convocarse una sesión extraordinaria si los plazos lo aconsejaran.

Como telón de fondo está la posibilidad de que la ciudad albergue partidos del Mundial de 2030, una opción que aún no está ni mucho menos descartada por el interés de la Federación Española de Fútbol en que València esté entre las sedes. Tanto el Ayuntamiento como la Generalitat han firmado los compromisos requeridos por la FIFA, pero el Valencia CF sigue sin hacerlo y pone como condición que se le otorgue la licencia para reiniciar las obras del nuevo estadio, advirtiendo además de que sin la aprobación de las fichas urbanísticas no podrán finalizarlo.

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