Verano caliente en el CIE de Zapadores de Valencia: un suicidio, un presunto intento y dos autolesiones
El mes de julio fue crítico en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores en Valencia. El Juzgado de Instrucción número 10 de Valencia investiga las causas del fallecimiento, el pasado 15 de julio, del joven marroquí Marouane Abouobaida en una celda de aislamiento. El Defensor del Pueblo también abrió una investigación tras admitir a trámite una queja presentada por las ONG que trabajan con los internos.
A raíz del suicidio, el juez de control del CIE impuso, en un duro auto, 16 medidas a los responsables del recinto que contradicen gran parte de la actuación de aquel día. Dos años antes, el mismo juez ya había advertido que el aislamiento puede infringir los protocolos de prevención de suicidios. Si bien el fallecimiento de Marouane Abouobaida fue el suceso más trágico, aquel mes de julio hubo otros episodios que aumentaron las críticas de las ONG hacia las condiciones del centro de Zapadores.
Los voluntarios de la de la campaña CIEs No, que realizan labores de acompañamiento, detectaron el caso de un joven marroquí que la primera semana de julio había enviado audios de WhatsApp que “nos hacen temer por su integridad física y mental”, indica un escrito de la campaña dirigido al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, encargado del control del centro de internamiento. “Era un caso muy dramático, enviaba audios diciendo que se quería matar, que no podía más”, dice un portavoz de la CIEs No.
Los activistas solicitaron a la ONG Psicólogos Sin Fronteras que visitaran al interno para iniciar una terapia pero ni el 4 ni el 5 de julio pudieron entrar al CIE “por falta de personal policial para controlar la visita”, señala el escrito al que ha tenido acceso este diario. El inmigrante, tal como alertaba CIEs No al juez, permanecía “sin atención psicológica que en su caso es necesaria y urgente”.
La situación se resolvió el 9 de julio cuando un psiquiatra de la ONG Médicos del Mundo pudo entrar. El informe que elaboró alertaba que el inmigrante “presenta peligro de atentar contra su vida dada la situación actual, los recuerdos que se le repiten frecuentemente de lo sucedido en la barca. El informe psiquiátrico indica que el interno de nacionalidad marroquí está ”lejos de los apoyos afectivos y familiares“ y señalaba que sus hermanos ”se encuentran con recursos para poder ayudarle“.
El paciente presentaba “conducta e ideación suicida (con plan elaborado)” y hacía “gestos que dan a entender deseo de ahorcarse”. El informe psiquiátrico proponía como medida de prevención y protección “modificar” el internamiento. La policía, siempre según el escrito al juez, trasladó al inmigrante a un hospital al día siguiente. El interno fue puesto en libertad “ante la imposibilidad de devolverlo a su país”, señala un portavoz policial.
El 12 de julio, según fuentes de la campaña contra el CIE, una pareja de activistas que se encontraba en el recinto desarrollando labores de acompañamiento “escuchó ruidos muy fuertes y vieron a policías corriendo que decían que alguien se había intentado suicidar”. “Luego hablaron con un interno que les dijo que era un chaval con un dedo roto que con la venda se había intentado suicidar pero que se le rompió”, señalan las mismas fuentes. Este diario no ha podido confirmar la veracidad de estos hechos a través de fuentes oficiales.
El 15 de julio, Marouane Abouobaida, un inmigrante marroquí de 23 años que había sido agredido en las duchas por otros internos el día anterior, se quitó la vida en una celda de aislamiento donde había sido recluido, según una respuesta parlamentaria del Gobierno, “para garantizar la seguridad del agredido”. “El propósito era que el interno permaneciera en esta habitación el tiempo mínimo imprescindible para que los policías de servicio distribuyeran al resto de internos en sus respectivas estancias”, añade el Gobierno, que admite que no se activó el protocolo antisuicidios ya que “no se detectó ningún indicio o comportamiento extraño que hiciera prever tendencias suicidas en el finado”.
Los agentes que vigilan en CIE, al percatarse del fallecimiento del joven, pusieron los hechos en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 10 de Valencia, en funciones de guardia, y una comisión judicial, con un médico forense, procedió al levantamiento del cadáver. Agentes de la Brigada Provincial de Policía Científica de Valencia llevaron a cabo una inspección ocular para elaborar el informe pericial.
En otra respuesta parlamentaria al senador de Compromís, Carles Mulet, el ejecutivo defiende que “considerando los testimonios de los testigos, grabaciones, documentos o imágenes, no hay ninguna evidencia que hicieses suponer que el detonante del presunto suicidio fueran las condiciones del CIE de Zapadores”.
El 19 de julio, cuatro días después del fallecimiento de Marouane Abouobaida, dos internos de nacionalidad argelina se autolesionaron. Uno de ellos fue trasladado en ambulancia a un hospital, según informó este diario.
Dos altos cargos de la Generalitat Valenciana —el secretario autonómico de Igualdad y Diversidad de la Conselleria de Mónica Oltra y la secretaria autonómica de Sanidad— intentaron, sin éxito, visitar el CIE tras los incidentes del mes de julio. La portavoz de Compromís en la Comisión de Derechos Humanos de las Corts solicitó una visita al recinto tras conocer el auto del juez de control sobre el suicidio del joven marroquí y una diputada de Unides Podem ha solicitado la comparecencia del director de Zapadores en la cámara autonómica.
