La falta de viviendas sociales centra el debate sobre el estado de la ciudad en Castellón
“Hemos hecho mucho en materia de vivienda, aunque no es suficiente”. Amparo Marco, alcaldesa de Castellón, reconoció con esta frase que ese es el aspecto de su gestión que más impulso necesita. Lo hizo durante el debate sobre el estado de la ciudad que tuvo lugar el jueves en el Ayuntamiento, en una semana en la que los desahucios han vuelto a ser noticia.
El pasado lunes, una protesta de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) evitó que Bankia desalojara a una mujer con dos hijas en el barrio del Grao. El jueves había otro desahucio previsto en los alrededores de la Universidad Jaume I. El Ayuntamiento evitó que la familia se quedara en la calle ofreciéndoles un techo ese mismo día, según detalló Marco el jueves.
El equipo de gobierno local, formado por PSOE y Compromís, defendió su labor durante los últimos dos años. Marco explicó que están regularizando el parque municipal de pisos, que han creado la Oficina Municipal de la Vivienda y ampliado el convenio con el Colegio de Abogados, por el que se benefician 160 familias.
Ignasi García, de Compromís, recordó que el Ayuntamiento no tiene competencias para evitar los desahucios y afirmó que es necesario acabar con la actual ley hipotecaria y conseguir más viviendas de la administración autonómica.
Críticas por la falta de vivienda social
El Ejecutivo local recibió virulentas críticas de Castelló en Moviment, la formación que apoya al Ejecutivo desde la oposición y que firmó con los partidos gobernantes el Pacto del Grau. El portavoz, Xavier del Señor, lamentó que en los dos años transcurridos de legislatura no se ha cumplido con el compromiso de ampliar la red de viviendas sociales, mientras 150 familias esperan una de ellas.
La portavoz del PP, Begoña Carrasco, añadió que el Ejecutivo local “ha sido incapaz de llegar a acuerdos con los bancos, no ha creado la bolsa de vivienda y hasta la Audiencia Provincial le ha recriminado el fracaso del Protocolo Antidesahucios”, en unas críticas que también compartió Manuel Paduraru, de Ciudadanos.
Dos años de “giro a las políticas antisociales”
Durante su intervención, la alcaldesa anunció la compra del antiguo cuartel de Tetuán XIV. “Han pasado dos años desde el cambio de gobierno que no han sido fáciles, pero que han permitido dar un giro a las políticas antisociales que se impulsaban desde el Ayuntamiento”, afirmó.
Marco destacó algunos de sus cumplimientos, como la mejora del transporte público, el proceso participativo con el que se está redactando el Plan General de Ordenación Urbana, el aumento presupuestario del 350% en el presupuesto destinado a empleo. También destacó la rebaja de un 5% en el coeficiente del IBI, la parte de este impuesto que depende de la administración local.