Un día clave en el camino por el cierre de los CIE

La resolución, aprobada en forma de conclusiones de un grupo de trabajo en el marco de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlament que lleva trabajando seis meses, se adoptará tras la fuerte oleada de movilizaciones por el cierre de los CIEs de los últimos meses, especialmente intensas en Catalunya, y que culminó con una manifestación de cerca de dos mil personas a las puertas del CIE de Zona Franca el pasado 20 de junio. El Parlament ha recogido el mandato de la ciudadanía y, si no hay sorpresas de última hora, aprobará un pronunciamiento claro instando al Ministerio del Interior a cerrar los CIEs, con el apoyo de una amplia mayoría de partidos (ERC, ICV-EUIA, CUP, CDC, UDC y PSC).

En caso de que se apruebe, será la primera resolución en este sentido en el Estado español, y quizás una de las primeras en toda Europa y en el mundo. Si bien es cierto que existe un gran número de países que no tienen centros de detención para inmigrantes, son pocos aún los que, una vez implementados, hayan decidido cerrarlos. En este sentido, uno de los referentes más cercanos y conocido es el de Grecia, donde el nuevo gobierno de Syriza ha prometido el cierre progresivo de estos centros y ha liberado ya cerca de cuatro mil personas, muchos de los cuales provienen del Centro de Amygdaleza. Ahora, el gobierno griego tiene pendiente elaborar una nueva ley que permita dar cobertura legal al cierre progresivo de los CIEs de todo el país, así como reconvertir algunos de estos centros -sobre todo, los que se encuentran en frontera- en centros abiertos.

Otro país que podría ser considerado como precedente en el cierre de los CIEs es Australia. Australia ha sido un Estado marcado por una política migratoria especialmente dura en el trato a las personas en situación administrativa irregular, lo que ha sido denunciado en varias ocasiones por Naciones Unidas por vulnerar la Convención Internacional contra la Tortura. No obstante, en los últimos años se han cerrado ya más de una docena de CIEs. Según el Gobierno australiano, la razón que ha sido definitiva para que se adopten estas medidas es una cuestión de eficiencia económica: el cierre de estos centros permitirá ahorrar 554 millones de euros en cinco años. Sin embargo, la historia del cierre de los CIEs australianos viene también precedida de fuertes episodios de protesta que han dejado imágenes de internos protestando con las manos alzadas en los tejados de los centros, lo que a muchos nos recuerda las de los presos en lucha de la COPEL en los años setenta en España.

Considerando los pocos referentes existentes, la resolución del Parlament adquiere una gran trascendencia y ha de ser una experiencia replicable también en otros parlamentos de comunidades autónomas con CIEs donde se puedan sumar mayorías sin necesidad de los votos del PP (Andalucía, Valencia, Madrid). De esa forma, no sólo se aumenta considerablemente la presión al actual gobierno, sino que se marca la agenda política del que eventualmente pueda entrar después de las elecciones generales para que adopte el cierre de estos centros.

Los CIEs se podrían cerrar mañana mismo sin cambiar ni una coma del marco legal europeo actual, puesto que la Directiva de Retorno no prevé la obligatoriedad de su existencia. Sin embargo, el cuestionamiento de su existencia tiene que suponer también un debate sobre los elementos que aguantan este castillo de naipes. Y es que los CIEs se sostienen aguantados por dos falacias, cuya certeza también tiene que ponerse en duda.

En primer lugar, la creencia de que el internamiento y expulsión son una medida eficaz para gestionar los flujos migratorios. Cabe destacar que del total de personas internadas en 2014, tan sólo el 47,45 % fueron efectivamente expulsadas. Si a este total le restamos las deportaciones penales por sustitución de condena penal, que podrían realizarse desde un centro penitenciario, el porcentaje de “eficacia” de los CIEs aún quedaría más irrisorio. Pero vayamos un poco más allá. ¿Qué volumen de movimientos migratorios negativos (retornos) suponen las deportaciones forzosas en relación con los movimientos migratorios no forzosos? El total de deportaciones realizadas en 2013 (23.889) representa tan sólo el 6% de los movimientos migratorios de retorno no forzoso (396.658). Y el total de deportaciones forzosas realizadas desde los CIEs (9002) no llega a representar ni el 1% de los retornos no forzosos que se produjeron ese mismo año. En este sentido, cabe constatar que la propia Directiva de Retorno exige “supeditar expresamente el uso de medidas coercitivas a los principios de proporcionalidad y eficacia por lo que se refiere a los medios usados y los objetivos perseguidos”. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, ¿qué sentido puede tener seguir implementando unas medidas que son tan lesivas para los derechos fundamentales y que, a la vez, resultan tan desproporcionadas e ineficaces?

En segundo lugar, la falsa amenaza de que una política migratoria más laxa produciría un efecto llamada. Las motivaciones que originan los movimientos migratorios son multicausales y dependen de las diferencias entre las expectativas entre el país de origen y el de destino. Y es aquí donde en muchas ocasiones la situación de los países de origen -condicionada muchas veces por conflictos bélicos- es determinante para motivar el fenómeno migratorio por muchas barreras que se le quieran poner en destino.

La negación de canales seguros para migrar, así como el mantenimiento de políticas de internamiento y expulsión, responden sobre todo a construcciones culturales que tienen que ver con el mantenimiento de una estructura social racista. Un imaginario colonial que tiene que ser superado sobre la base de una ética del máximo respeto a los derechos humanos.

Un nuevo sentido común en torno a las políticas migratorias se está forjando en las calles, las entidades y los barrios. Y este nuevo sentido común comienza a penetrar en las instituciones gracias a que nos estamos creyendo de verdad que podemos lograrlo. Esperamos cerrar este jueves con la histórica aprobación de dicha resolución en el Parlament, y que la misma sea tan sólo el principio. Vamos a cerrar los CIEs. Y cerrándolos, abriremos una reflexión seria y profunda que permita cambiar el paradigma de las políticas migratorias, adoptando nuevas prácticas acordes con el respeto a los derechos humanos y el derecho a migrar de las personas. A partir de hoy, este debate tiene que llegar a todos los espacios políticos institucionales: desde los nuevos consistorios municipales, a los parlamentos autonómicos, a las Cortes Generales y, por supuesto, al seno de la Unión Europea y los organismos internacionales. La dignidad no entiende de competencias y habrá que aprovechar cada grieta que se nos presente desde la actuación estratégica compartida.