La guerra política, judicial y económica (contra Cataluña)

A lo largo de los 8 volúmenes que constituyen la obra “De la guerra”, del famoso von Clausewitz, se desarrollan todas las modalidades que en aquellos tiempos podían integrar el concepto de lo bélico. La famosa frase relativa a que “la guerra es la continuación de la política por otros medios” no contenía ningún elemento eufemístico, ni cínico: la guerra en todas sus modalidades, señalaba el autor, siempre constituye un “acto político”. Claro que las modalidades han ido cambiando, pero el dominio por él sostenido acerca de la necesidad de dominar las claves de un Estado (el dominio territorial, la centralidad del poder y el manejo de la economía) parece que sigue siendo actual.

Se están conociendo estos días operaciones increíbles orquestadas desde las más altas magistraturas del Estado contra Cataluña tras no poder impedir la celebración del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017. El diario ARA revela que la llamada “fuga masiva de empresas” de Cataluña (que en realidad eran cambios de sedes sociales, pero cumplían un efecto de impacto ideológico y psicológico inmenso) no se debió al “malestar e incertidumbre” del procés ni del referéndum, sino que fue una fina, fría y concienzuda campaña estratégicamente orquestada desde frentes muy precisos, en especial, la Presidencia y vice-Presidencia del Gobierno, el ministro de Economía de entonces y, atención y especialmente, el Rey de España. Desde esos órganos, nada menos, se orquestó y se ejecutó la orden de retirada masiva de capitales de, por ejemplo, Caixa Banc y el Banc Sabadell. Más de 10.0000 millones de euros retirados –a partir de las órdenes del 2 de octubre- que hicieron tambalear la continuidad de los bancos, luego compensados una vez que se habían “fugado” de Cataluña, crearon además el efecto de bola de nieve que provocó el temor de tantos inversores y pequeños ahorristas. Parece que no escatimaron en esfuerzos: el ministro de Economía hizo el oportuno “decreto a medida” para facilitar “la fuga” y se celebraron sendas reuniones del Rey de España con el Director de Caixa Bank, según informa con precisión el ARA, además de una serie de llamadas telefónicas de la Corona a directivos de empresas multinacionales, y otras presiones “reales” sobre otras empresas claves, tales como la Seat … Ahora se van entiendo mucho mejor algunas cosas.

“La política continuaba en efecto por otros medios”…. Clausewitz nuevamente. La palabra “guerra” cobra un sentido pleno cuando semejante operación de desestabilización económica (inmensamente irresponsable y que pudo causar estragos en el mercado bursátil y en los puestos de trabajo…) se revela que se diseñó y ejecutó por quien, de acuerdo al art. 56 de la Constitución Española, debe arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones del Estado. No fue entonces ningún “nerviosismo de los mercados” ni nada semejante provocado por el procés. Los agitadores estaban en sendos palacios del gobierno político y económico. ¿Es posible cuantificar el “daño social” que han causado con semejante operación de desestabilización e intentos de descapitalización de entidades bancarias? ¿Se sabe la desazón y las discusiones e impacto emocional que todo ello causó en miles de familias?

En otros países de tradición angloparlante, se denomina “state corporate crime” a la fusión entre entidades estatales y capitales privados para o bien cometer delitos o bien provocar situaciones de gran concentración de poder político y económico. Esa etiqueta queda incluso corta para calificar lo que desde las instancias del poder central han hecho contra la sociedad catalana, sus instituciones y su propia cohesión social.

Pero, como además nada de ello fue suficiente para frenar el anhelo de participación democrática de la inmensa mayoría de la sociedad catalana (del signo que fuera, pero que apoya un derecho a pronunciarse sobre su destino), entonces acabaron, además, echando mano del Sistema Penal. Primero, golpeando a los votantes con la fuerza más bruta que supieron emplear el 1 de octubre, luego encomendando a la Audiencia Nacional la gestión penal del conflicto político, enseguida recurriendo a la prisión de los líderes catalanes que ahora cumplen ya su primer año de prisión preventiva. En fin, como es sabido, después interviniendo toda la autonomía, su economía, destituyendo a su presidente y disolviendo, nada menos, que su Poder Legislativo y decretando nuevas prisiones, entre ellas, la de su presidenta.

Si aún después de tantas revelaciones alguien se atreve a poner en duda que el proceso penal actual es completamente político (y no jurídico) y funcional a las anteriores operaciones económicas, debería de leer al autor prusiano antes citado y entender que la dimensión bélica de un conflicto se alcanza, precisamente, cuando el mismo emplea todos los aparatos del sistema penal (policía, jueces y cárcel), pero también y sobre todo cuando alcanza a las estructuras económicas que desestabilizan una sociedad. Sólo estamos empezando a conocer algo de las cloacas que cada vez apestan más; pero la historia es inexorable y antes o después retrata a sus actores y pide rendición de cuentas, aunque ahora se crean impunes.