LuxLeaks: el interés público en tela de juicio

Desde el inicio de este blog mi idea era incluir las contribuciones de colegas a quienes debo inspiración y motivación. Este artículo fue escrito por William Bourdon y Apolline Cagnat, abogados parisinos que colaboran hace años con el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) y que defendieron a Antoine Deltour en el juicio de LuxLeaks, llevado a cabo en Luxemburgo. Wolfgang Kaleck.

En noviembre del 2014 Antoine Deltour, exempleado de la consultora PWC (antes Pricewaterhousecoopers), reveló que la empresa multinacional ubicada en Luxemburgo se había beneficiado durante décadas de favores fiscales de las autoridades locales. A raíz de sus filtraciones, Deltour se vio ante juicio en Luxemburgo y nosotros tuvimos el honor de ser sus defensores.

Antoine Deltour personifica los antagonismos extremos en Europa: por un lado un movimiento ciudadano cada vez más consciente de la necesidad de proteger a los informantes, pero por otro, esa oligarquía político-financiera que se resiste, de forma contumaz, a cualquier avance en la protección de los informantes, pues al final, los ven como sus enemigos.

Tal como argumentamos en el juicio, esta dicotomía también está presente en la esfera política. Deltour recibió el Premio del Ciudadano Europeo el año 2015, fue reconocido como informante por el Parlamento Europeo y el comité especial creado con ocasión de sus revelaciones. Además, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker afirmó que Deltour había actuado de forma moralmente irreprochable y no creía que fuera buena idea seguir un juicio contra él. Pero la moneda tiene dos caras y Deltour se enfrentó a juicios penales en Luxemburgo, donde fue condenado a 12 meses de prisión. 

Y si no es él... ¿quién? 

No hay duda del altruismo y la importancia de las filtraciones de Deltour, pues benefician al interés público, y en consecuencia, a todos los ciudadanos europeos. Digámoslo con todas sus letras, son filtraciones que hizo siguiendo sus convicciones morales, y no intereses personales. En este sentido, su caso es como el de Edward Snowden (entre cuyos defensores también se encuentra William Bourdon, uno de los autores de esta columna).

El problema es que no hemos reconocido estas motivaciones y no hemos sabido proteger a nuestros informantes de eventuales juicios. Así, sólo conseguiremos disuadir a quienes intenten filtrar importantes informaciones en el futuro. Pensemos en los muchos grandes escándalos en Europa que se han hecho conocidos gracias a los informantes. Quienes evitan a toda costa que se divulgue información mediante las más complejas maniobras y técnicas, son justamente los que temen enfrentar consecuencias jurídicas o daños en su reputación si su actuar se hiciera público. La necesidad de contar con informantes bien protegidos es evidente, sobre todo considerando que mucha gente oculta sus acciones en sus computadoras, altera números en su contabilidad o envía dineros a lugares recónditos. 

Nosotros solicitamos al tribunal exculpar a Antoine Deltour. Si este caso no cumple con los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para la protección de informantes, ¿entonces cuál los cumple? No hay duda de que él actuó en aras del interés público. Además, creemos que publicar sus revelaciones en la prensa era su única opción, pues PWC no contaba con mecanismos internos que le permitieran iniciar un diálogo o negociación seguros y productivos. De hecho, siempre le dijeron que las prácticas dudosas que le preocupaban no sólo eran legales, sino esenciales para la prosperidad del negocio. 

Nadie puede negar que el daño causado a PWC prácticamente es mínimo comparado con el beneficio público de las filtraciones; de hecho, las ganancias de la compañía se han incrementado últimamente. 

Dando los primeros pasos

Pero más allá de este caso puntual, es necesario proteger mejor a los informantes de posibles juicios y no simplemente “compensarlos” después. La Unión Europea y sus miembros debieran crear leyes, por ejemplo, en la forma de directivas, como hicieron el Comité TAXE del Parlamento Europeo y los Verdes, a través de un proyecto de ley. La protección ofrecida por la directiva sobre secretos comerciales, aprobada por el Parlamento Europeo el 14 de abril de 2016, es a todas luces insuficiente. Los informantes debieran ser respaldados en todo caso y no sólo si existen denuncias por conductas ilegales. Las filtraciones de Deltour no se referían a una conducta per se ilegal, pero se trataba de un daño grave al interés público, a los europeos que pagan responsablemente sus impuestos y a la ya frágil imagen de Europa.

Algunos miembros franceses del Parlamento propusieron mejorar la protección de los informantes, mostrando algo de interés en el tema, y aunque el resultado no fue perfecto, al menos fue un buen comienzo. Sin embargo, tememos que el proyecto de ley sea despojado de sus mecanismos más efectivos, pues el Senado francés ya ha demostrado ser bastante hostil con los informantes. Además, hay otros políticos en Europa que intentan a toda costa acabar con las iniciativas que buscan mejorar la protección de los informantes.

Los informantes encarnan una visión del mundo en la cual quienes dañan el interés público tienen que asumir las consecuencias, además de hacernos confiar en que se puede salir victorioso si se lucha contra el cinismo y el hiperindividualismo. Proteger a nuestros informantes es el primer paso en esa dirección.