El TISA a examen en el Parlamento Europeo: ¿apoyarán las y los eurodiputados la gran amenaza para los servicios públicos?

Los tratados de comercio e inversión de nueva generación han pasado de ser los grandes desconocidos a convertirse en el objeto de extensas campañas de rechazo que se extienden entre la ciudadanía de la Unión Europea. Gracias a estas campañas el conocimiento acerca del TTIP (Tratado Transatlántico de comercio e inversión, UE-EEUU) va aumentando y con ello la presión sobre las Instituciones europeas y los gobiernos, pero queda mucho camino para conseguir frenar la aprobación del TTIP y, desde luego, no se trata de una experiencia aislada. Al contrario, la negociación de estos tratados se ha convertido en una estrategia “normalizada” mediante la cual las empresas multinacionales y determinados Gobiernos se alían para construir un nuevo marco normativo, que desborda los límites jurídicos nacionales y supranacionales anteriores, con el objetivo de permitir derribar las “barreras” a la libertad absoluta de movimiento del capital transnacionalizado; unas “barreras” que en realidad son nuestros derechos, plasmados en normas jurídicas orientadas a preservar el bienestar de las mayorías sociales.

En el marco de esta estrategia no solo se está negociando el TTIP, sino un conjunto de tratados con finalidad similar, bilaterales o multilaterales, entre los que hay tres que destacan por su especial impacto, directo o mediato, sobre nuestras vidas: el CETA, acuerdo UE-Canadá cuya negociación ya está cerrada y que pretende aprobarse en 2016 con un contenido similar, en determinados aspectos más duro, que el TTIP; el TPP, acuerdo transpacífico entre once Estados dominado por EEUU que probablemente será aprobado el 4 de febrero en Nueva Zelanda; y el TISA, el menos conocido, que tiene como aspiración convertirse en el nuevo marco de regulación del comercio internacional de servicios, fuera del ámbito de la OMC.

Este nuevo tratado internacional de servicios en curso de negociación está siendo elaborado en Ginebra por un conjunto de 23 países (Australia, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Mauricio, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Suiza, Taiwán, Turquía, Uruguay) a los que se suma la Comisión Europea, en representación de los 28 países miembros de la UE. Este grupo de Estados representa el 70% del comercio internacional de servicios, pero hay ausencias claras y significativas como los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica). Su objetivo no es únicamente la apertura de los mercados de servicios al máximo nivel, sin exclusiones a priori de ningún sector o modo de suministro, sino el impulso de nuevas normas de regulación supranacionales para que esta libertad de circulación se maximice; un objetivo que comparte con el resto de tratados de “nueva generación” señalados más arriba. Además, a nadie se le escapa el evidente sesgo geoestratégico que indica la relación de participantes y sobretodo de ausentes.

La historia del TISA comenzó en el año 2012 impulsada por un grupo de países autodenominado Really Good Friends of Services (RGF). En marzo del año 2013 el Consejo de la Unión Europea aprobó el mandato de negociación que no se hizo público hasta pasados dos años y que se adoptó sin llevar a cabo una valoración del impacto que podría suponer este tratado para la economía y los derechos de la ciudadanía de la Unión Europea y sin consultar con la Eurocámara, dándose un plazo de dos años para la conclusión del acuerdo. El Parlamento Europeo, con su mayoría conservadora en alianza con los socialdemócratas, decidió en julio de aquel mismo año apoyar el inicio de las negociaciones (por 536 votos a favor y 111 en contra) a pesar de destacar diversas reticencias. El PE consideró en aquella resolución que los servicios representan la columna vertebral de las economías y del comercio en el siglo XXI e instó a la Comisión a promover un programa ambicioso en relación con los intereses ofensivos de la UE en materia de servicios. Sin embargo, el Parlamento también exigía la defensa de las sensibilidades europeas en materia de servicios de interés general (educación y salud pública, agua y residuos), la no adopción de ningún compromiso en relación con los servicios audiovisuales y culturales, y el pleno respeto a los derechos laborales y sociales y los convenios colectivos nacionales.

Más de dos años después de aquella resolución, en la que se exigía a la Comisión que llevara a cabo una negociación en condiciones de transparencia, se han realizado ya quince rondas de negociación, pero el contenido de los compromisos adquiridos por la UE en el TISA sigue en la sombra. La Comisión no ha publicado ni la totalidad de sus propuestas para la negociación ni los compromisos que se han ido adoptando, presentando en cambio una web orientada fundamentalmente a ensalzar las hipotéticas virtudes del acuerdo con informes banales. Aun así, gracias a las diversas filtraciones de Wikileaks y la intensa actividad de múltiples organizaciones, podemos conocer retales de lo negociado que permiten lanzar una voz de alerta respecto de las principales amenazas, que pueden concretarse en tres líneas: la afectación a los servicios públicos (provocando un efecto congelación de la situación existente y bloqueando así futuros avances en estos servicios), el impacto sobre los derechos laborales (con el peligro de la extensión de los estándares laborales más bajos de entre los países miembros del acuerdo y del dumping social) y la reducción de la capacidad de los Estados de regular sus propias normativas sobre servicios, demediando más aún los modelos democráticos en los que vivimos y agravando el modelo de “Estado-intervenido” impuesto fundamentalmente en el sur de Europa por las disciplinas económico-financieras de la UE.

Ante la votación del lunes 18 diversas organizaciones han puesto en marcha una campaña que promueve el envío de cartas a las y los parlamentarios de la Comisión de Comercio Internacional del PE para que voten una resolución en la que se indique con claridad a la Comisión Europea que no puede negociar un tratado que afecte al derecho de los Estados a regular sus servicios públicos y proteger el interés general de su ciudadanía, ni que suponga una amenaza para la salud, los derechos laborales, medioambientales o culturales… exactamente lo que hoy en día representa el TISA.

En realidad y dadas las circunstancias que rodean a este tratado, el PE debería exigir la paralización de las negociaciones por la falta de legitimidad de un mandato concedido de espaldas a la ciudanía y de unas negociaciones mantenidas con absoluta falta de transparencia. De no conseguirse este objetivo mayor, la Eurocámara debe cumplir con su tarea de representar los intereses de la ciudadanía de la UE e imponer a la Comisión una negociación fundamentada en líneas rojas como las siguientes: la protección absoluta del derecho de los Estados a regular en el presente y en el futuro sus servicios públicos, siendo libres para determinar qué servicios entran en esta definición y de ampliar este listado en cualquier momento, evitando así toda cláusula de no reversibilidad; la exclusión de las normas que regulan derechos sociales, laborales, culturales, relativos a la salud o al medio ambiente del concepto de “barrera no arancelaria”; el reconocimiento de la primacía de los derechos fundamentales de las personas, presentes en nuestras constituciones estatales pero también en los textos internacionales de derechos humanos incluyendo especialmente los sociales, sobre las libertades económicas de circulación de bienes y servicios y los derechos del capital a circular sin restricciones.

Un envío masivo de cartas a las y los parlamentarios para que defiendan a inclusión de estas premisas en el texto de la resolución, que van en la línea de las enmiendas al texto de la resolución presentadas por Lola Sánchez y diversos miembros del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea, serán un toque de atención; el seguimiento del sentido del voto de cada una de las y los parlamentarios será el siguiente paso. Señorías, las ciudadanas estamos vigilando.