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Asturias revisa por incompatibilidad el contrato con la empresa de catering de un diputado de Foro
Asturias —
La Consejería de Educación del Gobierno asturiano estudia anular, por incompatibilidad, la concesión de un servicio de comedor a dos colegios públicos del Principado a la empresa Cook Gastronomía Integral, de la que es copropietario el diputado de Foro, José Antonio Martínez. Según el parlamentario, el mismo día que la consejera de Bienestar anunciaba su dimisión, desde Educación salió un oficio para informarle de la apertura del expediente para anular el contrato.
Martínez, arropado por todo su grupo parlamentario, acusa al ejecutivo autonómico de “vendetta” por la dimisión de la consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, al airearse su participación en la empresa de su marido. Las tensiones entre el Gobierno socialista y el tripartito, que conforma la oposición parlamentaria (IU,UPyD y Foro), se han acentuado tras la marcha de Díaz y los ataques al pacto presupuestario alcanzado con el Partido Popular. En veinticuatro horas, el gabinete de Javier Fernández ha enseñado sus garras y ha entrado en el cuerpo a cuerpo.
Con los nervios a flor de piel, Foro asegura que el Gobierno “pone el ventilador en marcha para intoxicar a la opinión pública”. Asegura que hay informes de la cámara autonómica favorables a que el diputado pueda optar con sus empresas a adjudicaciones públicas. Hay que recordar, que los servicios jurídicos del Principado tampoco detectaron incompatibilidad en el caso de la consejera de Bienestar Social.
Los portavoces de IU y UPyD han salido en apoyo del parlamentario forista. El primero para defender que “un diputado no tiene capacidad de gestión” y por lo tanto no se puede comparar con el caso de la consejera, y el segundo para quejarse de lo que “parece una reacción sectaria; dice muy poco de la práctica política medianamente razonable”.
La consejera de Educación, Ana González, bromea sobre que “hay gente que le gusta el complot y esas cosas”, y explica que la decisión de abrir expediente administrativo se adoptó el 24 de septiembre, después de que la secretaria técnica de la Consejería de Bienestar Social advirtiera que un informa del Ministerio de Hacienda alertaba sobre incompatibilidades en el servicio de catering por parte de la empresa del diputado de Foro.
Los informes de los organismos dependientes de Hacienda desmonta la estrategia de “vendetta” ideada por Foro, ya que acreditan que la condición de parlamentario de José Antonio Martínez hace incurrir a la sociedad en uno de los supuestos que le inhabilitan para contratar con la administración pública, desde la fecha de su nombramiento como diputado autonómico electo. La empresa del parlamentario forista fue contratada en 2012.
“Tendría que tener una mente muy preclara para saber en septiembre que se iba a producir un ataque a la consejera de Bienestar Social. No se pueden unir las dos cosas de ninguna manera”, dice. Ana González argumenta que su Consejería no puede “obviar la legislación. Se le comunicó ahora cuando se terminó el informe. La documentación no viene con una fotografía del diputado y a esa empresa se la trata como a cualquier otra”.
En esta euforia por acorralar al gabinete de Javier Fernández, un concejal de IU del ayuntamiento de Oviedo tendrá que hacer frente a sendas demandas, una del consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre, y otra de su hijo, el diputado regional Nino Torre, por la acusación en falso, en el trascurso de una rueda de prensa, de tener una empresa constructora, OCA Construcciones. En un momento de exaltación dijo: “Todo el mundo lo sabe”.
La respuesta fue inmediata; demandas por separado del consejero y del diputado contra el concejal y un comunicado oficial rotundo: “Ni mi mujer, ni yo, ni mis hijos, ni nadie de mis familiares en cualquier grado de parentesco tuvimos en ningún momento ni tenemos acciones, ni ningún tipo de participación en la empresa OCA, ni de manera directa, indirecta, no por persona interpuesta”.
El cruce de acusaciones terminó con el edil de IU retractándose de sus acusaciones y pidiendo disculpas al consejero: “No tengo información alguna de que el consejero, ni su hijo, sean propietarios total o parcial de ninguna empresa constructora. Quede constancia que nunca pretendí atribuir al señor Torre un comportamiento inadecuado o falta de ética”.
