La gran rueda del hundimiento de la SGAE

Aquel día de finales de los despreocupados años 90 en el que Teddy Bautista posó feliz delante de una carísima mesa de mezclas, de su propio estudio, en su propia casa —un exclusivo chalé en Boadilla del Monte— fue el preciso momento en el que para algunos creadores, que no podían vivir de su arte, la SGAE empezó a hacer aguas. Aunque fuera por un agujero milimétrico.

Bautista se había convertido en presidente de la SGAE con una candidatura continuista, tras ser antes vicepresidente. Le avalaba haber triplicado la recaudación y bajado el porcentaje de los gastos de gestión, es decir, la parte del pastel que retiene la entidad a cada autor por recaudarle sus derechos. Pero ya en 1995 los socios estaban fuertemente enfrentados y por entonces era Juan Antonio Bardem el que le reclamaba falta de transparencia sobre el dinero y los votos. Bautista había abierto de par en par a las editoriales musicales —las que representan los derechos de los autores, quedándose por ello un alto porcentaje del dinero que generan las obras— las puertas de la sociedad y les había acomodado los asientos en las juntas directivas. En términos económicos, la gestión del cantante de Los Canarios como recaudador fue meteórica, lo cual contentó a la gran mayoría, y le aseguró el sillón de presidente durante 16 años, hasta que fue detenido, un día de verano de 2011, por unos posibles delitos de apropiación indebida y administración fraudulenta, en la que fue conocida como Operación Saga, todavía sin juzgar.

Entre 2007 y 2011, los periódicos cubrían profusamente la guerra del canon digital, el conflicto a cara de perro que enfrentó a internautas contra SGAE debido a la tasa que esta empezó a cobrar a los soportes de información para compensar las pérdidas por la copia privada. En el campo de batalla se utilizaron estandartes como “putaSgae” y, como daño o victoria colateral, ganó terreno el ecosistema de licencias libres y lucha contra la rigidez del copyright. Fue una denuncia de la Asociación de Internautas, con el fallecido Víctor Domingo Prieto a la cabeza, ante la Fiscalía Anticorrupción la que destapó Saga y empañó, con mucho más poder que una foto casual, la imagen de la SGAE. A la sombra de todo eso, con los focos puestos en las megalómanas operaciones inmobiliarias de Arteria, una empresa de la que Bautista también era presidente, se urde una trama de la que no se supo nada hasta años después.

A aquella trama ahora la conocemos como 'la rueda', un supuesto fraude a gran escala en la emisión de música de madrugada en las televisiones. Un negocio que podría superar los 100 millones de euros en el periodo de 2006 a 2011, en cuya investigación judicial se han detenido a 18 personas e imputado a 14 televisiones. El auto del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, en el que decide investigar a las televisiones, explica el funcionamiento de la rueda, aunque esto es algo que ya se había hecho público. Los investigados supuestamente tomaban canciones de dominio público, a las que les hacían mínimas modificaciones, a veces incluso ninguna, las grababan y las difundían en programas de canales públicos y privados en la franja horaria de madrugada, donde la audiencia es insignificante. Aunque la Fiscalía actuó en 2016, a raíz de las denuncias de asociaciones y socios, eldiario.es ya habían detallado en 2013 el funcionamiento de la rueda, que todavía no se denominaba así.

Según el auto, para que esa actividad delictiva saliera adelante, era necesario la participación de las televisiones en connivencia con algunos autores de la casa. El objetivo de las cadenas, las cuales pagan una tarifa plana a la SGAE por todo lo que emitan durante el año, sería recuperar parte del dinero, ya que las canciones seleccionadas en la franja nocturna tienen una parte de sus derechos —generalmente el 50% o un porcentaje menor en obras clásicas— gestionada por editoriales musicales creadas por las propias televisiones. ¿Y qué ganaban los autores de esas canciones? Pues además de dinero, poder. La Asamblea de la SGAE tiene un sistema de votos ponderados, de manera que acumula más votos quien más recauda.

Si la franja nocturna, que es prácticamente el único horario en el que se emite música en las cadenas de televisión, a excepción de los talent shows, está copada por una serie de autores concretos, ¿qué pasa con los otros autores, entre 10.000 y 11.000 según se estima, que habitualmente generan derechos en la televisión? Que salen perdiendo porque no les llega nada. El juez Ismael Moreno extendía a los 120.000 socios y socias de la SGAE el colectivo perjudicado.

El sistema desvelado por eldiario.es venía a confirmar lo que dos meses antes Antón Reixa, en ese momento presidente de la entidad, había denunciado en un comunicado titulado Viva la música: “Si se revisa la lista de compositores con mejores ingresos del año pasado, se tiene que pasar antes por una creciente nómina de autores (reales o presuntos) con nombres absolutamente desconocidos para el gran público”. Algunos de esos compositores, como Manuel Carrasco Tubio, sí se hicieron famosos, en cierta medida, cuando el juez Moreno los mandó detener al estar acusados de delitos como organización criminal, corrupción en los negocios y estafa. En su auto, el juez de la Audiencia Nacional acusó a Carrasco, a su colaborador Fernando Bermúdez y al músico Rafael Tena, de tejer “un entramado empresarial dedicado a la falsificación, manipulación, producción y creación de obras musicales de baja calidad, valiéndose de testaferros para ocultar sus actividades e identidades”. En los listados que examinó Reixa, apareció la madre y la exmujer de Carrasco como autoras o arreglistas de canciones y, efectivamente, que hubiera derechos cedidos a familiares, también lo valoró el juez en su auto, así como que se crearan unas empresas intermediarias que actuaban como cesionarios, de manera que la detección se hacía más opaca.

Pero en este entramado de la rueda, además de los socios y las televisiones, el juez ha encontrado indicios de que los responsables de la contratación en las televisiones o en sus productoras “parecen recibir pagos en metálico”, que podrían ser unas comisiones para que cierto repertorio se difundiera con preferencia sobre otros. Fernandez Sastrón, presidente de la Sociedad entre 2016 y 2018, también está investigado.

Porque la Comisión de Cultura del Congreso lo había fijado así, en mayo del año pasado, la Junta presidida por Pilar Jurado aprobó limitar al 20% el reparto de los millonarios derechos recaudados en esa franja nocturna para zapeadores insomnes y personas que se quedan dormidas en el sofá con la tele puesta, durante el año 2018 y 2019. La reciente Asamblea lo ha ratificado.

Cuando despertaron los autores, los editores seguían allí

Si unos sitúan la primera fisura en una foto de Teddy Bautista, un coche de lujo en manos de un artista sin éxito o en el imponente lujo del Palacio de Longoria, otros consideran que el día en el que a las siglas de la Sociedad General de Autores se le añadió la 'e' de Editores, comenzó la perversión del sistema. Aquello sucedió en 1985 pero, de alguna manera u otra, siempre habían estado allí.

“Yo siempre dije —recuerda el exvicepresidente de la SGAE Javier Losada—, desde el principio de este asunto [de la rueda], tan escabroso y tan feo, que este no es un problema de los autores, es un problema de los editores. Ahora a las multinacionales les molesta que las editoriales de televisión se queden con un dinero que es suyo. ¿Es justo que las editoriales de televisión se queden con un montón de dinero? No, no lo es. Pero tampoco es justo lo que pasaba cuando el mundo del disco”.

Cuando las grandes discográficas multinacionales, y también algunas independientes, fichan a un artista, le ponen delante un contrato para grabar discos que incorpora también una cesión de parte de sus derechos de autor a una compañía editorial que es propiedad de la misma discográfica. Las editoriales tienen mucho peso político en SGAE porque acumulan muchos votos, más aún ahora que la crisis del disco propició que las majors se compraran entre sí y solo hayan sobrevivido tres: Universal, Sony y Warner. Es un sistema circular y perverso que sienta en la misma mesa a autores y discográficas, cuyos intereses no siempre son los mismos.

“Ruedas hay muchas en los derechos de autor”, dice Losada. “Ha habido una rueda de las multinacionales pero a nadie le molestaba”. Se refiere al método por el que las majors luchaban para que su repertorio fuera radiado: las empresas de medios de comunicación decidieron crear sus propias editoriales a imagen de las discográficas, lo que les servía para que estas pudieran ceder una fracción de sus derechos editoriales a las radios y así recuperaban parte del dinero que tenían que pagar a la SGAE por derechos de comunicación pública. La propia motivación de las discográficas multinacionales para crear sus propias editoriales es, en parte, la de obtener un retorno por el enorme pago en derechos fonomecánicos que las discográficas pagaban a la SGAE en la época dorada en la que se vendían muchos discos.

Con la rueda actual, las empresas de televisión han creado su propia editorial que, indiciariamente, favorecen la recaudación de derechos solo para aquellos autores de los que podían beneficiarse vía retorno.                               

Cartas en el asunto

Si hay una petición que viene de lejos y que para los autores consultados para este artículo consideran que llega, si es que llega, “demasiado tarde”, es la intervención del Ministerio de Cultura en la SGAE, bien tomando el control sobre ella o bien revocándole los derechos de gestión que tiene concedidos. Manuel Recio, conocido como Patacho, portavoz de la agrupación Coalición Autoral pedía la intervención hace un año pero ahora considera que “la SGAE es insalvable”. “Es tal la situación interna de tensión y crispación que veríamos mejor la retirada parcial o temporal de los derechos, lo cual es una decisión política, no hace falta esperar a la decisión judicial”. “El Ministerio tiene capacidad legal para retirar la licencia porque se les está estafando”, añade.

El Ministerio de Cultura lleva casi un año intentando que la justicia le autorice la intervención, la cual fue solicitada a la Audiencia Nacional y esta lo rechazó por procedimiento inadecuado. Cultura ha recurrido al Tribunal Supremo para que aclare cuál es el órgano competente para autorizar la intervención. La idea del Ministerio es nombrar una gestora interina que ponga orden en la SGAE durante un tiempo limitado de seis meses.

Con esta espada de Damocles colgando de un pelo sobre la cabeza de la Sociedad General de Autores y Editores, se celebró una Asamblea el pasado 30 de enero con la idea de aprobar una modificación de estatutos que evitara la intervención. Era la cuarta vez que lo intentaban. Ni los presidentes Fernández Sastrón, Hevia o Pilar Jurado lo habían conseguido. Esta era la segunda oportunidad, en formato extraordinario, que lo intentaba la actual presidenta.

A la salida de los cineastas que se han llevando de SGAE para abrir la puerta de Dama, y los que como José Luis Perales o Julio Iglesias han retirado su repertorio para buscar opciones fuera de España, hay que sumar las de otros que han dado un preaviso para marcharse.

Losada habla con dolor: “es una casa a la que quiero mucho, pero no le veo un futuro esperanzador”, dice. “La recuperación es muy complicada, lo será volver a poner en funcionamiento la gigantesca rueda que significa SGAE, así como devolver la confianza. Cualquiera que entre va a estar mirado con lupa y va a heredar una gestión malísima”. La previsión de recaudación para el año que viene no llega a los 70 millones, casi la mitad que hace diez años. Una situación que disgusta a todo el mundo. “También a las multinacionales”, apunta Losada, que piensa que “están esperando una alternativa, que no es fácil, pero que creo que va a nacer, que es posible que en un futuro próximo la haya, porque la vía legal se ha abierto, la de las agencias privadas que gestionen derechos de autor”. Estas iniciativas podrán nacer de los autores o de los empresarios. Está por verse.

La Asamblea del miedo

El salón de actos no estuvo demasiado concurrido. Eso no quiere decir que se votara menos, pues se puede hacer telemáticamente, sino que había pocas ganas de escuchar, según algunos de los asistentes. El 85,19% de los votos, que fueron casi 26.000 —repartidos entre unos 60.000 y 70.000 socios con derecho a voto— aprobaron una reforma de los estatutos que la presidenta llamó “del acuerdo y del diálogo”.

La modificación de los Estatutos pretendía adecuarse a las exigencias del Ministerio que amenaza con intervenirles, y de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (Cisac) que ya les ha expulsado, con carácter temporal, el año pasado y de los cambios introducidos en la Ley de Propiedad Intelectual, debidos a la incorporación de las Directivas europeas. Como novedad se incorpora el que todos los socios que estén en activo tendrán al menos un voto en la asamblea y que los autores podrán decidir si mantienen o retiran parcialmente de la SGAE los derechos de sus obras en función de la categoría, el tipo de obra o los países donde su creación genere derechos.

“Los estatutos que se han aprobado, con artículos de dudosa legalidad, creemos que son malos”, dice Patacho, “no solucionan la gestión ni la injusticia del sistema de reparto y asignación de votos que da el poder a los grandes recaudadores, que son los de la rueda, ni soluciona los problemas que hay entre los diferentes derechos”.

“La aprobación de unos estatutos con problemas”, dice Javier Losada, “ha venido más que nada por el miedo. Se anunció que si no se aprobaba sería la destrucción de la SGAE. Pero, además de los estatutos, hay otras cosas que arreglar para que la Cisac nos readmita. Aprobar unos estatutos simplemente prometiendo que la directiva va a solucionar todos los problemas es una temeridad tremenda”.

¿Estaban lo suficientemente informados los socios de lo que estaban votando, en especial los que se habían quedado en casa para votar desde allí? Patacho contesta rotundamente “no”: “nadie, ni los que votaron electrónicamente ni los que lo hicieron en la Asamblea, ya que no se proporcionó la información necesaria con antelación”. “La gente ha votado por el miedo a que llegue algo peor”, coincide el exguitarrista de Glutamato Ye-yé con Losada, “o porque es eso lo que les interesa”. Admite también que la agrupación que representa, Coalición Autoral, no ha hecho campaña, como sí lo hicieron en otras ocasiones: “les hemos dejado ir”, dice.

Que la dirección ofreciera anticipos millonarios justo antes de la Asamblea por un dinero que judicialmente está congelado, a costa de la caja de la SGAE, tampoco templó los ánimos. Este movimiento fue calificado por el expresidente Sastrón, en su blog, como “claro abuso de posición dominante por parte de quienes estarían utilizando los medios de la entidad para captar voluntades”.

El famoso punto 5

El famoso punto 5La última Asamblea de la sociedad de autores contenía en su orden del día otros puntos además de la modificación de estatutos. El “famoso punto 5” como dicen los autores consultados, fue el que se aprobó con menor porcentaje de síes (un 71,42%) que fuentes de comunicación de la SGAE califican de “amplísima mayoría”.

Se trataba de incorporar a los ingresos de la entidad una diferencia existente en los derechos pendientes de reparto. La cantidad no era poca cosa: 10 millones de euros. El artículo de la Ley de Propiedad Intelectual 175.4 prohíbe que cualquier dinero recaudado por los derechos de autor se use en algo que no sea reparto entre autores o descuento de los gastos de administración. En la Asamblea se explicó que podrían servir para bajar los gastos de administración y, si no se hacía, estos tendrían que subir. A algunos autores consultados, esta medida les pareció adecuada. Venía respaldada por un informe de la auditoría Graham Thornton que no lo aconsejaba, pero que tampoco lo consideraba “inadecuado”. Aunque el porcentaje de descuento se debía aprobar en Asamblea, no se hizo. “¿Cómo es posible que si la recaudación es tan buena, como promulga Pilar Jurado, sin esos 10 millones tuviera que subir el descuento de administración? Si necesitas 10 millones es porque estás ocultando algo a los socios y lo primero que estás ocultando es el origen de esos 10 millones”, dice Javier Losada.

Losada, que fue miembro de la Junta Directiva y el Consejo de Dirección entre 2012 y 2017, y vicepresidente de la SGAE entre 2017 y 2018 explica que esos 10 millones los descubrió el secretario financiero Gerardo Rodríguez, estando como director general Luis Felipe Palacios. “Palacios, que había sido anteriormente director financiero, tenía ese dinero ahí reservado y no se lo había comunicado a los órganos de gobierno. Gerardo le dijo que había una discrepancia entre la caja y el reparto. Ahí empezó el asunto y por eso Luis Felipe Palacios fue despedido después. Palacios, al parecer, presuntamente, tenía eso guardado para hacer un importante ERE en la SGAE, un ERE que paramos José Miguel Fernández Sastrón y yo”. Según la documentación que reunió Losada, los desfases provenían de errores por los que algunos colegios habían cobrado más y otros menos, desconociéndose los motivos. “Por esto, cuando en una Asamblea veo que tanto Pilar Jurado como Marta Beca, la actual directora jurídica, dicen que no se sabe de dónde viene ese dinero, pues, hombre, hay algunas cosas que sí se saben. Cuando hay un dinero que hay que repartir, hay mecanismos para repartirlo”.

Pilar Jurado ha declinado hacer declaraciones para este artículo, aduciendo que muchos de los temas aquí tratados están en proceso judicial, y la entidad quiere respetar esos procesos y colaborar en ellos, pues afectan a la propia casa.