Un banco de ADN posibilitará la identificación de las víctimas valencianas de la Guerra Civil y el franquismo
El 31 de octubre de 2007 el Congreso de los Diputados aprobaba la Ley de Memoria Histórica impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En 2017, cuando se cumplieron diez años de la norma, el líder del PSOE -actual presidente del Gobierno-, Pedro Sánchez, anunció en Paterna su intención de proponer, entre otras medidas, la creación de un banco público de ADN, tal y como sugirió hace una década el juez Baltasar Garzón, para facilitar la identificación de los alrededor de 115.000 desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Esta misma semana, el president de la Generalitat, Ximo Puig, avanzaba durante el Debate de Política General celebrado en las Corts que la ley valenciana de memoria democrática contempla la creación de un banco de ADN. Lo que se pretende, tal y como explicaba el jefe del Consell es que las familias de las víctimas “puedan identificar de forma gratuita los restos de sus seres queridos”.
La ley 14/2017, de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana representa, en palabras de Puig, la “nueva cara de la Justicia” e incluye la “reparación”, el “derecho a la verdad” y la “preservación de la memoria”. En palabras del president, es necesario “hacer justicia con el pasado para poder hacer justicia con el presente”.
El texto se refiere, en el capítulo I de la norma, a la identificación de las víctimas, para lo cual se contempla la elaboración de un censo de víctimas y de mapas de localización de las fosas para poder exhumar los restos y su posterior identificación. En el artículo 12 de la ley se recoge la realización de pruebas bioantropológicas y genéticas “que permitan la recuperación de los restos óseos exhumados”.
Para ello, se prevé la creación de un sistema de banco de datos de ADN dependiente, “en su caso, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia, lugar de investigación y de depósito temporal de todos los restos exhumados hasta la entrega definitiva para su reinhumación”.
Representantes de la Conselleria de Justicia, impulsora de la ley, se reunirán la próxima semana con miembros del departamento de Sanidad para tratar de coordinar la extracción de las muestras de ADN. “Hay que ver dónde se realizan las extracciones, si a través de Sanidad en un hospital o por medio de una fundación”, apuntan desde el Consell.
En otras comunidades donde se realizan este tipo de pruebas, las fórmulas elegidas han sido: en Catalunya, la Universitat de Barcelona dispone de un registro de estas características para poder cotejarlas con los restos antiguos, allí el Instituto de Medicina Legal es el responsable de los análisis, que se realizan en el hospital Vall d'Hebron; en Navarra se encarga una empresa pública; en Andalucía la Universidad de Granada; en Madrid las ha hecho el CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas); o la fundación Biomic en el País Vasco.
Un “avance” insuficiente
Miguel Mezquida, arqueólogo de Arqueo Antro responsable de los trabajos de exhumación, entre otras, de las fosas del cementerio de Paterna (el paredón de España) destacaba este anuncio como “un avance” aunque lo considera insuficiente, porque reclama que se garantice la continuidad independientemente de que se produzcan cambios de gobierno, así como una base de datos común para toda España, que la coordinación fuera a nivel estatal, aunque sean las comunidades autónomas las que se encarguen de la recogida de las muestras. “En fosas valencianas hay cuerpos de vecinos de Ciudad Real, de Murcia, de Almería... igual que en Extremadura, en Andalucía o en Aragón murieron y están enterrados valencianos”, explicaba.
En su opinión, este banco de ADN es una “herramienta fundamental” que vienen reclamando desde el principio de legislatura. “Deberían haberlo priorizado”, considera. Arqueo Antro lleva año y medio recogiendo muestras de los familiares a través de la empresa con la que tienen conveniados los análisis de los restos exhumados para facilitar las identificaciones: “nosotros tenemos más de 300 muestras, aunque lo ideal sería que lo gestionara directamente la Conselleria”.
Alicante, 'capital de la Memoria'
Ximo Puig aprovechó su comparecencia para explicar que en 2019 Alicante será la 'Capital de la Memoria', en recuerdo de que en 1939 fue “capital de la República”. “De la derrota a la esperanza”, ha apostillado el president para señalar que el puerto de Alicante, el campo de los Almendros, la prisión en Benalúa, la Finca del Poblet o el campo de concentración de Albatera, “evocan la lucha, la resistencia y el sufrimiento de los demócratas españoles frente al fascismo que asoló Europa en el siglo XX”. “Un impulso a la memoria para reivindicar que la Comunitat Valenciana ha sido tierra de colores, incluso, en los momentos más grises”, ha enfatizado Puig.
