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Podem plantea crear una empresa pública de electricidad para abaratar las facturas a las familias

Rubén Martínez Dalmau y Antonio Estañ junto a los cabezas de lista para las elecciones autonómicas

Laura Martínez

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Podemos está sacando su lado más verde en la campaña electoral. Los morados han elaborado una batería de medidas para virar el modelo productivo hacia uno más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. La apuesta de la formación morada se resume en la 'Nueva Transición Verde', un documento que incluye varias propuestas de transición energética, entre las que se encuentra 'desconectar' la gestión de la electricidad de las empresas privadas.

A imagen del proyecto de Ada Colau, que opera desde febrero de 2018, el equipo de Rubén Martínez Dalmau, candidato a la presidencia de la Generalitat, propone crear una empresa pública de ámbito autonómico que comercialice el servicio eléctrico para la Comunitat Valenciana. En algunos municipios valencianos como Ontinyent se han probado experiencias con mercantiles públicas que gestionen este servicio, aunque la morada sería la primera a nivel autonómico. Este ayuntamiento de La Vall d'Albaida ingresó 273.000 euros por la venta de energía procedente de sus placas fotovoltaicas.

En marzo de 2017 el Ayuntamiento de Barcelona aprobó crear una empresa de titularidad pública para dar servicio a la ciudad. La comercializadora municipal empezó a operar en febrero de 2018 y gestionaba el consumo anual de cerca de 20.000 hogares y varios edificios públicos, una potencia que generaba en base a placas solares instaladas en locales de titularidad municipal. El consistorio barcelonés pagaba a Endesa una factura cercana a los 34 millones de euros anuales.

El objetivo de los morados es “rescatar” la producción energética, sacar la red municipal y familiar del oligopolio de las grandes hidroeléctricas españolas y abaratar las facturas, un objetivo prioritario para las unidades familiares humildes. En 2018, Cruz Roja atendió a 1.300 familias en su programa de pobreza energética solo en la ciudad de Valencia. El consistorio ha pagado entre 2015 y 2018 55 millones de euros en facturas eléctricas.

La energía desarrollada por la empresa pública sería 100% limpia, con especial atención a la eólica y a la solar, alejada del modelo de combustibles fósiles. Según explican desde Podemos, la energía generada serviría además como motor de las desaladoras, una fuente de generación de energía más rentable -en términos medioambientales- que un trasvase.

Los derechos asociados del medio ambiente, en el Estatut de Autonomía

La formación morada considera que el Estatut de Autonomía, la máxima norma valenciana, debería incluir el nuevo pacto social y los derechos relacionados con el medio ambiente. Algunas constituciones latinonamericanas ya incluyen protección jurídica para los recursos medioambientales.

A juicio de Podem, el Estatut debería incluir el “blindaje de los derechos sociales como la educación, la sanidad, los cuidados, la vivienda o el empleo en condiciones dignas”, para lo que consideran necesario integrar la vertebración del territorio, el derecho a la movilidad y “el conjunto de derechos asociados al medio ambiente como el de una agua y un aire limpios, o el acceso a nuestro entorno natural”. En el mismo sentido, plantean que la norma autonómica integre “el respeto a la igualdad entre mujeres y hombres en todos los aspectos o el derecho a una sexualidad libre y el respeto de las personas LGTBI”.

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