Los más de 73.000 apartamentos turísticos legales duplican las plazas hoteleras en la Comunitat Valenciana
- La ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad otorga competencias a los ayuntamientos valencianos para regular los apartamentos turísticos
La regulación de los apartamentos turísticos es uno de los principales retos a los que se enfrenta la Administración. Actualmente, en la Comunitat Valenciana existen más de 73.000 viviendas de este tipo registradas en la Agència Valenciana de Turisme -44.277 en Alicante, 14.664 en Valencia, 14.111 en Castellón-, lo que supone una oferta próxima a las 300.000 plazas en todo el territorio valenciano.
En lo que llevamos de año se han dado de alta cerca de 4.300 nuevas viviendas turísticas, una cifra superior a las que se registraron en el mismo periodo de 2017 (3.749) y 2016 (2.292). Además, hay 47 expedientes sancionadores abiertos a particulares titulares de apartamentos turísticos, mientras que en lo que se refiere a plataformas de comercialización de viviendas por internet, se han abierto 31.
Estos datos contrastan con las cifras de establecimientos hoteleros. Según el informe 'El turismo en la Comunitat Valenciana 2017', el pasado año había alrededor de un millar de hoteles con unas 123.000 plazas.
Ley valenciana de Turismo
En mayo, las Corts Valencianes aprobaban la ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad, una norma que otorga competencias a los ayuntamientos valencianos para regular el tema de los apartamentos turísticos. Los propietarios que quieran inscribir alojamientos en el registro de la Agència Valenciana de Turisme, requisito obligado para ofertarlo en las diferentes plataformas de alquiler, necesitará un informe favorable de compatibilidad urbanística de su ayuntamiento.
La nueva ley eleva las multas por incumplimientos reiterados a 600.000 euros -en 2016 se abrieron siete expedientes a las plataformas Homeaway, Milanuncios, Niumba, Airbnb, Fotoalquiler, Rentalia y Ya encontre-Ya Hetrobat y se impusieron sanciones de entre 4.000 y 30.000 euros-.
En este sentido, el Partido Popular ha exigido esta misma semana la suspensión de los artículos de la ley de Turismo que hacen referencia a la necesidad de obtener este informe de compatibilidad. Así, proponen que el requisito exigible sea la licencia de primera ocupación o antigua cédula de habitabilidad, que certifica y avala que un técnico municipal ya ha visitado y certificado la vivienda y que es apta para ser considerada como vivienda. Con ello, como explicaba la líder del PP valenciano, se pretende desbloquear la inscripción de nuevas viviendas en el registro autonómico.
Campaña contra el intrusismo
El pasado mes de julio, el Gobierno valenciano puso en marcha la campaña #BeLegalMyFriend (que también se desarrolla en el ámbito estatal), una iniciativa que pretende “sensibilizar y apostar por un turismo responsable y sostenible” fomentando la regulación de las viviendas turísticas vacacionales. Otro de sus objetivos se centra en luchar contra el intrusismo.
Valencia, en guerra
Sin ser Benidorm, la ciudad de Valencia, tal y como apuntaba hace un año la concejala de Turismo, la socialista Sandra Gómez, se encuentra al borde de la 'burbuja' con 4.714 apartamentos turísticos, de los que que menos de la mitad estaban regulados. El resto, unas 2.500, correspondían a particulares que las alquilan sin ningún tipo de control. Esta oferta habitacional suponía alrededor del cincuenta por ciento del número de plazas disponibles en la ciudad. El Ayuntamiento ha declarado la guerra a este tipo de establecimientos, intensificando las inspecciones. Incluso se valoró la idea de imponer una tasa.
En este sentido, la patronal hotelera Hosbec ya alertaba el pasado mes de marzo que la oferta de la plataforma Airbnb supera a la de los hoteles en la ciudad, un fenómeno que se ha producido en tan solo tres años. Hosbec insiste en la necesidad de combatir la “hotelización” de viviendas sin autorización desde las diferentes administraciones. No van en contra del alquiler vacacional, sino de los “hoteles encubiertos”.
La lucha se centra, de momento, en invertir la proporción entre la oferta regulada y la oferta ilegal. En esa línea va la ley autonómica recientemente aprobada.
