El pacto para la reconstrucción de Castilla y León bloquea una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de mayores

Castilla y León ya tiene listo el pacto de reconstrucción que firmarán este miércoles, en principio, todos los grupos parlamentarios. El documento, al que ha tenido acceso eldiario.es, consta de 86 puntos con muchas generalidades y algunas medidas concretas que fueron avanzadas en su día. Pero destaca especialmente el bloqueo implícito de la comisión de investigación propuesta por Podemos sobre lo ocurrido en las residencias de mayores, cuando el Gobierno autonómico prohibió derivar a los ancianos enfermos de los centros sociosanitarios a los hospitales, tal y como desveló este diario. Lo que se acuerda y aparece en el tercer punto del documento es que la Junta elabore “un informe de la incidencia y prevalencia del coronavirus en esos centros, sobre las actuaciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos para llevarlo a evaluación y debate en la comisión competente de las Cortes de Castilla y León”. Con esta vía se da carpetazo a uno de los asuntos más sensibles en la gestión de la pandemia por parte del Gobierno autonómico.

Fuentes del grupo negociador del pacto confirman a eldiario.es que se impuso como condición que se excluyera cualquier posibilidad de llevar a una comisión de investigación la actuación en las residencias a cambio de ceder el Ejecutivo en otros asuntos  del ámbito social y sanitario. Podemos ni siquiera ha podido intervenir en la negociación de este punto ni de ningún otro, ya que los partidos minoritarios que integran el Grupo Mixto (Podemos, UPL, X Ávila y Vox) han conocido las medidas de este pacto durante la mañana de este martes.

El documento parte de la creación de un 'Grupo de expertos de Sociedad de la Comunidad' que estará formado por personalidades de “reconocido prestigio social y profesional en sus respectivos campos de actividad” y en los que estarán conformes los firmantes.

La misión de estos expertos consistirá en elaborar propuestas y emitir opinión sobre las cuestiones que se le planteen por los titulares de los distintos centros directivos de la Junta de Castilla y León. El Grupo, tras un análisis elaborará un documento con una propuesta de actuaciones para la toma de decisiones que deban adoptar los órganos competentes. Para el desarrollo de su trabajo, podrá llamar a especialistas o colectivos de interés.

Se constituirá además una Conferencia de la Sociedad de la Comunidad, convocada por la Junta y constituida por integrantes de los distintos ámbitos institucionales, sociales, económicos, culturales y educativos de Castilla y León para que, sobre la base de las conclusiones elaboradas por el Grupo de Expertos a partir de las orientaciones de los centros directivos de la Administración, se reivindique o perfeccione en un documento que constituya un análisis y una propuesta de actuación de carácter técnico en las materias oportunas como consecuencia del nuevo escenario que se abre tras la crisis COVID-19.

Por otro lado, se solicitará al Consejo de Cuentas que incorpore a su plan de 2021 la fiscalización de la contratación realizada así como de las actuaciones de gestión llevadas a cabo por la Junta durante la crisis sanitaria. Se menciona además el compromiso por la transparencia, la evaluación de las políticas y la rendición de cuentas, que afectará a la Administración Autonómica y “se propondrá e impulsará ” a las Diputaciones y a los municipios de más de 20.000 habitantes.

En el apartado de Sanidad “con criterios de calidad y equidad”, destaca la orientación de las dotaciones económicas, “con carácter prioritario”, a asegurar los equipos de protección necesarios, los suministros de material, equipamiento técnico, las retribuciones de los profesionales, los test de diagnóstico, el desarrollo tecnológico, la disponibilidad de los recursos sanitarios que fueran recomendables y el reforzamiento del los servicios de apoyo vinculados a la crisis COVID-19. En resumen, la Junta tratará de estar preparada ante un rebrote.

Calidad y equidad del modelo sanitario

Por otro lado, se abordará el modelo de ordenación sanitaria de la Comunidad sobre la base de la “calidad y equidad” de la asistencia considerando aspectos sociales y territoriales y teniendo en cuenta la experiencia de la pandemia y la evolución del sistema sanitario en los últimos años. Aunque no lo menciona expresamente, se trata de evitar situaciones como las vividas en Soria y Segovia, donde la débil estructura sanitaria se hizo evidente desde el inicio de la pandemia.

En cuanto al nuevo modelo de Atención Primaria, se trabajará en adaptarla y asegurarla, garantizando la seguridad de profesionales y pacientes en centros de salud y consultorios. Estos abrirán pero con un triaje telefónico previo, dice el documento. Habrá un periodo de tres meses, mientras se avanza con la definición del nuevo modelo, en el que no se implementarán reformas estructurales.

250 millones para recuperar la Sanidad y prepararla para un rebrote

La Junta dotará de un fondo de 250 millones a la “recuperación de la sanidad”, considerando la incidencia territorial de la pandemia y que reforzará la Atención Primaria para hacer frente a la desescalada. Incluirá la contratación de profesionales  y suministros, epidemiólogos y profesionales de medicina preventiva y la mejora de la estructura y dotación de las UCIs, Unidades Medicalizadas de Emergencias y de Soporte Vital Básico -como los respiradores que tanto costó conseguir en el pico de la pandemia-. Se trabajará además en estrategias ante un rebrote, humanización de cuidados o investigación.

En cuanto a la “recuperación de la economía y el empleo”, se establecerán “nuevas medidas de choque” para favorecer el empleo d elas personas y colectivos más afectados por la crisis. La Junta pedirá que se mantengan las “transferencias finalistas” a recibir por la Comunidad, correspondientes a políticas activas de empleo. Habrá además un incremento de la dotación para la mejora de la liquidez de autónomos y pymes. No hay demasiada concreción en las estrategias, pero no olvida a ningún sector, desde el de la automoción al de la agricultura. Además se repiten compromisos electorales, como el de la extensión de la banda ancha y la telefonía móvil en el medio rural.

Revisión del modelo de residencias

En “Protección social”, tampoco hay demasiadas novedades. El primer punto es revisar el Modelo de Atención Residencial para adaptar el mismo a las nuevas circunstancias. Contempla un “refuerzo de la estructura y el plan de inspecciones anual con la incorporación de nuevas tecnologías”. 

Además, se regulará las condiciones de acceso y formación permanente de los titulares de las direcciones de los centros o la prevalencia de los usuarios en habitaciones individuales. También se reforzará “el carácter, el control y la responsabilidad pública de los centros residenciales de personas mayores de titularidad municipal”.

Se elaborará una Ley de Atención Residencial y se incrementarán en un 25% las plazas residenciales de responsabilidad pública y se crearán líneas de ayuda al tercer sector que presta servicios en el ámbito de los servicios sociales para que se doten de EPIs, además de darles apoyo técnico para formación y asesoramiento en medidas de prevención de contagios. Hay también medidas para familias, víctimas de violencia de género y ayudas para la vivienda.

Ayudas para que las familias accedan a ordenadores para niños en edad escolar

En el apartado 'Funcionamiento de los servicios públicos', se ampliará la opción del teletrabajo y la teletramitación. Además, se garantizará la “equidad educativa” abordando la brecha digital y potenciando programas de ayuda en colaboración con el Gobierno de España “para que nadie se vea privado de la oportunidad de estudiar a causa de la crisis sanitaria”.

La Junta establecerá ayudas directas por valor de tres millones de euros a familias en situación vulnerable, con hijos e hijas en edad escolar, para el acceso a ordenadores y conexión a internet. También se reducirán las tasas universitarias y se destinarán 8 millones de euros a becas de Bachillerato, FP y estudios universitarios.

La Junta destinará 728 millones de euros para el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 2021-20125, que establecerá infraestructuras y equipamientos de carácter sanitario, educativo y social.

En el punto 'Castilla y León en la financiación, en la España Autonómica y en la Unión Europea' destaca la constitución de un Fondo Extraordinario Covid-19 por importe de 80 millones cuya mitad se transferirá a las Corporaciones Locales de Castilla y León para actividades relacionadas con el empleo y la inversión. La otra mitad del fondo se gestionará por la Junta, 20 millones, y los 20 restantes se transferirá a entidades locales para para finalidades destinadas a Servicios Sociales.

Por otro lado, se reiterará al Gobierno de España que abone las cantidades pendientes a las Comunidades Autónomas como consecuencia de la no devolución de la liquidación del IVA y destinar las mismas a financiar los mayores gastos de la crisis del COVID-19. Mientras todo esto ocurre, se suspenderá el trámite parlamentario por el que se debate el Proyecto de Ley para eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.