Después de un 2015 marcado por las cifras históricas que dejaba la pena de muerte en todo el mundo, en 2016 el número de ejecuciones cayó un 37%, según el informe anual de Amnistía Internacional publicado este martes. En el estudio, la organización hace especial énfasis en China, cuyos datos, clasificados como secreto de Estado, no aparecen contabilizados a pesar de que se estima que “ejecutó a más personas que todos los demás países del mundo en conjunto”.
Sin contar al país asiático, 1.032 personas fueron ejecutadas el año pasado en el resto del mundo, por debajo de las 1.634 del año anterior, precisa la ONG. La bajada se debe, principalmente, a un menor número de ejecuciones en Irán y Pakistán, con descensos del 42% y el 73% respectivamente.
Tras el seguimiento de las ejecuciones y las condenas a muerte en China durante 2016, la ONG apunta en su informe a que “estas cifras seguían siendo miles”. Según sus estimaciones, China es el “principal verdugo” del mundo ya que “ejecuta a más personas que el resto de países juntos”. Entre 2014 y 2016, Amnistía Internacional calcula que al menos 931 fueron ejecutadas, de las cuales “solo 85 de ellas constan en las bases de datos del Estado”.
“El gobierno chino persiste en ocultar activamente la verdadera magnitud de las ejecuciones. Es hora de que China levante el velo de este terrible secreto y deje por fin de esconder su sistema de pena de muerte”, sostiene Salil Shetty, secretario general de la organización.
Irán, Pakistán, China, Arabia Saudí e Irak son los Estados que más aplican la pena capital en el mundo. Egipto, Somalia, Bangladesh y Afganistán se encuentran entre los diez primeros. En 2016 se registraron 3.117 condenas a muerte en 55 países, “un incremento significativo” respecto al total de 2015, 1.998 condenas.
EEUU reduce el uso de la pena de muerte
El informe revela que, por primera vez desde 2006, Estados Unidos no se encuentra entre los primeros cinco puestos. Amnistía Internacional lo atribuye, en parte, a “los litigios y los recursos judiciales sobre la obtención de sustancias químicas para su uso en los procedimientos de inyección letal”.
En 2016, la primera potencia mundial ejecutó a 20 personas y condenó a muerte a 32, los números registrados más bajos desde 1991 y 1973, respectivamente. “Un signo claro de que jueces, fiscales y jurados dan la espalda a la pena de muerte como medio de administrar justicia”, opina la ONG, que a su vez advierte de que aún 2.832 personas permanecen en el corredor de la muerte y alerta de un posible repunte este año debido al “terrible número de ejecuciones programadas” en el mes de abril en Arkansas.
La organización denuncia que, en Malasia y Vietnam, “la magnitud de las ejecuciones fue aun mayor de lo que se pensaba”. En el caso de Vietnam, basado en información de medios de comunicación del país, 429 personas fueron ejecutadas entre agosto de 2013 y junio de 2016, lo que, a juicio de la ONG, indica que “ha sido en secreto el tercero del mundo por el número de ejecuciones en los últimos tres años”.
En Malasia más de 1.000 personas están a la espera de ejecución y nueve fueron ejecutadas en 2016. En otro país de la región, Filipinas, se está intentando reinstaurar la pena capital, abolida en 2006. Maldivas, afirma la ONG, “amenaza con reanudar las ejecuciones después de más de 60 años”.
Benín y Nauru abolen la pena capital
En Oriente Medio y el Norte de África, el número de ejecuciones disminuyó un 28%. África subsahariana registró menos ejecuciones el año pasado, pero el número de condenas a muerte se ha duplicado: de 443 en 2015 a al menos 1.086 en 2016, cifras que se deben, sobre todo, a un fuerte incremento en Nigeria.
En esta región africana también se dieron algunos pasos para acabar con la pena de muerte: Guinea abolió la pena de muerte para delitos comunes y Benín, al oeste del continente, la abolió para todos los delitos, al igual que la isla de Nauru, en el océano Pacífico. Chad y Guatemala también tomaron “medidas significativas” para la abolición.