La fiscalía catalana echa a la calle a un menor porque no se cree su edad

Cuando tenía 12 años, murió su padre. La vida con su madre, ciega, era difícil. “A veces, no era fácil conseguir algo para comer”, cuenta el menor, ahora con 17 años. Por eso dejó su hogar y acabó en Barcelona. Cuando los Mossos D'Esquadra encuentran a menores en situación de desamparo los recogen para que la Administración los integre en su sistema de protección. Su obligación es protegerlos. Sin embargo a Adika, natural de Ghana, cuando dijo que era menor de edad no lo creyeron porque no tenía ningún documento que lo acreditase. Tampoco cuando consiguió por fin su pasaporte, expedido por la embajada de su país en Madrid que así lo acredita. “La Policía Nacional me dijo: 'A la calle!”. Salió de la comisaría con una orden de expulsión.

El Estado tiene la obligación de hacerse cargo de cualquier menor que se encuentre en su territorio, sea nacional o extranjero e independientemente de la situación administrativa del menor. Son niños, se encuentran solos y, por tanto, son su responsabilidad. En España, las competencias en protección a la infancia están en manos de las comunidades autónomas.

Sin embargo, varias ONG denuncian que, cuando los menores son adolescentes (e inmigrantes) y se acercan a los 18 años, algunas administraciones evitan cumplir con su obligación. Muchos jóvenes llegan a España sin documentación que acredite su edad y, en los casos en los que las autoridades juzgan que por su aspecto físico podría tratarse de mayores, someten a los adolescentes a unas pruebas médicas de determinación de la edad. Los exámenes –muy criticados, entre otros, por la Defensora del Pueblo– consisten en radiografías de muñecas y exploración de genitales, entre otras pruebas. Si los resultados apuntan que superan los 18 años, los jóvenes son abandonados en la calle, generalmente con una orden de expulsión en la mano.

Pero Adika (nombre ficticio), con un pasaporte y un certificado que sitúan su nacimiento el 22 de agosto de 1997, en Accra, también se vio obligado a someterse a estas pruebas médicas. La primera vez que tuvo contacto con los Mossos no tenía documentación y se negó a hacerse los exámenes. “En mi iglesia dicen que las radiografías tienen graves efectos”, justifica el chico a eldiario.es. Ante una negativa, las autoridades consideraron al joven mayor de edad, algo que permite el nuevo protocolo MENAS (para Menores Extranjeros no Acompañados), aprobado por el Gobierno en verano.

La abogada de oficio de Adika recurrió su orden de expulsión y, cuando el joven consiguió que su madre le enviara su partida de nacimiento desde Ghana, la letrada comunicó a la Fiscalía de Menores de Barcelona que Adika debía acceder al sistema de protección catalán. Con la partida de nacimiento, el adolescente fue hasta la Embajada de Ghana en Madrid, donde le expidieron el documento oficial que acredita su origen. También el nombre de sus padres, su lugar de nacimiento. En la institución confirman a eldiario.es la emisión del documento: “Sí, aquí está”, apuntan fuentes de la Embajada de Ghana mientras repiten el nombre completo del joven. Figura en su registro. El 23 de noviembre de 2014 emitieron su pasaporte.

Pero ni con la documentación oficial Adika ha conseguido evitar los exámenes médicos. Fueron ordenadas unas segundas pruebas, a las que finalmente se sometió, y que determinaron que tenía 19 años. Y acabó en la calle el pasado 5 de marzo. “El sitio donde duermo no está bien, está en un edificio antiguo. No hay calefacción, he pasado mucho frío”, lamenta el menor. Las humedades corroen las paredes de su habitación, según se aprecia en las fotografías que envía.

Rechazo sin justificación

“Es muy grave”, denuncia Albert Parés, abogado de la asociación Noves Vies, que colabora con el caso de Adika. “Tiene un pasaporte que acredita su fecha de nacimiento y aun así la Fiscalía ordenó que se le hicieran las pruebas de edad. Eso va en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo”. El alto tribunal sentó un precedente legal el pasado verano con dos sentencias, a las que se han sumado dos más desde entonces, en las que prohíbe la realización de pruebas médicas a menores que cuenten con documentación válida.

Al hablar de pasaporte o documento de identidad válido, excluye a aquellos que presenten dudas sobre su veracidad porque presenten signos de falsificación, por ejemplo. Si caben dudas sobre la autenticidad de un documento, el Tribunal Supremo exige un “juicio de proporcionalidad” sobre las razones para recharzarlo. “No ha habido nada de eso. La Fiscalía no justifica por qué no acepta los documentos”, denuncia Albert Parés. El documento que decreta su mayoría de edad, al que ha tenido acceso eldiario.es, recoge la presentación del pasaporte por parte de Adika pero no por qué la Fiscalía no admite su validez.“Se podría hablar casi de prevaricación”, añade el letrado. La Fiscalía de Menores de Barcelona no ha respondido a eldiario.es sobre los motivos para rechazar el documento.

En la Embajada de Ghana apuntan que cuando emiten un pasaporte comprueban que los datos de la partida de nacimiento son correctos. “Tienen que aceptarlo, lleva la firma del cónsul y el sello de Ghana”, explican en la institución.

Lourdes Reyzábal, presidenta de la Fundación Raíces, señala que estas prácticas se repiten en varias administraciones. “Después de las sentencias del Supremo aún encontramos Comunidades que quieren hacer las pruebas de edad a adolescentes con pasaportes. Es curioso, porque a nosotros nos dicen que es porque no confía en los registros civiles de determinados países. Pero nunca cuestionan las partidas de nacimiento de los mayores de edad, ni de los niños que están con sus padres. Lo hacen de estos menores que están aquí solos, sin nadie que los defienda”.

Aunque en los próximos días uno de sus abogados de oficio presentará un recurso contra el cierre de su expediente en el sistema de protección de menores –abierto mientras se resolvían las pruebas médicas de edad–, Adika no sabe qué va a pasar. “Pido a Dios que vuelva al centro de menores”, dice desde su cuarto, donde lee un diccionario básico de catalán. Cuando dejó atrás Níger, Liberia y Marruecos, entre otros países, con tres compañerso de viaje, quería ser abogado en Europa. “Es mi sueño”.