Israel cierra la puerta a los africanos

Ser tratados como seres humanos, y no como delincuentes, es la principal demanda de las decenas de miles de refugiados eritreos y sudaneses que se han echado a la calle esta semana en Israel. La reciente aprobación de una draconiana Ley de Inmigración ha revocado los visados temporales y otorgado poderes a la Policía para arrestar y mantener detenidos sin cargos durante un año a los inmigrantes sin papeles, aunque no hayan cometido delito o falta algunos y haberse ganado la vida honradamente.

Israel, el país que recibe con los brazos abiertos a los inmigrantes judíos que llegan de todo el mundo, no es tan generoso con los que llegan de los países castigados por la guerra en África.

La ofensiva contra los extranjeros ha provocado la movilización de unos 60.000 demandantes de asilo, que reclaman que exista un documento que otorgue al solicitante el estatus de refugiado y, por tanto, el derecho a residir en el país, a trabajar legalmente y a acceder a servicios básicos como la sanidad o la educación.

Hasta el momento se han recibido 14.500 solicitudes formales de asilo, según la Comisión para los Trabajadores Extranjeros de la Knesset (Parlamento israelí), de las que 11.000 ya han sido revisadas. Sin embargo, de entre todas estas peticiones, sólo 24 han sido admitidas, lo que los subsaharianos interpretan como la ausencia de voluntad política para dar una respuesta justa a sus reivindicaciones.

De hecho, el presidente de la Knesset, Yuli Edelstein –quien paradójicamente fue un inmigrante de origen ruso que sufrió todo tipo de penalidades para poder salir en su momento de la extinta Unión Soviética– se negó a recibir a los representantes de los inmigrantes, que esta semana se concentraron frente al Parlamento.

La negativa de Edelstein, quien ademas fue ministro de Absorción e Inmigración del primer Gobierno de Netanyahu entre 1996 y 1999, fue respondida por algunos diputados del Partido Laborista como Eral Margalit y Merav Michaeli. Ambos salieron de la sede parlamentaria para entrevistarse con los inmigrantes que abarrotaban los jardines adyacentes. Eso sí, rodeados de guardaespaldas por lo que pudiera ocurrir. Finalmente este evento se convirtió un acto político multitudinario en el que también participaron el candidato a alcalde por el partido progresista Meretz Nitzan Horowitz y el conocido escritor de izquierdas David Grossman.

No están solos

Además de estas muestras de solidaridad por parte de algunos políticos e intelectuales, hay toda una red de ONG que prestan apoyo legal, sanitario y logístico a los inmigrantes subsaharianos. Entre éstas destaca la Organización para la Ayuda de los Refugiados en Búsqueda de Asilo (ASSAF, según su acrónimo hebreo). Su portavoz, Orit Maron, denuncia cómo “antes las autoridades les trataban como criminales, pero si más adelante lograban legalizar su situación, obtenían un permiso de residencia que debían renovar cada tres meses”, como cualquier otro extranjero llegado a Israel con visado de turista.Ahora todo eso ha cambiado con nueva Ley de Inmigración.

Según Orit Maron, a la que algunos comentaristas de derechas acusan de ser la organizadora de las manifestaciones de esta semana, el Estado de Israel –por su propia genealogía como refugio para inmigrantes judíos que fueron víctimas de la persecución política– debería mostrar sensibilidad ante el drama de los subsaharianos, la mayoría de ellos procedentes de países con conflictos abiertos y gobiernos represivos como Eritrea y Sudán. Tal y como comenta esta activista, el viaje que emprenden no es fácil. Al atravesar la Península del Sinaí a muchos les secuestraron las tribus beduinas y sus familiares tuvieron que pagar rescates que ascendían hasta los 40.000 dólares (algo más de 35.000 euros).

Las extorsiones no hacen sino aumentar la angustia de estos sudaneses (procedentes tanto de Sudán, como del actual Sudán del Sur) y eritreos, desorientados en un país que no les deporta –Israel es firmante de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) que impide la deportación al país de origen en caso de caso de existir riesgo de persecución “por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas”– pero que tampoco les concede ningún derecho ni visado de trabajo. “Están en un limbo legal, lo único que tiene que hacer Israel es aceptar su solicitud de asilo, valorarla y, si realmente considera que no existen tales riesgos, ya puede deportarles como piden los políticos”, explica Orit Marom.

“En el Sinai les amenazan con matarles, o lo que es peor, con extraerles los órganos, hay todo un trafico humano en torno a ellos”, añade Maron en una entrevista celebrada en la oficina que ASSAF tiene en Tel Aviv. La activista cuenta que algunos llegan con cicatrices en la espalda, “lo que significa que o han vendido uno de sus riñones para poder salir de ese infierno o sus captores les han obligado a hacerlo bajo amenaza de matar a otros miembros retenidos de su familia”, concluye.

Según otro informe de la ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos, la inmigración ilegal a través del Sinaí representó una auténtica tragedia humana, dado que muchos de ellos se vieron retenidos en campos de internamiento gestionados por los beduinos, que llegan a cobrarles grandes sumas de dinero por pasarles al otro lado. Entre aquellos que logran llegar a Israel, un tercio denunciaron haber sido víctima de torturas, mientras que dos tercios de las mujeres denunciaron haber sido violadas.

Medidas draconianas

A pesar de todos estos estudios realizados desde el ámbito no gubernamental, el Gobierno israelí les sigue considerando inmigrantes ilegales (o “infiltrados”, termino comúnmente utilizado por los politicos conservadores israelíes). Para el ministro del Interior, Gideon Sa'ar, no se trata de demandantes de asilo político sino de meros inmigrantes económicos, que persiguen únicamente un trabajo mejor al que tendrían acceso en sus lugares de origen.

Las conspiraciones también tienen un sitio en las reacciones de las autoridades israelíes. El ministro de Seguridad Pública, Isaac Aharonovich, afirma que el problema es más grave, ya que forma parte de una estrategia inducida desde el exterior para incrementar el número de minorías no judías, lo que a largo plazo llevaría a la disolución de Israel como Estado judío.

Aharonovich ya ha dado órdenes a la Policía Nacional y a la Guardia de Fronteras para que extremen los controles en aquellas zonas en las que residen más inmigrantes, procedan a su detención y su internamiento en el macrocomplejo de Holot, situado en el desierto del Neguev, que algunos activistas ya han definido como una “prisión a cielo abierto”.