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El limbo de los niños nacidos en el camino de sus madres migrantes hacia España

Imagen de archivo. Una mujer migrante sostiene a su hijo mientras desembarca de un barco tras ser rescatada por las autoridades marítimas españolas en el puerto de Motril en 2020.

Gabriela Sánchez

11 de junio de 2022 21:25 h

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“¿Es verdad que los niños tienen derecho en este país?”, se preguntaba la madre de Anna, una niña de siete años nacida en Marruecos, en su camino hacia Europa desde Camerún. Su pequeña tiene siete años. Su niña respira, salta, juega, pero a ojos de la Administración, Anna no existía en España.

No existía porque ningún papel acreditaba su nacimiento ni su identidad por haber nacido durante su camino clandestino hacia España, en concreto en Marruecos, donde las personas migrantes se enfrentan a numerosos peligros, multiplicados en el caso de las mujeres. No existía porque, a pesar de acudir a las autoridades marroquíes, españolas y camerunesas, nadie le daba una solución: “Ver crecer a un hija inocente sin ninguna documentación no es una situación deseable. Algunas madres lloran porque sus hijos están enfermos y otras por falta de una firma en un papel para que sus hijos sean identificados como seres integrales en una comunidad”, decía su madre. Anna ha logrado, en una sentencia pionera conocida esta semana, el reconocimiento de la nacionalidad española. El Gobierno ha asegurado que no recurrirá la resolución judicial. 

Pero el caso de Anna, dicen varios expertos consultados por elDiario.es, no es aislado. Tampoco estiman grandes cifras, pero cada pequeño que se encuentra en esta situación sufre el riesgo de vivir en Europa sin documentación que pruebe su existencia. Según los datos facilitados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, en 2021 llegaron 986 menores acompañados a las costas, pero el número de quienes nacieron en el trayecto de sus madres hacia España es desconocido. 

“Aunque no son miles, hay más casos, pero no podemos saber cuántos son. No hay muchos, pero aunque sean pocos, hay niños en España sin protección de derechos fundamentales por haber nacido en el tránsito migratorio”, dice José Alberto Navarro Manich, abogado de la Fundación Profesor Uría que ha llevado el caso de Anna. 

“La problemática afecta a un grupo muy pequeñito de los menores acompañados que llegan a España por costa, pero no es un caso y coloca a niños muy pequeñitos en situación de apatridia, que les impide acceder a los derechos fundamentales”, explica Cristina Manzanedo, coordinadora del proyecto Odös, que ha apoyado a la madre de Anna en todo el proceso y cuenta con un centro especializado para mujeres y niños migrantes en Córdoba.

Allí han llegado en los últimos cuatro años 15 niños nacidos en el camino. “Ninguno de ellos estaban inscritos en el registro civil del país en el que nacieron y solo uno pudo ser registrado en el consulado del Estado de la madre en Marruecos”, cuenta Manzanedo. El fenómeno, cuenta, es “muy desconocido” y reconoce que su imagen aún es “parcial”.

Las primeras dificultades con las que chocan sus madres se encuentran al otro lado de la frontera española, en los países por los que pasan hasta alcanzar Europa. El camino hasta España es largo y puede superar el año. “Suelen hacer una parada principal, en Marruecos o Argelia, los países donde más les cuesta pasar al siguiente destino: España”. Generalmente, es allí donde nacen estos bebés. 

Pero su estancia por ambos países para las personas de origen subsahariano está cargada de peligros y discriminación. Como mujeres en situación irregular en un país fronterizo con la Unión Europea, conseguir un certificado de nacimiento o registrar a sus niños en el consulado de su país de origen es complicado y arriesgado: cualquier contacto con las autoridades puede ir ligado a una posible deportación. Según un informe de la Asociación de Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), las mujeres subsaharianas que esperan en Marruecos para completar su viaje hasta Europa sufren “detenciones arbitrarias” y desplazamientos forzados hacia el sur. “Las vulneraciones de derechos que sufren las mujeres que migran son aún más profundas que las que padecen los hombres”, denunció la asociación.

“Solo un caso de los 15 documentados estaba inscrito en el consulado de su país en Marruecos”, relata Manzanedo, que recuerda de memoria las particularidades de cada madre y sus niños. “Esa mamá vivía cerca del consulado de su país en Marruecos y, aunque no tenía ningún papel del hospital, pudo acudir con su bebé y varios testigos al consulado”, recuerda la abogada. Ese registro facilitaría a su madre arreglar los papeles del niño en España. Tenía una prueba de su existencia, de que era su hijo. Pero la mayoría llegan sin nada, según las estimaciones de la Fundación. 

“No tenían tampoco ni siquiera el certificado de hospitalario. Algunas habían dado a luz en un hospital pero no les habían entregado el certificado de nacimiento por no poder aportar un pasaporte, refieren ellas, que acreditara su identidad”, cuenta la coordinadora de Odös. “Pero también hay mujeres que  no pueden acudir a un hospital por miedo, por estar en situación irregular en Marruecos o Argelia”. 

Qué pasa al llegar a España

Una vez en España, sin documentación alguna ni la existencia de un protocolo específico para estos casos, comienzan las trabas. “Hay niños que no tienen ningún papel: ni pasaporte ni partida de nacimiento. El niño y la niña existe. El niño o niña ha nacido, es evidente porque lo vemos, pero no tiene ningún parte médico. Se le intenta inscribir en España o en un consulado, pero le dicen que es imposible por la falta de documentación”, resume el abogado Navarro Manich. “Está aquí, respira, pero no puede acceder a los derechos. Porque los derechos los da un papel. Y estos niños no tienen ese papel” .

Anna ha conseguido la nacionalidad tras coincidir con el proyecto Odös que, con el apoyo de la Fundación Profesor Uría -ligada al despacho de abogados Uría Menéndez- elaboró una estrategia jurídica que empujó una sentencia pionera que consideró que la concesión de la nacionalidad española era la solución a la vulneración de los derechos fundamentales de la pequeña. Es novedosa porque los magistrados elaboraron una interpretación amplia de la legislación nacional e internacional dado que, basándose en una lectura literal de la normativa española, la niña no cumplía los requisitos impuestos para obtenerla. “Una aplicación pura hubiese llevado a Anna a una denegación material de la justicia como valor material superior de nuestro ordenamiento jurídico”, dijo Juan Luis Ibarra, magistrado jubilado y expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que participó en unas jornadas impartidas por la Fundación Profesor Uría en Madrid.

Por eso, considera, es importante ir más allá y no dejar que estos casos logren acceder a sus derechos a través de largos y complicados procesos judiciales. “Los jueces pueden hacer lo que buenamente puedan, pero lo importante es modificar la norma para que estos niños tengan acceso a los derechos fundamentales, para que no sea necesario llegar al tribunal supremo para cada niño”, sostuvo Ibarra, quien apuesta por una modificación del código civil que permita el acceso a la nacionalidad a los niños apátridas nacidos en el tránsito migratorio hacia España.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que también ha apoyado el caso de Anna, recuerda los efectos que puede tener en un menor vivir sin una nacionalidad reconocida, es decir, ser apátrida pero no obtener un reconocimiento oficial de esta situación: “No tener una nacionalidad, es una negación de los derechos fundamentales. Esa niña nunca podrá ir a una guardería, nunca podrá casarse, no podrá abrir una cuenta bancaria, no podrá ir a la universidad, no podrá tener asistencia sanitaria... ”, enumera Margarita de la Rasilla, oficial de Acnur especializada en infancia. “Casi todas las cosas que se hacen en esta vida requieren de identidad. Sin ella, no puedes acceder a esos derechos”, apunta Francisco Ortiz, también de la Agencia de la ONU.

Y. mientras, las madres ven crecer a sus hijos con preocupación, como relataba la de Anna: “Llevo siete años durmiendo con los ojos abiertos con miedo de que algo pudiera pasar a mi hija. Como, pero no engordo. Saber que su hija esta escolarizada por un favor y no porque tiene derecho es muy doloroso”, decía la mujer en un audio adelantado por la Cadena Ser y difundido por Proyecto Odös.

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