Detenciones de musulmanes en Birmania por pertenecer a una organización terrorista inexistente
El Gobierno birmano ha detenido al menos a una docena de personas bajo la acusación de pertenecer a una organización terrorista, el “Ejército Musulmán de Myanmar” que, según abogados y expertos en seguridad, no existe. Las detenciones se suman a una larga campaña de discriminación contra la minoría musulmana en Birmania, de amplia tradición budista.
La Administración del presidente Thein Sein se ha negado a revelar prueba alguna que demuestre que el “Ejército Musulmán de Myanmar (normbre oficial del país)” sea real, lo cual suscita la sospecha de que el Gobierno ha inventado una amenaza islámica para justificar la apertura de un nuevo frente en su prolongada persecución de la población musulmana.
El número exacto de personas detenidas no está claro, pero los documentos y entrevistas obtenidas en esta cobertura informativa en Birmania dan cuenta de, al menos, tres procesos judiciales: en uno de ellos, 12 personas han sido acusadas de estar vinculadas a la supuesta organización; en el segundo, otras cinco han sido señaladas por planear supuestamente atentados con bombas en varios lugares sin especificar del país; y en el tercero, un hombre ha sido acusado de financiar la organización. Todos ellos fueron detenidos entre los meses de septiembre y noviembre del año pasado.
“Los acusados han recibido entrenamiento en campos del Ejército Musulmán de Myanmar ['Myanmar Muslim Army', en inglés, según figura en el documento en birmano original], que ha sido creado recientemente y está operando ilegalmente”, reza uno de los documentos judiciales obtenidos.
Alrededor de un 4% de la población de Birmania es musulmana, según cifras oficiales, pero se cree que el dato real es mayor, de hasta un 10%. La población musulmana más numerosa, el grupo étnico rohingya, se concentra en el Estado de Arakan, en Birmania occidental, mientras que otros musulmanes viven desperdigados a lo largo y ancho del país. Los rohingyas son el grupo más perseguido, ya que el Gobierno les ha denegado la ciudadanía durante decenios y, según varias organizaciones de defensa de los derechos humanos, son víctimas de una campaña de limpieza étnica que ha contribuido a desencadenar un desesperado éxodo en barcos en el cual 300 personas han perdido la vida durante el primer cuarto de este año, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Pero los musulmanes que no pertenecen a la etnia rohingya también sufren discriminación, a pesar de ser ciudadanos birmanos, y en los últimos años se han producido esporádicas explosiones de violencia antimusulmana fuera del Estado de Arakan. Los musulmanes acusados de pertenecer al “Ejército Musulmán de Myanmar” o de planear atentados terroristas son predominantemente habitantes de las regiones central y septentrional de Birmania.
Golpes en la puerta en medio de la noche
Soe Moe Aung y toda su familia estaban durmiendo cuando, la noche del 17 de noviembre, unos seis policías irrumpieron en su casa en Mandalay, la segunda ciudad más grande de Birmania. Su madre, Nwe Ni Aung, contaba en una entrevista realizada a principios de este año que la policía exigió que le entregaran a su hijo, de 24 años de edad. Ni los agentes ni los soldados que habían rodeado la casa se molestaron en mostrarles una orden de arresto, dijo.
Nwe Ni Aung no vio a su hijo durante 10 días, durante los cuales éste se hallaba en custodia policial sin acceso a un abogado, y hasta que dio comienzo el juicio no supo que le habían acusado de pertenecer al “Ejército Musulmán de Myanmar”. “Le acusan de haberse entrenado en un campo, pero no creo que eso sea posible”, apuntó la madre durante la conversación mantenida en Mandalay. “Está enfermo, sufre de gota, ¿cómo podría haber recibido entrenamiento?”.
Nandar Myint Thein, la abogada de Soe Moe Aung, defiende también a otros cuatro sospechosos en el mismo juicio, que se está celebrando en Mandalay. En la causa, un total de 12 personas han sido acusadas de pertenecer al “Ejército Musulmán de Myanmar”, según documentos oficiales. La fiscalía está utilizando contra ellos la Ley de Medidas de Emergencia, que fue aprobada en 1950 y, según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos (Birmania), “es empleada habitualmente para detener arbitrariamente a activistas o criminalizar la disidencia”.
La letrada Nandar Myint Thein sostiene que la fiscalía no ha presentado ninguna “prueba real” en el juicio y que los acusados firmaron confesiones tras sufrir días de torturas bajo custodia. Además, afirma que la mayoría de los acusados ni siquiera se conocían antes de que comenzara el proceso judicial.
“Cuando les pedí a los testigos de la fiscalía [miembros de la División Especial de la Policía birmana] que presentaran pruebas sobre el 'Ejército Musulmán de Myanmar', respondieron que no podían hablar de ello en el tribunal, que la información procedía de sus superiores”, explicó Nandar Myint Thein.
El director de la oficina presidencial birmana, Zaw Htay, defiende la postura del Gobierno. “El Ministerio del Interior tiene todas las pruebas sobre estas actividades, pero no podemos hacerlas públicas porque se trata de una cuestión de seguridad nacional”, afirmó en una entrevista para este reportaje. Sobre cómo podían los acusados esperar un juicio justo cuando la fiscalía oculta las pruebas de cargo al tribunal, Htay se limitó a responder: “Tienen derecho a apelar en tribunales superiores”.
Zaw Htay se negó a decir cuántas personas supuestamente pertenecen a la organización, alegando que consideraciones de seguridad nacional le impedían revelar más información, pero aseguró que “hay muchas actividades fuera del país, y gente de fuera quiere fomentar atentados terroristas entre personas de dentro del estado, por lo que ahora mismo lo que estamos haciendo es lanzar un ataque preventivo para protegernos ante cualquier posible atentado”. Por su parte, el Equipo de Documentación y Ayuda Legal, una organización de la sociedad civil, afirma que unos cien musulmanes han sido detenidos acusados de terrorismo desde el año pasado hasta febrero.
Lavado de imagen internacional
Tras cinco decenios de régimen militar, en 2011 Birmania se embarcó en un proceso de transición política hacia lo que los generales han denominado una “floreciente democracia disciplinada”. Ese año, se instauró un Gobierno semicivil compuesto de antiguos generales, centenares de presos políticos fueron liberados en sucesivas amnistías y se permitió que la líder de la oposición democrática, Aung San Suu Kyi, tras haber permanecido 15 de los 20 años anteriores bajo arresto domiciliario, fuera elegida diputada del Parlamento en unas elecciones parciales celebradas en 2012.
La transición ha proporcionado al Gobierno birmano un grado de aceptación internacional que habría sido inimaginable hace tan solo unos pocos años. En 2005, Condoleezza Rice testificó en el Senado estadounidense e incluyó a Birmania en la lista de “bastiones de la tiranía”, mientras que, en 2012, Barack Obama se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos que visitó el país, donde alabó el proceso de transición. Hilary Clinton también ha visitado Birmania y escribió en su libro de memorias, publicado en 2014, que “es difícil evitar quedarse sin respiración” ante el progreso del país. Para lavar su imagen, el Gobierno de Birmania incluso ha contratado los servicios de Podesta Group, una firma de relaciones públicas fundada por John Podesta, el director de la campaña presidencial de Hillary Clinton.
No obstante, los avances en las libertades políticas para la mayoría budista del país están coincidiendo con un marcado deterioro de la situación de la minoría musulmana.
Una gran parte de la población de este país de mayoría budista ve como extranjeros a los musulmanes birmanos, ya que la mayoría de ellos son descendientes de emigrantes procedentes del subcontinente indio. Altos funcionarios del Estado y movimientos ultranacionalistas budistas los describen como forasteros y los presentan como un enemigo común. Algunas voces críticas contra el régimen, como Human Rights Watch, llevan años sosteniendo que esa noción ha sido fomentada desde hace tiempo para distraer la atención de la población de conflictos políticos creados por una dictadura militar que siempre ha carecido de apoyo popular.
Sin embargo, los musulmanes birmanos no comenzaron a ser retratados como una posible amenaza terrorista hasta que la Administración Bush de Estados Unidos lanzó la “guerra contra el terrorismo” en 2001, en lo que muchos vieron como un intento de conseguir apoyos internacionales en un momento en el que el Gobierno estadounidense estaba tratando de aislar al régimen militar birmano. Había un problema patente respecto a la imagen que el régimen militar estaba presentando de los musulmanes: en las últimas décadas no se ha registrado en territorio birmano atentado terrorista real alguno cometido por musulmanes.
Ahora, durante un periodo en el que el país está embarcado en un periodo de transición alabado por Estados Unidos y otros antiguos enemigos del régimen, y en el que se van a celebrar una elecciones cruciales en noviembre de este año, los antiguos generales que componen el nuevo Gobierno necesitan legitimar su poder más que nunca, tanto en el ámbito internacional como entre el electorado, de mayoría budista. El surgimiento de una nueva amenaza terrorista no hace más que reforzar las reivindicaciones que el ejército lleva haciendo desde hace mucho tiempo de que es el único garante de la seguridad en el contexto de su “floreciente democracia disciplinada”.
Los especialistas no confirman la existencia del grupo
Expertos en terrorismo, organizaciones de defensa de los derechos humanos y el Departamento de Estado de Estados Unidos no han confirmado la existencia del “Ejército Musulmán de Myanmar”. Rohan Gunaratna, que dirige el Centro Internacional para la Investigación de la Violencia Política y el Terrorismo en Singapur, es el único que lo ha mencionado, si bien muy brevemente. En un informe publicado recientemente, escribió que “también ha habido informaciones sin confirmar sobre el surgimiento de una nueva organización llamada el Ejército Musulmán de Myanmar (EMM), que supuestamente está utilizando territorio tailandés para entrenar a musulmanes de Myanmar”. Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense afirma que su Gobierno “no tiene más información” aparte de la referencia de Gunaratna.
Zachary Abuza, un especialista en asuntos de seguridad y política del Sudeste Asiático, nunca había oído hablar del “Ejército Musulmán de Myanmar”. “Me suena como algo completamente ficticio. Dudo de que cualquier grupo que combatiera al Estado fuera a emplear la palabra 'Myanmar', ya que ésta legitimaría al régimen”, indica. Myanmar es el nombre que el Gobierno militar dio al país en 1989 como sustituto de Birmania, y los opositores del régimen se oponen a su uso. “Basándonos en el nombre y en el historial del Tatmadaw [las fuerzas armadas birmanas], existen muchas probabilidades de que las 'confesiones' de los acusados fueran extraídas bajo tortura”, añadió Abuza.
Uno de los tres casos investigado en este reportaje implica a Khin Maung Shwe, también conocido como Yusuf, al que han acusado de colaborar en la creación del “Ejército Musulmán de Myanmar”. Este hombre de negocios de 44 años fue detenido en Mandalay el pasado mes de octubre, pero su abogado, Aung Naing Soe, afirma que la acusación contra su cliente se basa únicamente en confesiones obtenidas bajo custodia militar a otros detenidos que habían proporcionado a sus interrogadores el nombre 'Yusuf' y poco más. Aung Naing Soe asegura que no hay más pruebas contra su cliente.
Los fiscales que actúan en estos casos cuentan con el respaldo del ministro del Interior, que utiliza la Ley de Medidas de Emergencia. En el curso de esta investigación hemos tenido acceso a una autorización, firmada por el ministro, para proseguir con la acusación contra Khin Maung Shwe. La abogada Nandar Myint Thein afirma que el ministro firmó el mismo tipo de documento en su caso. Además, también hemos obtenido la autorización del ministro en un caso en el que cinco personas han sido acusadas de hacer planes para fabricar bombas con fertilizantes. “Eso supone una gran carga para los acusados, porque el tribunal tiene miedo de no obedecer órdenes que llegan del mismísimo ministro”, afirma el abogado Aung Naing Soe.
En el contexto del sistema judicial birmano, la implicación directa del ministro del Interior en un proceso judicial no es una mera cuestión inocua de supervisión; es una expresión del poder predominante que el Ejército continúa ejerciendo sobre todos los aspectos de la vida del país. La Constitución birmana estipula que el ministro del Interior ha de ser un miembro del Ejército y ha de ser propuesto por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, las cuales están protegidas constitucionalmente de cualquier supervisión civil.
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) señaló en un informe publicado en 2013 que “la influencia política y militar sobre sobre los jueces continúa suponiendo un obstáculo enorme para que los abogados puedan practicar su profesión con eficacia. Dependiendo de la naturaleza de cada caso, los jueces toman decisiones basándose en órdenes procedentes de funcionarios del Gobierno y oficiales del ejército”.
Sam Zarifi, director regional de la CIJ en Asia y el Pacífico, explica que “existen todo tipo de razones para temer que no se respete el derecho de los acusados a recibir un juicio justo” en estos casos y señaló que “las indebidas influencias e interferencias del Ejecutivo han socavado la independencia de la judicatura, sobre todo en casos políticamente sensibles, incluidos los penales”.
En otro proceso, esta vez en Rangún, la mayor ciudad de Birmania y su antigua capital, varios musulmanes han sido acusados de conspirar para librar una lucha armada. En septiembre del año pasado, cinco musulmanes fueron detenidos por contrabando de fertilizante. La fiscalía sostiene que el material iba a ser utilizado para fabricar explosivos con la intención de perpetrar varios atentados en territorio birmano. Uno de los acusados es el dueño de una tienda que se limitó a comprar el fertilizante a otro de los reos, según su abogado.
Robert Sann Aung, el letrado, relata que el ejército mantuvo a los acusados tres meses bajo custodia y los torturó para extraer confesiones que los inculparan. Como los otros abogados entrevistados para este reportaje, sostiene que no existen pruebas de una conspiración terrorista, aparte del fertilizante y de las confesiones. Ante las preguntas sobre sus expectativas, Robert Sann Aung muestra pocas razones para el optimismo: “No voy a ganar este caso. Lo ganaría si el juez aplicase la ley, pero la ley no se aplicará”.
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Este reportaje de investigación fue publicado originalmente el pasado 25 de mayo en inglés en la página web estadounidense The Intercept. eldiario.es lo publica traducido al castellano y en exclusiva para España con la autorización expresa de The Intercept.publicado originalmente el pasado 25 de mayo en inglés
