Una porteadora de 22 años muere tras una avalancha en el nuevo paso fronterizo de Ceuta
Castillejos, la localidad marroquí que ha crecido como la espuma durante los últimos años al calor del 'comercio atípico' en la frontera de Ceuta, ha despedido este lunes a Suad O. M., la joven de 22 años y que, esporádicamente y por necesidad, entraba en la ciudad autónoma para ganar entre 20 y 25 euros por llevar un paquete de mercancías a su país sobre su espalda.
Con un hijo de cuatro años, la fallecida se vio envuelta el pasado jueves en el lado marroquí del nuevo paso fronterizo exclusivo para porteadoras del 'Tarajal II' en una de las avalanchas que de forma cotidiana siembran el caos y el pánico en la zona. Las autoridades españolas llevaban temiendo desde mayo de 2009, cuando otras dos marroquíes perdieron la vida aplastadas en unas escaleras por la multitud, que se repitiese la tragedia casi cualquier día, casi a cualquier hora.
El infortunio en forma de tumulto alcanzó a Suad, que antes había trabajado en una cafetería, cuando ya había superado la parte española del 'Tarajal II' cuya custodia y ordenación está encargada a vigilantes de seguridad privada contratados por el Gobierno de Ceuta. La joven, que iba acompañada de su hermana mayor, fue atropellada por la muchedumbre y trasladada a un centro sanitario de Castillejos, donde recibió el alta.
El domingo, con un dolor “tremendo”, volvió al mismo clínico, cuyos profesionales pidieron una ambulancia que la llevase hasta Tetuán, a penas 20 minutos de distancia por la autopista. Según sus familiares, murió durante el traslado. Su autopsia permanece bajo secreto judicial en manos del Fiscal General de la zona.
El 'Tarajal II' se ha cobrado su primera víctima mortal un mes y un día después de su apertura, el pasado 27 de febrero. Tras cuatro días operativo, el paso fue clausurado durante una semana de común acuerdo por las autoridades marroquíes y españolas, incapaces de manejar a hasta “10.000 personas” durante una sola mañana en los polígonos comerciales del Tarajal.
El 13 de marzo la infraestructura volvió a entrar en funcionamiento con un acuerdo tácito entre ambos Estados para que solo pudiesen llegar a Ceuta 4.000 porteadores marroquíes al día, decisión que ha generado cierres de la frontera casi a diario desde entonces en medio de multitudinarias protestas de la población del norte del Reino alauita, donde las autoridades españolas calculan que “decenas o cientos de miles” de personas sobreviven gracias al 'comercio transfronterizo'.
La Delegación del Gobierno y el Ejecutivo autonómico han puesto en marcha este martes un nuevo sistema para regular el tránsito de porteadores por Ceuta con la distribución de 4.000 tarjetas que se cambiarán “periódicamente” para evitar su falsificación. Se reparten desde las 8.00 horas a quienes acceden a la ciudad por el 'Tarajal II' y es obligatorio devolverlas antes de las 13.00 para poder regresar a Marruecos con fardos.
Las autoridades españolas quieren, con ellas, evitar que cientos de porteadoras duerman en las naves de los polígonos a cambio de cinco euros o al aire libre y que miles colapsen cada día a pie y en coche la frontera ordinaria. La medida se supone que también garantizará que nunca haya más de 4.000 personas al mismo tiempo en los polígonos.
Desde sus cerca de 300 naves 'pasan' cada año a Marruecos, que oficialmente lo considera “contrabando”, al menos 266 millones de euros de todo tipo de productos. Esa es la estimación del Gobierno de Ceuta más prudente. Considerando el fraude detectado en la declaración de valor de mercancías en el Puerto, ese importe podría duplicarse.
En una frontera que el Gobierno central aspira a ampliar y modernizar con fondos europeos del programa 2014-2020, el porteo ha sido señalado también como un riesgo para la seguridad y un freno para el turismo de la pujante clase media y alta marroquí, en las que el Ejecutivo local ha concentrado parte de sus aspiraciones de desarrollo económico.
Las dos Administraciones coinciden en que “el problema de fondo” está en la excepcionalidad incluida en el Tratado de Schengen que permite a la población empadronada en la provincia de Tetuán, que se ha multiplicado por diez durante los últimos veinte años hasta superar el millón, acceder a Ceuta sin visado con solo tener pasaporte en vigor. El delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, ya ha pedido a los Ministerios de Interior y Asuntos Exteriores que “estudien” cómo eliminar o restringir esa libre circulación.
El portavoz del segundo grupo de la oposición en la Asamblea de Ceuta, Mohamed Ali (Caballas), ha exigido este martes a los Gobiernos de España y Marruecos un pronunciamiento “rotundo” sobre si “es posible mantener el 'comercio atípico' dentro de unos márgenes irrenunciables de orden, dignidad para los trabajadores y respeto a los Derechos Humanos”. “La vida de la porteadora muerta debe ser un punto de inflexión porque esto, así, no merece la pena”, ha advertido.
Para la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma, que dicen gastar más de 12 millones de euros al año en vigilancia pública y privada, limpieza y otros servicios básicos en el entorno fronterizo, “la seguridad de las personas” debe estar “por encima de todo”. A tal efecto, se ha exigido a los empresarios radicados en la zona que elaboren un plan de seguridad, control y evacuación y contraten personal especializado para implementarlo, a lo que hasta ahora se han negado.
Si persisten en esa actitud la legislación contempla el cierre hasta durante dos años de sus negocios pero Fernández Cucurull ha asumido que acabar con el porteo de cuajo generaría “tensiones sociales” al otro lado de la frontera “difíciles de soportar para ambos países”. Nadie parece estar dispuesto a contribuir a alimentar alrededor de Ceuta una ola de protestas como la registrada en a finales del año pasado en Alhucemas después de la muerte de un pescador.
