Expulsar a menores extranjeros no acompañados: PP y Gobierno vuelven a intentar lo que ya fracasó en el pasado

Vuelven a sonar las campanas de las devoluciones de menores extranjeros no acompañados (MENA). Esta semana, Pablo Casado ha anunciado en Melilla una iniciativa parlamentaria con el objetivo de “abordar la situación de los MENA desde una perspectiva de inmigración económica” y no “solo desde una perspectiva social”. Mientras, el Gobierno lleva meses negociando con Marruecos la repatriación de menores “para que puedan retornar con sus familias”. Sus enfoques son distintos, pero ambos se chocan con la oposición de las organizaciones especializadas. Y con el fracaso del pasado.

Cuando un menor migrante llega a suelo español sin la compañía de un adulto, las comunidades autónomas son las encargadas de su tutela. No pueden ser expulsados, a no ser que lo reclamen sus familiares en los países de origen. El cambio en la ley propuesto por el Partido Popular este miércoles busca abordar la situación de los menores migrantes no acompañados como “inmigración económica y, por tanto, en sus derivadas de ”seguridad ciudadana y control de las fronteras“. Es decir, abriría la puerta a la devolución de niños tutelados, como tantas veces ha solicitado el presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP).

Según el anuncio de Casado, la iniciativa pretende cambiar el modo en el que, según las normativas nacionales e internacionales, debe tratarse a un menor: como un niño antes que como un inmigrante. Desde la ONG Save The Children consideran que, de mantener su planteamiento, sus planes “se saltan todas las leyes internacionales, pues destruyen el principal punto de partida: que cuando llega un menor extranjero, se le trate como a un menor, no como un adulto al que se le aplicaría las leyes de Extranjería. Sin que influya su nacionalidad, su estatus migratorio ni el de sus padres”, explica Jennifer Zuppiroli, experta en migraciones de la organización.

“Su planteamiento viola el principio de no discriminación. Pues no se puede tratar a un niño como un adulto en función de su nacionalidad. Sería totalmente ilegal y no es posible que se pueda hacer realmente”, zanjan desde la ONG especializada en infancia.

Aunque desde otra perspectiva, el Gobierno de Pedro Sánchez también está tanteando la posibilidad de repatriar “con sus familias” a los menores extranjeros no acompañados que llegan a España. Siempre, insisten desde Interior, “respetando el interés superior del menor”.

Con el cambio de rutas migratorias hacia Europa y el aumento de llegadas a través de las costas andaluzas, el número de niños migrantes solos también experimentó un crecimiento en el último año. En septiembre, Andalucía y Ceuta solicitaron, como ya hacía Melilla, la devolución de los MENAS a sus países de origen.

En octubre, el Gobierno comenzó a negociar con Marruecos la repatriación de menores migrantes marroquíes, nacionalidad de alrededor del 70% de los niños extranjeros no acompañados en España, según las cifras que maneja el Ejecutivo. El Ministerio del Interior explica a este medio que las autoridades marroquíes “están dispuestas a empezar con las labores de identificación” en los centros de acogida andaluces para “proceder a la localización de sus familiares”.

Así, Interior pretende aplicar el acuerdo bilateral de 2007, que entró en vigor en 2013 pero nunca se ha aplicado. A través del convenio, Marruecos se compromete a identificar a los menores y a su familia “en un plazo de tres meses” desde que las autoridades españolas envíen los datos obtenidos de los recién llegados. El tratado también estipula que todos los retornos se realizarían atendiendo al “interés superior de los menores de edad” que incluye “garantizar” las “condiciones de la reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela”, así como la creación de una comisión de seguimiento.

Las ONG expertas en infancia y migraciones no se fían, porque ya han escuchado un discurso similar en ocasiones pasadas. El riesgo, asegura Zuppiroli, reside en que, bajo el paraguas de la “reagrupación familiar”, se acabe expulsando a menores sin las suficientes garantías. Y cumplirlas en el contexto de la migración Marruecos-España no es fácil, reconoce.

A juicio de Save the Children, si bien la repatriación “es una de las soluciones duraderas que se puede adoptar para un niño que ha llegado a España solo” es necesario que el interés superior del menor mencionado por el Gobierno sea valorado por “varios actores”, no solo las autoridades. “El único interés de la repatriación debe ser ese: el del niño, no otro, como puede ser el control de fronteras”, advierte la experta en migraciones.

Para ello, enumera Zuppiroli, el retorno debe ser voluntario. “En el momento en el que se toma la decisión contra la voluntad del niño, cuando llegue a su país, intentará migrar otra vez y ponerse en el mismo riesgo, porque se encontrará con las mismas razones que han causado su migración desde el principio”, sostienen desde Save the Children. Por ello, desde su punto de vista, “debería haber una valoración de la situación en origen y una coordinación estrecha de servicios de protección de allí y aquí”.

Otro elemento clave para cumplir con las garantías de una repatriación de un menor no acompañado, añade la experta de la ONG, se sitúa en el estudio de la situación de la familia en su país de origen (en el caso de que el menor la tenga). “Es necesario comprobar si sus familiares quieren que el niño retorne. Porque muchas apoyan a los niños en su proceso migratorio por lo que, al regresar, los menores se encontrarán con la misma situación”, sostiene.

En una entrevista reciente con eldiario.es, Mercedes Jiménez, doctora en Antropología especializada en infancia migrante, recuerda que las repatriaciones de menores, durante los diferentes Gobiernos, “siempre han sido una orientación política que se ha puesto sobre la mesa en tiempos de ‘crisis”, donde las llegadas aumentan, como en 2006, el momento de la llamada 'crisis de los cayucos'.

En este sentido, Jiménez duda de que el interés del menor prime sobre el de la administración. “El ángulo no es proteger a estos niños, sino gestionar el flujo, y las expulsiones se disfrazan de reagrupación. Se usa políticamente su derecho a vivir en familia como una forma amable de control”, recalca la investigadora de la asociación Alkhaima de Marruecos.

En 2006, un año antes de que se firmara el acuerdo, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la Fundación Raíces y la asociación Alkhaima comenzaron a constatar casos de “reagrupaciones familiares” que se llevaron a cabo como “expulsiones sin garantías”. Uno de ellos, el caso de un menor cuyo retorno se consiguió detener cinco minutos antes de que despegara el avión que le iba a llevar de vuelta a Marruecos.

El caso terminó en el Tribunal Constitucional, que en 2008 concluyó en una sentencia histórica que no se escuchó al menor, se realizó el proceso sin asistencia letrada y sin evaluar si se daban las circunstancias familiares y sociales para garantizar su protección en Marruecos. Se reconoció el derecho de los menores a defenderse judicialmente y a oponerse a cualquier decisión que se adopte contra ellos si creen que lo que pretenden sus tutores les perjudica.

Hasta entonces, los servicios de protección eran los que iniciaban los procesos de repatriación mientras seguían siendo sus representantes legales. El Tribunal reconoció su derecho a una asistencia letrada independiente.

Desde Raíces y Alkhaima documentaron más de 250 repatriaciones “sin garantías” en aquella época. Años antes, en Melilla, José Palazón, fundador de la ONG Prodein junto a Mayte Echarte, ha sido testigo de “devoluciones diarias” durante el Gobierno de José María Aznar. “Entre 2001 y 2003 era terrorífico. La Policía los expulsaba y, poco después, entre uno o cinco días más tarde, estaban de vuelta en España”, cuenta el activista.

Palazón, reconocido activista por los derechos de la infancia, recuerda a los niños, algunos muy pequeños, pidiendo refugio en su casa para evitar la devolución. “Teníamos a la Policía en casa. Los chavales devueltos pasaban la frontera de nuevo y la Policía sabía que uno de los sitios adonde iban era a mi casa”.

Un informe de Human Rights Watch del año 2002 indica que entre julio de 2001 y febrero de 2002 hubo al menos 70 repatriaciones de menores en la ciudad autónoma, atendiendo a las cifras recogidas entonces por Prodein. “Aunque las autoridades denominan a estas expulsiones medidas de 'reintegración familiar', estos niños rara vez son devueltos a sus familias o entregados a los servicios sociales marroquíes, contraviniendo la legislación española”, concluía HRW hace 16 años .

La Consejería de Bienestar Social de Melilla informó en enero de 2002 que el 72,2% de lo que denominaba “repatriaciones y reintegraciones familiares” había “fracasado”, pues los menores habían regresado a la ciudad autónoma, añade el documento de la ONG internacional.

El director de Prodein tiene clavada en su cabeza una imagen de aquellos años: “Para salir de casa y acompañar a los niños a la Fiscalía para recurrir su expulsión, Mayte (Echarte), gente de HRW y yo formábamos un círculo humano con los chavales dentro para evitar que los cogiese la Policía”.

Recuerdos como esos disparan sus alertas cada vez que suenan las campanas de las devoluciones de menores migrantes no acompañados, aunque sean amparadas bajo “la reagrupación familiar”.“Todo lo que este relacionado con devolución de niños a Marruecos es ridículo pensar que se hará con garantías, excepto en los casos que padres e hijos quieran hacerlo voluntariamente, que son pocos”, concluye el activista desde Melilla.