El regreso de 13 menores migrantes devueltas desde Palencia a Melilla: “Mi vida está allí, no han pensado en nosotras”

Zahra (nombre ficticio) habla con frustración, pero también con firmeza. “No queremos estar aquí”, sostiene al otro lado del teléfono esta menor de 17 años. Lleva casi una semana en Melilla, en el centro de acogida de Gota de Leche, y solo piensa en regresar a Palencia. “Allí está nuestra vida”, señala.

El Defensor de Pueblo está investigando su caso y el de otras 12 menores migrantes de entre 14 y 17 años devueltas a la ciudad autónoma el 7 de septiembre. Las adolescentes, bajo tutela de Melilla, llevaban varios años acogidas en el centro Fundación Diego Martínez de Palencia en el marco de un convenio por el que el Gobierno melillense contrata los servicios para la atención de menores extranjeros no acompañados.

Aquel día, Zahra se vio, una vez más, empezando de cero en un centro en el que no conocía a nadie. Lo hizo en Melilla, cuando llegó a España hace tres años desde Marruecos. También en Palencia, cuando solicitó ser trasladada hace un año y medio. Ahora, lo revive otra vez. “Todo aquí es nuevo: educadores, compañeros... Cuando llegué a Palencia, el primer día me pareció raro, me costó acostumbrarme pero lo hice poco a poco. Las educadoras eran muy majas y nosotras muy pocas”, recuerda.

“Ahora hemos dejado allí a nuestros amigos, profesores, novios... a nuestra familia”, insiste, en referencia a las trabajadoras del centro palentino. “Han sufrido mucho, se preocupan por cómo estamos”, explica la adolescente. Se muestra especialmente intranquila por sus estudios. En unos días, empezaba su segundo curso de peluquería que espera poder retomar tras acordar con sus profesores que volverá en un mes. “Me han fastidiado todo, voy a llegar tarde”, comenta. Sus 12 compañeras tampoco han podido comenzar el nuevo curso escolar en Melilla.

Trasladadas por el “impago” de Melilla, según Prodein

“Pocas veces he escuchado, cuando los niños hablan de sus educadores, decir que son como una familia”, resume José Palazón, director de la ONG local Prodein, que ha presentado la queja ante el Defensor del Pueblo. En ella, la organización denuncia que el Gobierno de Melilla no ha pagado al centro palentino la cantidad económica que le correspondía por la atención de estas menores.

Según sostiene la ONG, las educadoras llevaban meses sin cobrar. Aunque, explican, la fundación –de los padres Barnabitas– pagó en un principio a los trabajadores con fondos propios, finalmente “no les fue posible” seguir adelante con los trabajos contratados y se cancelaron. Fuentes próximas a la fundación han rehusado hacer declaraciones y se han limitado a indicar que el traslado se produjo por decisión del Gobierno de Melilla.

“Es una decisión que toma la consejería de Bienestar Social y fue sorprendente para todos”, asegura Palazón. “Los propios educadores se ofrecieron a seguir cuidando a las niñas y la Fiscalía se sorprendió porque no tenía conocimiento de estos traslados, algo que los servicios sociales le deben comunicar”, prosigue el activista. Antes de ser trasladadas de vuelta a Melilla, las adolescentes remitieron un escrito a la Fiscalía de Menores en el que mostraban su rechazo a la decisión y dejan claro: “Nos bajan contra nuestra voluntad”.

Zahra cuenta que les comunicaron que iban a ser trasladadas a finales de agosto, aunque llevan desde principios de verano tratando de conocer si iban a ser llevadas de vuelta. “Nos dijeron que íbamos a bajar, pero no nos dijeron por qué. Han dicho que supuestamente no hay dinero. Estamos buscando la respuesta de por qué nos traen aquí sin que les importe nuestra opinión, sin preguntarnos y sin entender que hemos dejado allí a nuestra familia. No han pensado en nosotras. Cuando nos fuimos, lloramos muchísimo”, apunta.

Tras tener conocimiento de estos hechos, el Defensor del Pueblo se dirigió a la Consejería de Bienestar melillense y a la Fiscalía General del Estado. Este medio ha intentado contactar sin éxito con la Consejería para conocer su versión. En declaraciones a El Faro, el consejero Daniel Ventura argumentó que “no era rentable” para la administración melillense mantenerlas allí y sostuvo que el convenio con la fundación contemplaba una partida de 320.000 euros. Posteriormente, aseguró que se trataba de “la polémica más absurda” que se había “encontrado en tres años de legislatura”.

“¿Por qué se busca la rentabilidad en estas cosas? No me entra en la cabeza. Se dejó de pagar una cantidad, que no vemos abusiva, para mantener a unas niñas que estaban en evolución y muy contentas. Y de pronto las sacan de allí porque no son rentables”, opina Palazón. “No es ninguna polémica absurda, es la polémica de todos los días desde que Ventura es consejero, los críos no pueden ir o venir en función de la rentabilidad”, zanja el activista.

En esta última idea insiste Patricia Fernández, abogada de la fundación la Merced Migraciones. “Una decisión así debe estar fundada en el interés superior del menor por encima de los intereses económicos”, explica la letrada. “En estos casos, hay que preguntarle al menor si quiere ser trasladado. No hay nada que justifique un traslado urgente. Lo lógico habría sido notificárselo por escrito e informarle de su derecho a presentar un recurso y garantizar su asistencia jurídica”.

“Lo estamos pasando fatal”

Para las adolescentes todo han sido cambios y han pedido ayuda al Defensor del Pueblo en una carta para poder regresar al centro de Palencia. “No me ha gustado para nada el cambio, las educadoras son nuevas, solo hay tres para 80 niñas. Lo estamos pasando fatal”, explica Zahra. “Nos han instalado a cinco en cada habitación, mientras que en Palencia teníamos un cuarto para cada una. Allí teníamos un baño y una ducha para cada una, aquí hay tres duchas y tres aseos para 80”, asegura.

Por otro lado, denuncian el “acoso” de sus compañeras en la Gota de Leche. “Desde que hemos llegado sufrimos continuo bullying por parte de otras chicas que están con nosotras. Desde el día en que llegamos nos miran mal, nos faltan el respeto. Hemos sufrido amenazas de las otras chicas”, relatan en la misiva. “Un día nos encontramos con que nos habían roto el armario y se habían llevado toda nuestras pertenencias incluso las maletas y las mochilas”, explican. Y aseguran que los educadores “no han mostrado ninguna sensibilidad” e “incluso han llegado a gritarnos y a afirmar que ‘si no estábamos contentas, que nos fuéramos a vivir a Marruecos”.

La política de las autoridades melillenses sobre los menores que migran solos lleva años siendo muy cuestionada. En un informe reciente, el Consejo de Europa ha reprochado a España las malas condiciones en las que Melilla aloja a estos menores. “Contrastan notablemente con las normas aplicadas en otras regiones del país”, indica. Asimismo, pedía que se respetaran sus derechos a ser oídos y al asesoramiento jurídico.

Las ONG locales como Harraga y Prodein han recopilado durante años testimonios de niños que denuncian situaciones de abuso o maltrato en centros como La Purísima que, según defienden, empujan a algunos a preferir vivir en la calle a la espera de colarse en algún ferry para poder llegar a la península. A finales de agosto, el Gobierno central anunció 4,1 millones de euros destinados a “mejorar la atención” de estos menores en la ciudad autónoma. También planea repartir 40 millones a las comunidades que más llegadas reciben, como Melilla, y a las que se ofrezcan a acoger a menores desde otros territorios en un plazo que acaba el 20 de septiembre.

Mientras, estas 13 menores marroquíes continúan a la espera de poder regresar a Palencia. Desde Prodein han reclamado que se revierta el traslado, pero esto solo puede ocurrir tras una orden de la Fiscalía. Mientras tanto, piden que se mantengan las actividades educativas y los permisos de residencia que han adquirido en todos estos años en España.

“Estas niñas vienen de Marruecos, de algo que tiene que ser muy serio. La mayoría de los menores vienen de un caos total. Llegan a otro país, con otra lengua, otra forma de vida... es un cambio bestial, el primer desarraigo. Cuando ya llevan un año, sufren otro cambio y las llevan a Palencia, un nuevo desarraigo. Allí se encuentran una situación mejor y están plenamente integradas, han construido una familia”, describe Palazón. “Pero vuelven a Melilla, donde es difícil entablar una relación con sus educadores y compañeros...y vuelta a empezar. Y pasan los años, con el miedo de cumplir 18 y que no te renueven la residencia. Entonces dejas de confiar en el sistema de protección y te cuestionas: '¿Para qué me ha servido? Más que un arraigo, me han desarraigado más”.