El Supremo reconoce el derecho de asilo al guardaespaldas kazajo que el Gobierno quería extraditar

El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de asilo a Alexander Pavlov, guardaespaldas del líder opositor kazajo Mukhtar Ablyazov y cuya extradición había acordado el Gobierno español. Desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados habían alertado de que este caso no había seguido un proceso de asilo “habitual”, pues se encontraron trabas a la hora de emitir su valoración sobre el reconocimiento o denegación del refugio.

En la sentencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo estima el recurso del Pavlov, en libertad desde que el pasado julio pagó una fianza de 30.000 euros que le había impuesto la Audiencia Nacional para salir de prisión, y anula la resolución de Interior denegatoria del derecho de asilo.

Pavlov, detenido en España en diciembre de 2012, es reclamado en su país por fraude bancario y participar supuestamente en 2012 en un atentado frustrado en Almaty. Las ONG denunciaban que se trataba de una estrategia del Gobierno kazajo y alertaba del alto riesgo de tortura que supondría su extradición.

Los magistrados consideran que la resolución de Interior carece de “razones fundadas” que hagan viable la denegación de la solicitud de asilo y rechazan que Pavlov sea una de “las personas que constituyan un peligro para la seguridad de España”.

Asimismo, destacan que el relato del guardaespaldas kazajo “resulta congruente y verosímil y encuentra suficiente respaldo en el material probatorio aportado en vía administrativa y en el curso del proceso”.

En este sentido, añaden que los informes emitidos por Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Diálogo Abierto y Naciones Unidas “ponen de manifiesto los riesgos de persecución que podría temer fundadamente Pavlov, siendo oportuno insistir en que a efectos del otorgamiento de asilo no es exigible una prueba directa de la persecución, bastando con la justificación de un temor fundado a padecerla”.

La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional anuló el pasado julio la resolución de Interior que denegaba el asilo a Pavlov, y le ordenó que justificara las razones por las que lo rechazó para pronunciarse otra vez sobre él.

Anulación de su extradición

El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia aprobó e noviembre de 2013 la extradición del guardaespaldas del disidente kazajo, que luego acordó el Consejo de Ministros en febrero de 2014, pero la Sala de lo Contencioso Administrativo paralizó ese mismo mes la entrega hasta que se revisara el asilo político.

De hecho, la ONU pidió a España que detuviera su entrega a Kazajistán ante el alto riesgo de ser torturado en su país.

Durante la vista de extradición, Pavlov atribuyó los cargos que se le imputan a una persecución política del Gobierno de Nursultan Nazarbayev, en el poder desde hace tres décadas, y afirmó que buscan sacarle información sobre el disidente Ablyazov, del que fue guardaespaldas tanto en Kazajistán como en Londres, adonde se trasladó luego el principal líder de la oposición, ahora en paradero desconocido.

Acnur: no se siguió el proceso habitual

Ablyazov, acusado de los mismos delitos que su ayudante, fue reconocido como refugiado por Reino Unido en 2011. No obstante, el Gobierno español denegó la petición de asilo de Pavlov a través de un proceso que despiertaba sospechas en la defensa del disidente kazajo. Fuentes de ACNUR confirmaron a eldiario.es en 2013 que este caso no había seguido el procedimiento habitual. Según señalaron, no pudieron emitir un criterio sobre la petición de asilo al no recibir con el tiempo suficiente la información sobre la fecha en la que la solicitud de Pavlov iba a ser estudiada por la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio.

“ACNUR no tuvo posibilidad de acceder al expediente completo para su estudio en profundidad, algo particularmente importante en un caso tan complejo como éste”, explicaron fuentes de la agencia de la ONU.

Intereses españoles en Kazajistán

Durante las tensas semanas en las que se veía inminente la extradición de Pavlov, la ONG Open Dialog, organización polaca que trabaja con extradiciones en toda Europa, visitaron España para alertar del riesgo de persecución que sufría el guardaspaldas al que el Gobierno español había denegado el asilo.

Desde el colectivo, destacaban los intereses económicos como posible explicación de las actuaciones del Ejecutivo español con respecto a este caso: el rechazo de su solicitud, su entrada en prisión y su obeciencia a la petición de extradición lanzada por el Gobierno kazajo. “Las presiones económicas son cruciales para entender por qué los países europeos cooperan con el régimen kazajo, rompiendo a menudo los principios de derechos humanos con el fin de ayudar al país contra sus opositores políticos”, argumenta el portavoz de la ONG polaca.

“Tenemos miedo de que la firma de contratos en los sectores de la construcción, la transferencia de tecnología, energía y la cooperación militar pueda influir en la decisión del Gobierno español. Tememos que no contemple las preocupaciones que exponemos en torno a los derechos humanos, especialmente al tratarse de un país poco conocido que no está presente en el debate público”, sospecha Czerep.

Durante la época en la que el Ejecutivo tomó la decisión de denegar su petición de asilo, Talgo acababa de vender al país 21 trenes por 482 millones de euros y Mariano Rajoy tenía pendiente una visita al país. Kazajistán posee el 3% de las reservas mundiales de petróleo y se sitúa entre los cinco mayores productores de gas del mundo.