La Autoridad Fiscal cuestiona la eficacia de los 6.500 millones que se gastan en políticas de empleo y subvenciones

España gasta entre 6.100 y 6.500 millones de euros al año (según datos de 2017) en políticas activas de empleo, con las que se favorece desde el Estado la salida del paro a través de cursos de formación o de contactos con empresas. Esta cantidad, respecto al PIB, es un gasto similar al de otros países de la Unión Europea, pero es reducida si se tiene en cuenta el número de desempleados, según la Autoridad Fiscal (AIReF), que ha presentado este miércoles este estudio dentro de su análisis de las políticas de gasto público en España (spending review).

El organismo que preside José Luis Escrivá ha vuelto a detectar problemas de control, dispersión y falta de evaluación de la eficacia del gasto en este nuevo capítulo, como ya ocurrió con el gasto en medicamentos con receta. Observan además sustanciales diferencias en la calidad del servicio prestado entre comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias al respecto.

Para la AIReF, resulta sintomático el hecho de que por ejemplo no exista un censo sobre los organismos que imparte formación a los parados en España ni ninguna evaluación sobre la eficacia de estos cursos. También consideran que el sistema de subvenciones para la formación es “cuestionable”.

Según su análisis, en todo caso la formación a los parados (o a los activos que acuden a las oficinas de empleo para que les ayuden a cambiar de trabajo) es escasa (solo supone un 25% del total de lo que se gasta) y demasiado rígida, sin capacidad de adaptación a necesidades concretas del mercado.

Por el contrario, destacan que los desembolsos en incentivos a la contratación, que serán objeto de un análisis específico el año que viene, es alto en comparación con otros países. Así, en España el 40% del gasto en políticas activas de empleo se destina a dichos incentivos, frente al 20% de países como Alemania.

Precisamente, dado que la AIReF considera el desempleo como el principal problema en España (es el segundo país de la Unión Europea con más porcentaje de parados, por detrás de Grecia) recomiendan copiar modelos “de éxito” como el estado federal de Alemania (3,2% de tasa de paro) y Finlandia (6,7%).

Entre otras cosas, recomiendan que se incentive económicamente las oficinas de empleo y a sus funcionarios que consigan mejores resultados a la hora de conseguir colocar a los parados que acudan a ellas, como ocurre en Alemania. También señalan que deben definirse perfiles concretos de empleos en función de la demanda de las empresas, que deberían estar en contacto permanente con las oficinas públicas de empleo, tal y como, según afirman, se hace en Finlandia.

El “plan PREPARA” no mejora la probabilidad de trabajar

La AIReF ha analizado la eficacia concreta del “plan PREPARA”, orientado a parados de larga duración con el objetivo de promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas. Según sus análisis, este plan no mejora la probabilidad de incorporarse al mercado laboral, fundamentalmente durante los seis meses que dura la prestación.

Sin embargo, en Aragón, Navarra, País Vasco y La Rioja el efecto del PREPARA parece positivo a partir del primer año (no durante el cobro de la ayuda).

De hecho, según el análisis de la AIReF, la probabilidad de salir al empleo de quien está acogido al PREPARA es menor que entre quienes no lo reciben. En el periodo 2012–2017 ha habido más de 850.000 beneficiarios, con un coste de 1.432 millones de euros.

Según la última Encuesta de Población Activa, correspondiente al primer trimestre del año en pleno ciclo económico al alza, la tasa de desempleo es del 14,7% de la población activa, muy cercana a la tasa estructural que achacan al país organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI). La media de la eurozona es del 7,6%, y en países como Alemania es del 3,2%. De los 3,3 millones de parados en España, un millón y medio de personas son de larga duración, y llevan más de un año buscando trabajo.