Correos bate récord de pérdidas tras devolver al Estado 134 millones en ayudas públicas ilegales
El Grupo Correos batió un nuevo récord de pérdidas en 2018. La mayor empresa pública de España por número de empleados aumentó el año pasado sus números rojos un 4%, hasta 152,96 millones de euros, pese a registrar el mayor incremento en su facturación en quince años. El quebranto se explica por la devolución de más de 134 millones en ayudas públicas declaradas ilegales por la Comisión Europea hace un año.
El 7 de julio de 2018, Bruselas ordenó a España recuperar 167 millones en ayudas estatales concedidas a Correos tras determinar que se había beneficiado de “sobrecompensaciones” del Estado entre 2004 y 2010 por el denominado servicio público universal (SPU) y de diversas exenciones fiscales incompatibles con las leyes comunitarias.
En las cuentas anuales del grupo (que incluye a Correos y Telégrafos, la matriz, y las filiales Correos Express, Nexea y Correos Telecom), Correos dice que el dictamen de Bruselas ha tenido un impacto negativo de 124 millones en su cuenta de resultados: 103 millones en concepto de subvenciones de explotación y otros 19,903 millones en intereses de demora.
Sin ese “hecho relevante y atípico”, el resultado antes de impuestos “sería de 43,9 millones de pérdidas”, frente a los 187,9 millones de pérdidas antes de impuestos de un año antes, según las cuentas que Correos acaba de publicar en su web. El grupo estatal destaca que “con este importe se cierra el procedimiento de investigación abierto por la Comisión Europea en 2016 por el exceso de ayudas para cubrir el SPU.
El SPU, por el que Correos recibió en 2018 casi 145 millones (los 120 millones de anualidad del ejercicio y otros 24,89 millones de atrasos) es un pago a cuenta del Estado por los costes que supone garantizar un servicio postal de calidad, con accesibilidad, regularidad y a precio asequible. Correos recuerda que este servicio “implica disponer de una amplia red humana y de infraestructuras” y “una financiación suficiente y regular”. El Ministerio de Fomento tiene pendiente concretarla a través de un Plan de Prestación del SPU previsto para este año.
Cabe recordar que, en el marco de su plan de revisiones del gasto público, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiREF) tiene pendiente publicar un informe sobre Correos que, según informaron varios medios en junio, plantea ajustes de plantilla, cierre de oficinas, reducción de los días de reparto y externalización de servicios para mitigar el déficit de recursos de la empresa, cuya privatización total o parcial llegó a recomendar otro informe encargado por el antiguo equipo gestor nombrado por el Gobierno del PP.
Facturación al alza
Correos, que este año ha anunciado su primer beneficio para un primer trimestre tras 8 años (15,2 millones) y espera salir de pérdidas en 2020, superó el pasado ejercicio la barrera de los 2.000 millones de facturación por primera vez desde 2011. Su cifra de negocios aumentó el 9,5% (porcentaje inédito desde 2003, hasta 2.036 millones, gracias al “fuerte crecimiento del segmento de la paquetería y la captación de importantes volúmenes en el sector postal tradicional”, con repuntes de sus ingresos del 21,2% y el 5,7%, respectivamente.
Así, gracias a la expansión del comercio electrónico, cuya facturación crece anualmente en España a tasas cercanas al 30%, “en 2018 se ha producido un récord en la actividad de paquetería del Grupo tras haber realizado el mayor esfuerzo logístico de los últimos años”, con más de 195 millones de paquetes repartidos durante el año. En el último trimestre del ejercicio, los ingresos de esta actividad superaron los 150 millones, “habiendo sido determinantes en el crecimiento producido en 2018 con respecto a 2017 en este segmento”.
Según la empresa pública, que pertenece a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), “el importante crecimiento de la actividad, unido a la sustancial mejora de los ratios de eficiencia (4%), y de facturación por empleado (7,2%)”, han permitido alcanzar un beneficio operativo (Ebitda) de 26,1 millones, frente a las pérdidas operativas de 107,8 millones de 2017.
El grupo aumentó el año pasado su plantilla media un 2,5%, hasta 53.605 efectivos (el 51% son mujeres), aunque el peso de los funcionarios siguió cayendo hasta un nuevo mínimo de 10.582.
El año pasado, “con el objetivo de aumentar la estabilidad del empleo, se desarrolló un proceso para cubrir 2.295 puestos de personal laboral fijo, en reparto urbano y rural, clasificación y atención al cliente”, al que se presentaron 116.699 personas. Las pruebas de ingreso se desarrollaron de forma simultánea en 30 ciudades y la incorporación de los seleccionados concluyó el pasado 1 de marzo.
En el último informe anual, el presidente del grupo estatal, Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez colocado con polémica por el presidente del Gobierno hace un año en ese puesto, donde tiene una retribución cercana a los 200.000 euros anuales, defiende que Correos “tiene un futuro prometedor”.
Serrano recuerda que “por primera vez en nuestros 300 años de historia, hemos iniciado la expansión internacional de nuestros servicios”, con su inminente aterrizaje en Portugal “para lanzar una oferta unificada de paquetería urgente enfocada al mercado ibérico” que va a ser “solo el principio de un ambicioso proyecto de internacionalización con el que esperamos ampliar nuestra presencia global y nuestras oportunidades de negocio”, con Asia como siguiente parada.
