El Gobierno intenta aprobar en los Presupuestos su complemento salarial para jóvenes bloqueado por la oposición
Un año con dotación presupuestaria, pero sin llegar a hacerse realidad. El llamado “complemento salarial”, la ayuda de 430 euros mensuales para los jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil que consigan un contrato para la formación, ha tenido un recorrido complicado, pero el Gobierno confía en ponerlo en marcha este 2018. Para ello, debe sortear todavía un obstáculo: aprobar los Presupuestos que ha presentado para este año, con la medida intacta. Esta vía supone sortear la falta de apoyos en la oposición al decreto que iba a darle forma, junto a otras medidas para favorecer la contratación.
El complemento, que el Gobierno denomina “Bono Formación de la Garantía Juvenil”, consiste en una ayuda de 430 euros al mes (el 80% del IPREM) para los menores de 30 años con baja cualificación que estuvieran sin trabajar ni estudiar y consigan un contrato para la formación y el aprendizaje dentro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Ese plus al salario del contrato formativo solo se podrá alargar mientras dure este empleo, durante un máximo de 18 mensualidades (36 meses en el caso de las personas con un grado de discapacidad del 33% o superior).
Dado que el salario de los contratos para la formación no puede ser inferior al Mínimo Interprofesional (SMI), de 735,90 euros al mes, los jóvenes beneficiarios cobrarían con el complemento un mínimo de 1.165,9 euros mensuales.
Según las previsiones del Ministerio de Empleo, de la ayuda se podrían beneficiar este año unas 102.000 personas. En la actualidad, 1.014.400 jóvenes entre los 16 y los 30 años se encuentran en paro, según los últimos resultados de la EPA. Empleo cifra en unos 1.100.000 jóvenes los inscritos en la Garantía Juvenil, de los que un 43% ha encontrado un empleo (470.000).
2017: con presupuesto pero sin apoyos
En las cuentas de 2017, la ayuda complementaria para los jóvenes de baja formación ya contó con una partida específica: 500 millones de euros que saldrían de los 3.200 millones que tiene España para la implantación de la Garantía Juvenil. La medida, fruto del pacto con Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy, nació con presupuesto, pero sin que estuviera desarrollada ni pactada con los agentes sociales.
El Gobierno negoció con los sindicatos, que no veían la medida con buenos ojos, y la patronal para conseguir un apoyo en el marco del diálogo social. Desde la aprobación de los Presupuestos –en abril del pasado año– hasta que llegó ese aval, tuvieron lugar varios encontronazos, entre ellos el intento del Gobierno de precarizar más los contratos de formación para jóvenes, cuyos cambios pospuso el Ministerio por el rechazo de sindicatos y comunidades autónomas. Finalmente en septiembre los agentes sociales suscribieron la ayuda, junto a un paquete de medidas como “la prórroga del Plan Prepara, el contrato relevo y el control de las prácticas”, recuerda Lola Santillana, secretaria de la Confederación de Empleo y Cualificación de Comisiones Obreras.
La ayuda también tuvo que esquivar las reticencias de la Comisión Europea, de donde el Gobierno asegura que saldrán los fondos. Bruselas recordó al Ejecutivo que la Garantía Juvenil “no prevé la financiación de complementos salariales”, por lo que Empleo desarrolló la medida como una “ayuda de acompañamiento” en los contratos de formación.
La vía presupuestaria
Aun así, tras recabar estos apoyos y con un decreto ultimándose para ser aprobado en octubre, el Gobierno no llegó a llevarlo al Consejo de Ministros. Rafael Simancas, secretario general del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, reitera a este medio el rechazo del PSOE a este complemento: “No estamos de acuerdo en que estos fondos subvencionen a los empresarios más cicateros, que niegan un salario justo a sus empleados jóvenes”. El diputado socialista explica que este suplemento conduce a una “tendencia de rebaja salarial”, por la que los empresarios mantendrán los sueldos al mínimo y el Estado será el que aporte el resto.
El grupo parlamentario socialista defiende emplear los fondos europeos en otras políticas activas de empleo, como invertir en orientadores que ayuden a los jóvenes a entrar un trabajo y los planes de formación en ayuntamientos, entre otras medidas. La medida del Gobierno y Ciudadanos va destinada a los que consigan un contrato de formación y desde el PSOE creen que es más oportuno facilitar el acceso al empleo a los que no lo tienen. “Presentaremos enmiendas en los Presupuestos”, avanza Simancas.
En las cuentas de este año, los mismos 500 millones vuelven a figurar para la ayuda complementaria para jóvenes, pero ahora desarrollada. En los Presupuestos se incluye su diseño final, por lo que su aprobación –aún en duda– supondría su puesta en marcha, explican fuentes del Ministerio de Empleo. Además, va acompañada de bonificaciones durante tres años para los empresarios que conviertan en indefinidos a los beneficiarios de este 'Bono Formación'. La Ley de Presupuestos sería la que diera el sustento legal, la regulación, que hasta ahora ha frenado esta ayuda, aseguran las mismas fuentes.
Desde CCOO esperan que, ya que el Gobierno saca por su cuenta la polémica medida de los 430 euros, el resto de medidas a las que se comprometió salgan adelante en una real decreto en el corto plazo.
